Las 10 horas cruciales del ex rector Nacho Peña

* El ex rector de la UAN clamó por su libertad, pero un juez de Control le dictó la prisión preventiva justificada.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Transcurría el mediodía de este miércoles cuando la causa penal 211/2023 del ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) Jorge Ignacio Peña González, llegaba a un momento crucial: ¿debía mantenerse la prisión preventiva justificada que se dictó el viernes 27, o deberían dictarse otras medidas cautelares que le permitieran recuperar la libertad?

Su defensa particular había propuesto la presentación a firmar de Peña cada 15 días, una garantía económica de 20 mil pesos, no salir del país y no acercarse a la Universidad.

Para ese momento un juez de Control ya había dictado auto de vinculación a proceso respecto a los delitos de tráfico de influencias, y falsificación de documentos, más no por el de abuso de autoridad.

Pero además, en esta mañana se conocía un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el sentido de que se había cumplimentado una segunda orden de aprehensión contra el ex rector, por los probables delitos de tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones.

Ocurría una situación singular: si el juez decidía cambiar la medida de prisión por la de firma periódica, era muy probable que Peña González recuperara la libertad porque minutos antes, durante el debate y presentación de datos, la defensa particular hizo alusión a un juicio de amparo y una suspensión concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito que, se deducía, impediría que el imputado quedara en prisión por lo tocante al segundo expediente.

Entre otros aspectos, la agencia del Ministerio Público, que insistió en la prisión justificada, mencionó que existía peligro para testigos como Irving Omar, e incluso hizo alusión a una entrevista rendida el 29 de enero por Ignacio Maldonado Tovar, ex director de Recursos Humanos de la UAN, quien dijo temer que Jorge Ignacio tomara represalias en su contra.

Tal argumento fue rechazado por el juez, en base a que no hay ningún elemento objetivo para demostrar que el ex rector les haya pretendido causar una afectación.

Sin embargo, el juez se agarró de que si bien la defensa anunció la renuncia a diversos cargos de 29 funcionarios de la época de Rectoría de Peña González, eso no indicaba que no pudieran comunicarse, además de que, valía recordar que uno de los delitos por los que dictó vinculación es el de falsificación de documentos en general.

 

Salvo la audiencia del viernes que se efectuó de manera virtual, el martes, de aproximadamente tres de la tarde a nueve de la noche, y este miércoles de 9:45 a dos de la tarde, se resolvió el asunto de vinculación a proceso y medidas cautelares.

Se habló hasta el cansancio que si Irving Omar iba a trabajar o no a la UAN –está vinculado a proceso por el probable delito de abandono de funciones en agravio de la casa de estudios-, o que si recibió cobijo de Ángel Aldrete Lamas, ex director de la Fundación UAN donde estuvo comisionado.

Como fue informado por este reportero, Irving obtuvo un cambio de medidas cautelares el domingo 29, lo que le permitió recuperar la libertad. Ésa nota periodística fue incluida por la defensa para pretender evidenciar que lo dicho por Irving el 20 de enero carece de valor, porque lo hizo para tener un beneficio.

Sin embargo, la agencia ministerial aseguró que la investigación al ex rector inició un día después.

Cabe precisar que la fecha del día 20 fue revelada por la defensa de Irving, añadiendo que apoyaba en ésta y otras investigaciones.

Otro dato que en un momento fue dado a conocer es que el reciente 29 de noviembre el ex rector compareció voluntariamente ante la autoridad ministerial por el caso Irving, poniéndose a disposición de lo que fuera necesario.

Aquí, conviene agregar que especialmente el martes se produjeron algunos momentos ríspidos entre la defensa y la agencia ministerial, a lo que el juez urgía para que las partes se centraran en el debate.

Era evidente que el ex rector se sentía incómodo y hasta pidió la palabra para un receso y hablar con sus abogados. Este miércoles uno de ellos señaló al juez que Peña les había insistido en no confrontarse.

 

Un oficio del ex rector el tres de diciembre del 2020 condujo a su vinculación por los probables delitos de tráfico de influencias, y falsificación de documentos, a propósito Irving, mencionado decenas de veces.

Según fue ventilado, Jorge Ignacio dirigió un oficio a la entonces secretaria de Administración y Finanzas de la UAN, con atención a la dirección de Recursos Humanos, para pedirles que se atendiera la petición de Irving –respecto a su reincorporación-.

De acuerdo con el juez, sí encontró que como superior jerárquico el ex rector solicitó el apoyo y ello benefició a Irving, lo que generaría el tráfico de influencias.

Por lo tocante a la falsificación, se avaló la necesidad de que continúe la investigación respecto a que, como lo señaló la agencia ministerial, se asentaron como ciertos hechos falsos, al citar que la baja de Irving había sido producto de un error.

 

Hacia las nueve de la noche del martes, una vez que las partes agotaron su intervención, el juez consideró que por una necesidad básica de descanso, de alimentos, de derechos humanos, debía suspender la audiencia, para continuar la mañana del miércoles. Recordó que él ya llevaba más de 12 horas de trabajo por un proceso previo que le tocó atender.

La audiencia presencial se efectuó en una sala ubicada en los juzgados que se encuentran afuera de la penal de Tepic. También participaron un apoderado de la UAN y dos asesores de parte agraviada.

Entre las siete personas del público se encontraban algunos familiares de Peña, con los que se le permitió hablar unos minutos.

Visiblemente delgado, pensativo, su rostro es la de un hombre que da la impresión que no ha dormido durante días.

Si bien se ha reservado rendir declaración sobre la imputación, Peña González sí tomó la palabra antes de que el juez resolviera si le permitía la libertad o lo dejaba en prisión justificada, como sucedió. Sus palabras se escucharon como una súplica:

Además de sumarse a lo expuesto por sus abogados, dijo estar dispuesto a colaborar con el proceso de investigación porque, añadió, es el más interesado en que todo se aclare.

El ex rector también señaló que vive de su salario como maestro universitario y no tiene más, pero también que necesita medicamentos diarios, por lo que sería imposible sustraerse de la justicia.

Pero sobre todo, anunció en la parte final, porque tiene un hijo –de cinco años- con una situación de salud, permanente, que lo hace especial, por lo que es muy importante que esté con él.

Decidida la prisión justificada, se anunció un plazo de cuatro meses de investigación complementaria en que él permanecerá con esa medida cautelar.

Un rato después fue trasladado al Centro Regional de Justicia Penal para desahogar la formulación de imputación en el segundo expediente.