Fiscalía imputa delitos a hijo del ex senador Gerardo Montenegro, por plaza indebida en SEPEN

* El joven Gerardo Liberato fue imputado ante un juez, al igual que José Francisco Contreras, por el tema de plazas irregulares en los Servicios de Educación Pública.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó nueva imputación en contra del ex director de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) José Francisco Contreras Robles, y contra Gerardo Liberato Montenegro Haro, hijo del ex senador de la República Gerardo Montenegro Ibarra, por una serie de irregularidades en la asignación de plazas del magisterio que se dieron en las últimas semanas del gobierno anterior, que finalizó en septiembre del 2021.

El viernes seis, dos agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción anunciaron ante un juez de Control los datos con que cuenta la investigación, con los que pretenden acreditar los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos y tráfico de influencias.

La imputación no prejuzga la situación de José Francisco y Gerardo Liberato y, de hecho, el juez deberá efectuar otra audiencia para resolver si son vinculados a proceso, lo que en su caso abriría la etapa de investigación complementaria.

Contreras asistió al Centro Regional de Justicia Penal trasladado por policías estatales procesales desde la penal de Tepic, puesto que tiene más de un año en prisión preventiva por al menos otro expediente, mientras que Montenegro Haro se presentó voluntariamente previo citatorio judicial.

Un tercer implicado, el ex funcionario de los SEPEN Pedro Aurelio Sánchez Chávez hizo llegar un justificante médico y deberá comparecer en otra fecha o podría girársele orden de aprehensión.

De acuerdo con los datos anunciados, se trata de por lo menos 20 plazas que fueron asignadas principalmente a ex mandos medios y superiores de los SEPEN, autorizadas por Contreras Robles y Sánchez Chávez, pero sin que se cumplieran con requisitos mínimos de convocatoria, evaluación, concurso de oposición, sino que se violaron los procedimientos, normas, leyes, y todo se efectuó de manera discrecional.

En el caso de Gerardo Liberato –cuyo abuelo ya fallecido Liberato Montenegro Villa mantuvo durante décadas un cacicazgo en la Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-, se anunció que indebidamente le fue asignada una plaza nivel C en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM), a pesar de que se reportó su ingreso el 16 de febrero del 2021 –al parecer se le creó una figura de asesor-, escaso medio año antes de su meteórico ascenso.

Al ser entrevistada por la agencia ministerial durante la investigación inicial, una funcionaria de los SEPEN remarcó que no existió una convocatoria sobre la plaza asignada a Gerardo Liberato y que éste no cuenta con el perfil, ni antigüedad ni méritos como docente.

Según lo anunciado por la Fiscalía, en cuya imputación se hizo acompañar por dos abogados de los Servicios de Educación Pública, las plazas indebidas generaron una afectación de 10 millones 323 mil 91.38 pesos, de los cuales 522 mil 514.16 pesos fueron cobrados por Montenegro Haro.

Cabe indicar que parte de esta historia ya había sido ventilada en anteriores audiencias puesto que el propio José Francisco Contreras se asignó una plaza, otra más la recibió el ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) José Andrés Rodríguez Domínguez –que está vinculado a proceso-, y otra

fue entregada a Sairí Lizbeth Serrano Morán, hija del ex secretario General de Gobierno Antonio Serrano Guzmán y magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Según parece deducirse, las plazas ya habrían sido recuperadas y frenado el millonario pago, pero se desconoce si todos los involucrados serían llevados a juicio, tanto los que las expidieron como quienes las recibieron.

Acompañados por abogados particulares, los imputados se reservaron el derecho de rendir declaración.