* Investigación documenta que en la venta de Punta Raza I y Punta Raza II a un socio o prestanombres del ex gobernador, se utilizó un avalúo que ya no tenía vigencia, ocultando el valor real de los inmuebles.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
Durante su mandato, el ex gobernador Ney González Sánchez (2005-2011) giró instrucciones para que su socio, o en ocasiones prestanombres Héctor Cárdenas Curiel, tuviera todas las facilidades desde el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) para la compra de los polígonos Punta Raza I, con una extensión de un millón 230 mil 162.06 metros cuadrados, y Punta Raza II, con extensión de un millón 708 mil 461.29 metros cuadrados, ubicados en el ejido La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela.
Punta Raza I fue vendido en 180 millones 500 mil pesos, y Punta Raza II en 165 millones 500 mil pesos, sin embargo se tomaron como base avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que en el 2006 ya no tenían vigencia, sino que el valor comercial real en ese año era, para Punta Raza I, de mil siete millones 645 mil 529 pesos, mientras que Punta Raza II realmente valía mil 399 millones 428 mil 121 pesos.
Precisamente el tema Punta Raza generó una de las varias órdenes de aprehensión que pesan contra el ex gobernador y por lo cual el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal le acaba de negar el amparo y protección de la justicia federal, según adelantó este reportero en una nota durante la presente semana.
El mandamiento de captura es para que Ney responda por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, asociación delictuosa, administración fraudulenta y falsificación de documentos en general, en agravio del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), Banco Inbursa y la sociedad.
En este y otros expedientes, la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con las entrevistas de varios ex altos funcionarios públicos de la época de Ney González que han narrado cómo éste, en su calidad de gobernador y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Bahía de Banderas, de manera indebida indicó y autorizó la enajenación de grandes extensiones de terrenos que formaban parte del patrimonio del FIBBA e, incluso, en ocasiones los integrantes del citado Comité Técnico ni siquiera se reunían, sino que con posterioridad firmaban las actas.
Algunas de esos ex funcionarios se han acogido a un criterio de oportunidad; es decir, colaborar con las investigaciones pero no ser llevados a juicio.
Según se hace constar respecto a la sesión del 15 de agosto del 2006, se autorizó la venta de Punta Raza I y Punta Raza II a la empresa C&C Ingeniería y Proyectos S.A de C.V de Héctor Cárdenas o, había ordenado Ney, a la que Héctor indicara.
En la sesión, se explica, se asentaron como ciertos hechos falsos, “pues contrario a lo ahí establecido, no se realizó ningún análisis y ninguna discusión de la propuesta de enajenación para su aprobación”.
De acuerdo con el estudio que realiza el Juzgado de Distrito, sí se justifica la necesidad de cautela y, por ende, el mandamiento privativo de libertad resulta ser la forma idónea para la conducción del imputado al proceso penal, considerando además el riesgo en la integridad de los testigos, que son conocidos y ex colaboradores del ex gobernador prófugo.
La resolución precisa que la orden de aprehensión no viola en perjuicio de Ney González sus derechos humanos, y que tampoco se le está dando un efecto retroactivo porque la agencia del Ministerio Público investigó a partir de una denuncia concreta.
Puesto que la resolución de amparo acaba de conocerse, seguramente en los próximos días el quejoso presentará un recurso de revisión para que el asunto sea remitido a un Tribunal Colegiado.
En la búsqueda del ex gobernador participaría la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que, considerando la época electoral en el país y que se trata de un ex gobernador del PRI, no se descarta que sea posible su aprehensión.
En una sola maniobra, Ney transó 2 mil millones
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