No hay tregua: Fiscalía presenta cuarta imputación contra notario Arturo Díaz

* Y nuevamente se le impone la medida de prisión preventiva justificada.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Este miércoles, una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación en contra del notario público Arturo Díaz González por su probable intervención en los delitos de falsificación de documentos y falsificación de certificaciones.

La causa penal 1044/2023 se convierte en la cuarta que se le ha iniciado –y podría haber muchas en camino-, como parte de una amplia investigación que conduce al ex gobernador Ney González Sánchez (2005-2011) –mencionado numerosas veces- con quien mantuvo una sociedad notarial.

El caso Arturo Díaz parece destinado a convertirse en emblemático puesto que, como se ha dado seguimiento en este espacio, en los dos primeros expedientes el Primer y el Segundo Tribunal Colegiado con oficinas en esta ciudad, por separado, le concedieron una suspensión provisional para que se cambiara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, de tal forma que en uno de ellos se le fijó una garantía de 750 mil pesos, por lo que se pidió una prórroga, mientras que en el otro un millón 500 mil pesos.

 

Ante una jueza de Control, la agencia ministerial sostuvo, entre otros puntos, que el cinco de septiembre del 2012 en tres escrituras en la notaría 7 de Arturo Díaz se asentaron hechos falsos, entre otros que el Gobierno del Estado, representado por el secretario de Finanzas Gerardo Siller Cárdenas compró igual número de parcelas a ejidatarios de Higuera Blanca, municipio de Bahía de Banderas, por los que fueron pagados, en efectivo, más de cuatro millones 54 mil pesos, más de un millón 339 mil pesos, y más de cuatro millones 453 mil pesos, respectivamente.

El asunto es que, según los datos revelados, el ingeniero Siller negó ante la agencia ministerial haber estado en la citada notaría y que los pagos hubieran sido en efectivo, sino que se efectuaban por transferencia electrónica. La compra de las parcelas obedecía a la construcción de la carretera Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita.

El ex secretario de la Contraloría Luis Antonio Apaseo también figura como otro testigo llamado a declaración.

Una cuarta operación similar correspondería a noviembre del 2010 y es un asunto en que se vincula al ex secretario de Administración con Ney González, Florencio Román Messina.

 

Puesto que el imputado solicitó que su situación jurídica se resuelva en próxima audiencia, el debate se centró en las medidas cautelares que debían imponerse.

La jueza de Control concedió la solicitud ministerial y le impuso la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso, recluido en la penal de Tepic, considerando que sí hay elementos para estimar el riesgo de sustraerse de la justicia en caso de recuperar la libertad, y el riesgo a la obstaculización de la investigación.

La agencia ministerial había citado diversos bienes inmuebles a nombre del imputado para mostrar que cuenta con capacidad económica para sustraerse fácilmente.

A su vez, la defensa particular recordó que Arturo Díaz ya no tiene prisión justificada en dos expedientes y que en el tercero precisamente este jueves se efectuará una revisión de la misma.

El abogado añadió que un Juzgado de Distrito concedió una suspensión provisional respecto a la garantía de millón y medio, por lo que propuso que únicamente se le suspendiera de sus funciones como notario público.

A diferencia de anteriores audiencias a las que ha asistido este reportero por el caso del notario público, señalado como parte de la red del ex gobernador prófugo, la agencia ministerial insistió con diversos argumentos que la prisión preventiva justificada se ajusta a tratados internacionales firmados por México; esto último, puesto que, según puede deducirse, la medida de prisión seguramente será combatida en los próximos días con la intención de que la justicia federal vuelva a analizar ese punto, caso que también ocurriría si es negado el cambio de medidas por el tercer expediente.

La defensa presentó una serie de datos para apuntar al arraigo que tiene el notario en Tepic, de que no intentaría darse a la fuga y que no se está negando a cumplir con la garantía de 750 mil pesos.

La jueza señaló que Díaz González sí podría influir en los empleados de la notaría –varios de los cuales ya rindieron entrevista-, además de que tendría facilidad para irse y ocultarse.

Añadió que aunque fue concedida una prórroga, sí es un riesgo procesal el que no haya cumplido con la mencionada garantía.

La medida de prisión justificada es idónea, legítima, proporcional, se le escuchó decir.