Una investigación a Luis Manuel y familia alcanza al notario Echeagaray y a líder sindical

* La carpeta de investigación busca acreditar delitos como peculado y enriquecimiento ilícito, y deja constancia de probables ilícitos realizados con un poder notarial.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Una investigación sobre el ex secretario General del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN) Luis Manuel Hernández Escobedo y su familia, respecto a los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte en agravio de la sociedad y quien o quienes resulten ofendidos, habría generado otra indagatoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) que alcanzaría al notario público número 11 de la Primera Demarcación Territorial, con oficinas en Tepic: el ex secretario General de Gobierno Juan Antonio Echeagaray Becerra, así como diversos integrantes del sindicato, entre ellos el actual dirigente Guadalupe Javier Ulloa Ríos.

Lo anterior se ha confirmado luego de que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal en Tepic concedió la protección de la justicia federal a la señora Dora Luz Aguilar Jiménez y a Luz Aidé Hernández Aguilar, esposa e hija de Luis Manuel, respectivamente, respecto a la resolución de un juez de Control que el 30 de junio del 2023 autorizó el cateo y aseguramiento de diversos inmuebles identificados en la carpeta de investigación NAY/TEP-III/13136/2020: uno por avenida de la Cultura en la colonia Los Fresnos en Tepic, tres departamentos en avenida Universidad del fraccionamiento Ciudad del Valle, un inmueble en el fraccionamiento Simancas y una casa por calle Durango en el centro de la ciudad.

En la carpeta también se mencionan el aseguramiento de otro inmueble por avenida de la Cultura, y uno más en calle Revolución Social de la colonia Menchaca, aunque serían parte de un diverso amparo.

La Fiscalía consideraría que el SETUAN, la Universidad y la sociedad son parte ofendida.

Además de los antes citados, se incluyen los nombres de Gengis Manuel y Nadia Selene Hernández Aguilar, hijos del ex líder sindical, lo mismo que otros familiares, de quienes se ha realizado un rastreo de bienes y parentesco en oficinas de Catastro, Registro Civil, e incluso en empresas dedicadas a la venta de vehículos.

La Fiscalía sostendría, según lo narrado en el amparo, que Luis Manuel y su familia habrían generado un esquema que les permitió retirar recursos del sistema financiero nacional.

“En ese sentido, es oportuno mencionar que dentro del presente esquema delictivo, los sujetos analizados fueron identificados por encontrarse relacionados a través de vínculos familiares y por haber presentado una relación laboral con la propia Universidad Autónoma de Nayarit.”

Sin embargo, al analizar de fondo el cateo y aseguramiento de los inmuebles, el Juzgado de Distrito advirtió que el juez de Control prácticamente transcribió lo citado por un agente del Ministerio Público, sin exponer argumentos propios, además de omitir definir una temporalidad, dejando en estado de indefensión a las amparistas.

Por tal situación, se pidió al juez dejar insubsistente lo ordenado el 30 de junio del 2023 en cuanto al aseguramiento de los seis inmuebles y, en caso de autorizar nuevamente las diligencias, deberá emitir una resolución en la que purgue los vicios señalados.

Además, si fuera el caso, el Ministerio Público tendrá que notificar a la parte quejosa sobre tales diligencias, a fin de que las mencionadas mamá e hija estén en posibilidades de manifestar lo que en derecho les convenga.

 

Por lo tocante al notario público número 11, la orden de cateo hizo referencia a la escritura pública 13,654 ante Juan Antonio Echeagaray Becerra, mediante la cual Luis Manuel Hernández Escobedo todavía en su carácter de secretario del SETUAN otorgó un poder general para pleitos y cobranzas a favor de Guadalupe Javier Ulloa Ríos, Gildardo Lara Cortez y Francisco Javier Barrera.

Sobre ello, un agente del Ministerio Público advirtió probables irregularidades “toda vez que existen dos versiones del instrumento 13,564 con diferentes características, ya que en uno de ellos se establece que personal de la notaría pública se trasladó a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, para recabar la firma del imputado Luis Manuel Hernández Escobedo, quien se encuentra interno en dicho centro federal, sin embargo, del apéndice que integra del que firma fue recabada en fecha 23 de abril de 2021 y no de fecha 08 de marzo de 2021 como lo establece el instrumento público en mención; y del segundo instrumento no se cuenta con la leyenda de que se trasladaron al centro federal de readaptación social para la expedición del mismo.”

Y sigue anotando:

“Se presume que dichos instrumentos fueron utilizados por representantes del sindicato de trabajadores de la universidad para diferentes propósitos. Así también este fue utilizado desde la fecha de su expedición en fecha 08 de marzo de 2021 por los representantes de dicho sindicato, y no desde el 23 de abril de 2021 cuando se recabó la firma correspondiente para su validez.”

Cabe recordar que el lunes 16 de enero del 2023, cuando el asunto trascendió a la opinión pública, el entonces secretario General señaló en una conferencia de prensa ante el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero:

“El día viernes nos hace entrega de un documento Luis Manuel Hernández Escobedo en donde manifiesta lo siguiente: que en relación a un poder que él otorgó, un poder que otorgó en la notaría a mi cargo, en donde su servidor elabora el poder cuando él estaba privado de la libertad en el CEFERESO. Para poder ingresar al CEFERESO, vamos a hablar, se otorga el poder con fecha primero, pero no podíamos entregar el testimonio hasta que Luis Manuel firmara el otorgamiento del poder. Por cuestiones de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal no le permiten el ingreso de inmediato a uno, sino que transcurren 20, 25 días. En el ínter, quienes eran apoderados de Luis Manuel Manuel, con ese poder, hicieron uso de ese poder sin estar todavía firmado, en donde dispusieron no sólo de bienes de Luis Manuel, sino que interpusieron acciones y recursos dentro de la Universidad. Hubo un emplazamiento a huelga, etcétera, etcétera. Fiscalía inicia una averiguación en donde cita a los apoderados y les dice: ‘a ver, tengo información de que hasta tal fecha se ingresó el notario y pudo ser firmado el poder’.

“Entonces, había esas acciones, está la carpeta de investigación, ya Luis Manuel manifiesta en su escrito, así brevemente dice: ‘vengo a revocar el poder y todos los actos que se habían otorgado y que se otorgaron con posterioridad en relación a este poder’.

“Entonces, con lo anterior queda evidenciado, no sólo que los apoderados, que son gente del sindicato, hicieron uso indebido de este poder y que, pues adicionalmente, al quedar sin efecto, todos los actos serán demandados en cuanto a su nulidad y existe también la presunción de un delito. Aclaramos esto, fue del conocimiento del señor gobernador, el día de hoy, de la entrega de ese documento, que indebidamente hicieron mal uso de ese poder a sabiendas de que todavía no estaba otorgado porque no había sido firmado, sino hasta con posterioridad que (se) autorizó el ingreso al CEFERESO. Es cuanto señor gobernador.”

 

De igual forma, también se conoce que hubo un seguimiento sobre la escritura 71,974 pasada ante la fe del notario público número 13 José Luis Béjar Fonseca, en fecha 24 de enero del 2022. De la misma han dispuesto Dora Luz Aguilar y Luz Aidé Hernández, también como apoderadas de Luis Manuel Hernández.

En ese sentido se solicitó a la dirección del penal federal si el 24 de enero del 2022 ingresó personal de la notaría 13, “a lo que la citada directora respondió que sí se presentó personal de la notaría pública número 13 el día en mención, ingresando la persona de nombre Donaciano Gómez Velázquez a las 14:08 horas.”

La resolución de amparo decidida por la jueza Primero de Distrito Ingrid Angélica Romero López se ha conocido durante la presente semana.

Luis Manuel Hernández ahora se encuentra en una prisión federal en el estado de Guanajuato.