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Dom, Dic

Niegan suspensión de amparo a empresario ligado a Ney

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* Juzgado de Distrito considera que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular de Héctor Cárdenas, a propósito de aseguramientos en Punta Raza.

*  (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Tal y como se preveía, los operativos a partir de la llamada Mega Operación Nuevo Nayarit, centrados principalmente en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela que buscan regresar al Estado grandes extensiones de espacios de desarrollo turístico, de los que se habría hecho mal uso especialmente durante el gobierno de Ney González Sánchez, han motivado una disputa legal que sin duda será por años.

Y uno de los varios personajes clave es el empresario Héctor Cárdenas Curiel, a quien se identifica como uno de los cercanos al ex gobernador para concretar jugosos negocios que ahora son materia de investigación.

Para el caso, Cárdenas defiende como dueño a  Playa Punta Raza 1, con una extensión de un millón 230 mil 152.6 metros cuadrados, así como Playa Punta Raza II, fracciones A y B, que suman un millón 708 mil 461.29 metros cuadrados.

El individuo ha recurrido a varias demandas de amparo, a través de apoderados legales, pues asegura que es imputado en al menos una causa penal.

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal en Tepic inició el juicio 742/2022, a petición del sujeto, que reclama una orden de aseguramiento y desposesión de inmueble, ligada a carpeta de investigación NAY/TEP-III/RH-16644/2022.

Lo anterior cobra relevancia porque el quejoso anteriormente había citado la carpeta de investigación NAY/TEP-III/RH-11258/2022, lo que prueba la continúa aparición de hechos delictuosos que generan nuevas carpetas.

En el caso concreto, el aseguramiento reclamado se efectuó el 12 de octubre.

Cobra trascendencia que el Juzgado de Distrito le ha negado la suspensión provisional solicitada, explicando que es mayor el interés social que el particular. Dice:

“…es improcedente conceder al quejoso la suspensión provisional con los efectos restitutorios (…), a fin de que los bienes inmuebles asegurados por las autoridades responsables le sean entregados temporalmente, pues con ese proceder, sin duda, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del o los delitos, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados, lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos, por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular.”

Tras negarse la suspensión provisional, generó que de inmediato los abogados de Cárdenas presentaran un recurso de queja que estudiará un Tribunal Colegiado.

Mientras tanto, decenas de autoridades locales que fueron señaladas como responsables deberán rendir informes al Juzgado de Distrito y precisar si tienen conocimiento del citado aseguramiento.

Héctor Cárdenas es uno de los sujetos clave para dimensionar el saqueo que se produjo en áreas turísticas en el gobierno de Ney González.

 

 

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