* Aunque se deduce que este problema tuvo la influencia de Ney González y después de Roberto Sandoval y que el ex secretario de Desarrollo Económico acataba indicaciones, se reservó el derecho de emitir comentarios.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
Alonso Villaseñor Anguiano, quien en una parte de los gobiernos de Ney González Sánchez (2005-2011) y de Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), fue sentenciado a 12 años de prisión y al pago de 79 millones 784 mil 554 pesos y 40 centavos por concepto de reparación del daño.
La condena fue dictada durante la tarde de este jueves 19 por un Tribunal Unitario en Tepic; es decir, un juez de juicio oral como primera instancia, por lo que Villaseñor seguramente presentará un recurso de apelación para que el asunto sea remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que es la segunda instancia.
Por lo tanto, la sentencia no está firme ni se prejuzga sobre la situación del imputado, quien incluso continuará en libertad y en caso de que la resolución de la Sala Penal le sea adversa, podrá presentar un amparo directo ante un Tribunal Colegiado.
Según la descripción del juez convertido en Tribunal Unitario, se impuso al ex funcionario una pena de siete años por el delito de ejercicio indebido de funciones, y otros cinco años por el delito de peculado, además de una multa de 215 días en conjunto.
La condena fue acorde a lo solicitado por la agencia del Ministerio Público y por una asesora de la parte agraviada: el Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY) y la ahora Secretaría de Economía.
Puesto que se trató de una “audiencia de individualización de la sanción”, dado que el miércoles 18 ya se había decidido la responsabilidad del imputado, el defensor particular advirtió que sólo a su cliente se quiere culpar de los hechos investigados, incluso de hechos posteriores a cuando dejó el cargo, pero además recordó que los más de 79 millones citados no han sido reintegrados por el Gobierno del Estado al Gobierno Federal, por lo que no hay afectación alguna.
A principios de septiembre en que inició el juicio oral, este reportero explicó –y aquí prácticamente se transcribe lo entonces anotado- que se buscaba establecer el incumplimiento de un convenio celebrado el 23 de septiembre del 2009 entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado desde el FONAY, donde las dos partes aportarían 50 millones de pesos cada una, sin embargo el gobierno local únicamente cubrió 25 millones, aunque también se dijo que el monto real fue de algo más de 21 millones.
El asunto es que para el uno de octubre del 2010 ya había sido cancelado el proyecto creado para apoyar a la micro, pequeña y media empresa, y sin embargo se continuó disponiendo del recurso que recibieron las empresas Nueva Agronomía de Nayarit S.A. de C.V. (30 millones), y Agroindustrias Villa Santiago S.A. de C.V. (20 millones).
De igual forma se precisó que el asunto motivó una demanda de la Secretaría de Economía Federal que recayó en un Juzgado Distrito de la Ciudad de México, a través del cual en agosto del 2015 se condenó al Gobierno del Estado de Nayarit a regresar los mencionados 50 millones de pesos más los correspondientes intereses.
Durante su intervención de este jueves, una agente ministerial insistió que el mencionado convenio sería para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y resultó que parte del dinero llegó a una compañía que tiene cuatro mil empleados.
Por su parte, el defensor recordó que las empresas reintegraron el recurso a las arcas públicas, por lo cual, insistió, no hay afectación.
Aunque se deduce que este problema tuvo la influencia de Ney González y después de Roberto Sandoval y que Alonso Villaseñor habría acatado indicaciones, se reservó el derecho de emitir comentarios. Desde hace más de cinco años cumple con medidas que le permiten enfrentar la causa penal en libertad, como el presentarse a firmar de manera periódica.
La sentencia de primera instancia, aún no firme, también incluye la suspensión de los derechos políticos y civiles de Villaseñor Anguiano.
Condenan a Alonso Villaseñor a 12 años y al pago de 80 millones
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