¿Culpable o inocente?: juicio a Luis Manuel Hernández llega a recta final

* A diferencia de otros días, esta vez la pantalla a través de la cual se conectó al acusado desde una prisión en Guanajuato sí era visible para el público.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Con poco más de tres horas de intervención, sin recesos, de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la representación jurídica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) como parte agraviada, y por la defensa particular de Luis Manuel Hernández Escobedo, se ventiló la recta final del juicio que se le sigue por su probable intervención en los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.

La audiencia de este viernes fue la denominada de “alegatos de clausura” en que, agotada la etapa de presentación de testigos e interrogatorios, las partes ofrecen los argumentos finales, unos para que el ex secretario del Sindicato de Empleados y Trabajadores (SETUAN) sea encontrado culpable y se le condene, y la defensa en sentido contrario, pidiendo que sea absuelto.

A diferencia de otros días, esta vez la pantalla a través de la cual se conectó al acusado desde una prisión federal en el estado de Guanajuato sí era visible para el público.

Puesto que de lo acontecido únicamente se permite tomar nota a mano, dado el cúmulo de datos, de la rapidez de las expresiones o el lenguaje jurídico, siempre existirá un riesgo de alguna confusión sobre lo acontecido, además de que la audiencia pasada se decidió que fuera a puerta cerrada.

En general, de manera cronológica, así transcurrió la audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic:

La intervención de las partes siempre inicia con la agencia ministerial, que para el caso insistió en que Luis Manuel Hernández sí era servidor público el 19 de diciembre del 2018 en que suscribió un convenio a través del cual la Universidad prestó al SETUAN 12 millones de pesos, de los cuales dos millones y medio no fueron pagados.

El préstamo –que incluyó otro de dos millones al Sindicato de Personal Académico (SPAUAN) liderado entonces por Carlos Muñoz Barragán-, habría sido producto de las presiones al rector Jorge Ignacio Peña González, pues de lo contrario las instalaciones de la Universidad serían tomadas.

La representación de la FGE también señaló que el dinero fue tomado de cuentas bancarias dedicadas a infraestructura y para docencia.

Según la agencia ministerial, Hernández Escobedo señaló en una declaración -a puerta cerrada, la audiencia anterior- haberse acordado que los dos millones y medio de pesos se cubrirían cuando el sindicato tuviera solvencia económica porque se habían hecho pagos a proveedores.

El otro aspecto que se reclama al acusado se ubica en la segunda quincena de octubre del 2019 en que la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) requirió a Hernández Escobedo diversa documentación y no la remitió.

La ASEN, precisó el abogado ministerial, buscaba el esclarecimiento por el uso indebido del dinero y Luis Manuel ocultó la información.

Los alegatos de clausura de la Fiscalía transcurrieron durante aproximadamente una hora y 10 minutos.

Cabe indicar que hubo un momento en el juez unitario convertido en Tribunal de Enjuiciamiento advirtió a una persona en el público que dejara de hacer comentarios o reprobar con movimientos de su cuerpo lo que acontecía en la sala, pues de lo contrario podría decidir la continuación de manera privada.

La audiencia siguió con la representación jurídica de la Universidad, citando que Hernández Escobedo sí era empleado de la casa de estudios al momento de firmar el contrato, que cobraba su sueldo como tal, aunque comisionado al SETUAN.

Además, agregó, el acusado formaba parte del Consejo General Universitario (CGU), el órgano máximo que toma decisiones diversas, y como tal se probaba su situación de funcionario público.

¿Qué se requiere para ser dirigente del SETUAN?, ser trabajador universitario, recordó el abogado que la vez anterior se le preguntó al imputado y de su inmediata respuesta.

De igual forma, remarcó que entre otros aspectos el Consejo General vigila el buen manejo de los recursos, lo que convertía a Luis Manuel, por ser consejero, en un guardián de los recursos públicos.

Consideró que el delito de peculado se produjo al momento en que los 12 millones fueron depositados al SETUAN, y que el acusado debió esperar la autorización del CGU para poder dispersar el dinero, por lo que hacerlo sin el trámite anterior produjo el ejercicio indebido de funciones.

De igual forma, la intervención durante 16 minutos consideró que la Universidad no es una institución de crédito para realizar préstamos.

A partir de las 2:21 y hasta las 3:42 de la tarde, el defensor particular recordó que debe prevalecer la presunción de inocencia a favor de su cliente e hizo alusión a que la agencia ministerial indebidamente había introducido información no contemplada en el acuerdo de apertura a juicio.

Según el litigante, Luis Manuel no puede ser considerado servidor público porque el sindicato es una asociación de trabajadores y la UAN les concedió permiso con goce de sueldo a quienes formaban parte del comité sindical.

De igual forma, advirtió que la ASEN en ningún momento demostró que el secretario del SETUAN tuviera los documentos que le requería, haciendo alusión a las fechas en que se produjo el intercambio de oficios entre la ASEN y el SETUAN en octubre del 2019 –y en las que habría diversa confusión.

Sobre el por qué a principios del 2019 no se pagó a la Universidad los dos millones y medio restantes, el defensor recordó la declaración de Luis Manuel de que la UAN debía al SETUAN 24 millones.

Consideró que no hay perjuicio a la Universidad y cuestionó por qué no se demandó en su momento esta situación.

A partir de las 3:42 de la tarde, según marcaba un reloj grande en la sala, Luis Manuel hizo uso de la palabra.

Consideró que a lo largo de la audiencia hubo expresiones en su contra que consideró temerarias, por lo que se reservaría el derecho de proceder.

Estimó que lo sucedido en diciembre del 2018 fue de buena voluntad para que los trabajadores tuvieran un recurso para fin de año porque el Fondo de Ahorro se entrega el 20 de diciembre.

Agregó que él no pidió que el préstamo se diera de una cuenta u otra, y que el contrato firmado se produjo por el diálogo que se tenía con el rector Jorge Ignacio Peña González, a quien se le dijo que se tendría que emplazar a huelga por la falta de pago. Añadió saber que para noviembre del 2021 el total del préstamo ya había sido saldado.

El acusado precisó que fue secretario del SETUAN a partir de 1980 y un año antes ya era parte del Consejo General Universitario como representante de los trabajadores, considerando que injustificadamente se le atribuye delitos que no cometió.

Agregó que está viviendo una experiencia muy dura porque está alejado de su familia que, también dijo, está siendo señalada de un montón de barbaridades.

En el mismo sentido ventiló su molestia por el cierre del Instituto Mártires 20 de Febrero y, por último, refiriéndose al juez, le pidió recordar las palabras del gobernador –no precisó si se refería a Miguel Ángel Navarro Quintero o a su antecesor Antonio Echevarría García-, que cuando le preguntaron por el asunto Luis Manuel respondió que el juicio sería conforme a derecho y que el piso sería parejo.

“Es lo que le quiero pedir”, finalizó.

La audiencia concluyó unos minutos después dado que, explicó el juez, estaba por cumplirse el horario que concedió la prisión federal de Guanajuato para hacer el enlace electrónico.

La próxima semana se efectuará una audiencia en que lo ventilado este viernes será combatido entre las partes, que es el antecedente del dictado del fallo.

Por último, se concedieron unos minutos al acusado para que pudiera platicar con familiares.