Sostiene justicia federal aseguramiento de 8 inmuebles de Luis Manuel y Gengis

* Los aseguramientos son con motivo de una investigación a Hernández Escobedo y su hijo por probables delitos como ejercicio indebido de funciones y peculado.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

El Juzgado Primero de Distrito en Tepic negó la protección de la justicia federal al ex secretario del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN) Luis Manuel Hernández Escobedo, que continúa en prisión preventiva, así como a su hijo Gengis Manuel Hernández Aguilar, cuya ubicación se desconoce, respecto al aseguramiento de ocho bienes inmuebles que se encuentran en tal circunstancia desde octubre del 2022.

La defensa particular, que considera que ya no existe fundamentación ni motivación suficiente para negar la devolución de los bienes, recientemente presentó un recurso para que la resolución, decidida en el mes de febrero, sea revisada por un Tribunal Colegiado. Se reclama la negativa de un juez de Control en audiencia del 30 de mayo del 2024 de ordenar a la agencia del Ministerio Público la respectiva devolución.

Cinco de los inmuebles están a nombre de Luis Manuel y tres de su hijo, ubicados en diversas colonias de Tepic y en el municipio de San Blas, destacando dos parceladas en los ejidos de Aticama y Santa Cruz.

Los aseguramientos son con motivo de una investigación que se sigue por probables delitos como ejercicio indebido de funciones y peculado y que aún no se lleva a juicio.

Los bienes están bajo resguardo de la Comisión de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Nayarit (COBADAEN), que en algunos casos, en relación a estos inmuebles, ha celebrado convenios con instituciones vinculadas a personas en situación vulnerable para que hagan uso de sus instalaciones.

Esta sentencia de amparo precisa que en la audiencia del 30 de mayo Luis Manuel Hernández realizó manifestaciones en el sentido de que la adquisición de los inmuebles está justificada por los ingresos que recibió, especialmente como diputado local, de 150 mil pesos mensuales, entre los años 2005 a 2008, y del 2014 al 2017.

El Juzgado de Distrito resolvió en febrero que está apegada a derecho la determinación de un juez de Control de declarar improcedente la solicitud de la defensa de devolver los bienes que se describen, procediendo entonces a negar el amparo.