En expediente Florencio, debaten por testigos de peso: Gangoiti, Montoya, Laura, Prado, Ibarra

* Mientras Fiscalía sostiene que hubo simulación de actas durante ventas del FIBBA, defensa de ex secretario de Administración alega que no han sido declaradas nulas por autoridad competente.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Entre las particularidades que pueda tener cada uno de los expedientes respecto al denunciado mal uso de grandes extensiones de tierra desde el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) durante el gobierno de Ney González Sánchez (2005-2011), las “autorizaciones” de venta de un Comité Técnico se han convertido en pieza angular de los procesos y precisamente ello fue uno de los puntos de debate en la causa penal 893/2023 que se sigue al ex secretario de Administración Florencio Román Messina, a quien el viernes 21 un juez de Control vinculó a proceso por su probable intervención en los delitos de asociación delictuosa, coalición de servidores públicos, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se deduce lo anterior puesto que en un trabajo de este reportero a finales de marzo por un expediente que se sigue al notario público Arturo Díaz González, ya habían brotado nombres que con Florencio se repiten como testigos de que las cosas se hicieron mal:

Pedro Álvarez Hormaeche, ex director del FIBBA; Gerardo Gangoiti Ruiz, ex secretario de Finanzas;

Héctor Manuel Ibarra Horta, ex secretario de Obras Públicas; Laura Alejandra Monroy Berecochea, ex titular de la Contraloría; Felipe Prado, ex secretario de Planeación.

También se relevaron otros nombres de ex altos funcionarios estatales y federales que ya habrían sido entrevistados por la Fiscalía General del Estado (FGE) o están en vías de ello: Pablo Montoya de la Rosa, Nazario Alonso Villaseñor Anguiano, Ezequiel Chirino Valero, Alonso Naranjo Ramos, Edwin Hernández Quintero, Jorge Humberto Sánchez Ibarra, Genaro Parra Covarrubias, Luis Armando Rodríguez Jiménez, entre otros.

Si no es que todos, en su mayoría en diferentes momentos formaron parte del Comité Técnico cuyo presidente era Ney González, y justamente las actas de sesión significaron uno de los debates entre la defensa particular de Florencio y la agencia del Ministerio Público.

Mientras la Fiscalía sostiene que hubo una simulación de sesiones del Comité y que, con base en entrevistas de los testigos, se narra que las mismas no se efectuaban y sin embargo las firmaban cuando se les llevaba Pedro Álvarez, ya entonces firmadas por Ney González, la defensa particular insistió que las actas no fueron simuladas porque ahí están las firmas de todos y no han sido declaradas nulas por autoridad competente.

La declaración de Álvarez Hormaeche precisa que desde inicios del gobierno Ney González le especificó que él indicaría a quién se venderían los inmuebles desde el FIBBA.

Así, resulta obvio que estos testigos forman parte de los procesos penales que se siguen al ex gobernador prófugo.

Otro dato que cobra relevancia es que en la parte final de la audiencia del viernes, cerca ya de las 11 de la noche –había iniciado a las 11:27 de la mañana-, cuando se debatió el plazo de la investigación complementaria, para lo cual el juez concedió tres meses, la agencia ministerial anunció que continuará realizando entrevistas, a lo que un defensor pidió estar presentes durante las mismas para realizar el correspondiente interrogatorio, lo que fue aceptado por el juez.

Entre las tantas entrevistas faltantes se citaron la del diputado Pablo Montoya y la de Edwin Hernández.

 

El asunto penal versa en que a partir de una acta de sesión del Comité Técnico, el 24 de abril del 2008 se materializó la venta desde el FIBBA a la empresa Desarrollo Turístico Lo de Marcos –conformada por los socios Héctor Ramón Flores Ibarra, Blanca Delia Flores Ibarra y J. Ventura García Monroy- de algo más de 50 hectáreas correspondientes a la quinta sección de las playas Minitas y Venados, en el municipio de Bahía de Banderas, por 55 millones de pesos.

La sesión ordinaria del Comité Técnico que motivó la venta, supuestamente se realizó en la sala de juntas del Poder Ejecutivo.

“No hay ninguna prueba pericial que diga que no son su firma”, insistió la defensa particular.

La Fiscalía sostiene que el inmueble que, se dijo, continúa en breño, fue vendido a un precio menor, y que en la actualidad tiene valor superior a 785 millones de pesos.

Según los datos vertidos en la audiencia, el 15 de enero del 2011 –Florencio fue designado secretario de Administración el 24 de junio del 2010- se produjo un aumento de capital en la empresa e ingresaron tres nuevos socios. En esta parte, la defensa insistió que Román Messina no es socio de Desarrrollo Turístico Lo de Marcos, “no realizó ninguna conducta”, “no estuvo”, “no firmó nada”, y reclamó que la Fiscalía le atribuya la figura del “beneficiario controlador.”

Sin embargo, la agencia ministerial insistió que esos tres nuevos socios resultan ser Jorge Alfredo, Florencia Sofía y Sergio Arturo Román, hijos de Florencio. Incluso fue citado, sin precisarse el orden, que en enero del 2011 eran jóvenes de 20, 22 y 28 años que no tendrían los recursos que se les atribuyen, y en base a ello la figura del “beneficiario controlador”, aspecto que validó el juez de Control, aunque la defensa insistió que no existía en el 2011 y tampoco el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante el dictado del auto de vinculación a proceso, el juez consideró que hay “datos suficientes para que la investigación siga” en su etapa complementaria, y que advertía “un propósito permanente de delinquir” en una asociación con Ney como el personaje de mayor jerarquía.

También se hizo alusión a que alguno o varios de los testigos indicaron que en aquellos años Ney les decía, en aparente broma, que si no firmaban las actas se les realizarían investigaciones.

Ante el debate sobre las actas y el dicho de los testigos, el juez consideró que la defensa pudo haber pedido que se les citara, lo que robustece que esas declaraciones de ex altos funcionarios son clave  contra Ney González.

En cuanto a con qué carácter se han realizado las entrevistas de ex funcionarios, el juez precisó que en el caso de Álvarez Hormaeche es como imputado, lo que haría deducir que la Fiscalía le ofreció un criterio de oportunidad para no proceder en su contra, a cambio de que coopere con la investigación.

 

Como se conoce, esta causa penal es la segunda que sigue a Florencio Román; se encuentra en prisión preventiva justificada, recluido en la penal de Tepic.

Puesto que su aprehensión se dio después de que el Primer Tribunal Colegiado con oficinas en Tepic concedió una suspensión para modificar la medida cautelar de prisión justificada al notario Arturo Díaz –en uno de los procesos, porque en otros dos lo negó el Segundo Tribunal-, resulta obvio que ello será solicitado en los correspondientes juicios de amparo, con miras a intentar conseguir un cambio de medidas que le permitan seguir los expedientes en libertad.

Además, la defensa atacó la posible prescripción de la acción penal por el tiempo que ha transcurrido; de hecho, durante la audiencia del viernes se presentó un incidente en ese sentido, aunque el juez lo rechazó.

Del mismo modo, un Juzgado de Distrito estudia el reclamo de la defensa de que durante la aprehensión de Florencio Román, el lunes 10, se habría violado una suspensión provisional de amparo.

Finalmente, se conoce que en una audiencia efectuada anteriormente, la empresa Desarrollo Turístico Lo de Marcos ya fue vinculada a proceso.