Chocan jueza que defiende el cargo y Consejo de la Judicatura

* La profesionista solicita protección de la justicia federal para mantener el puesto; el Consejo de la Judicatura se inconforma.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

La situación de una jueza de primera instancia del Poder Judicial del Estado que defiende al cargo, en tanto se le pretende identificar como secretario de acuerdos en funciones de jueza, está generando un debate.

Por lo pronto, en la primera semana de julio el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo le concedió una suspensión definitiva “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no sea removida del cargo que ostenta como jueza de primera instancia. Lo anterior, toda vez que refiere que a la fecha continúa ostentando el cargo de jueza de primera instancia, sin que le haya sido notificada algún cambio de nombramiento, ni tampoco se observa de las constancias que se anexaron, que exista en su contra un procedimiento de responsabilidad…”

La suspensión definitiva del amparo también fue ofrecida para que se le siga pagando como jueza, sin que haya descuentos en ese sentido, hasta que el juicio se resuelva en definitiva.

De igual forma se precisa que la suspensión definitiva del acto reclamado no surtirá efectos si en el caso particular, por la naturaleza del cargo, no gozaba de estabilidad en el empleo.

Al respecto, las autoridades responsables: desde la presidencia del Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Administración y la dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial han argumentado que la quejosa, identificada en este trabajo como B.N., fue designada como jueza para cubrir una licencia del titular, sin embargo el Juzgado de Distrito consideró que lo anterior no ha quedado debidamente demostrado con los documentos que se le han hecho llegar.

A mediados de julio, el Juzgado de Distrito advirtió a diversas autoridades judiciales que podrían incurrir en responsabilidad si no daban cumplimiento a la determinación dictada, lo anterior porque se le argumentó una imposibilidad jurídica y material para cumplir la suspensión definitiva.

“Máxime –anotó la autoridad del Poder Judicial Federal-, que de las manifestaciones efectuadas relativas a que cubriría una licencia y que no tenía estabilidad en el empleo no son acreditadas con alguna documentación para que de ser el caso la suspensión deje de surtir sus efectos.”

Para la segunda quincena de julio, la presidenta del Consejo de la Judicatura, la magistrada Rocío Esther González García presentó un recurso de revisión en contra de la decisión del Juzgado de Distrito, al que se ha sumado la jueza amparista mediante una revisión adhesiva, buscando que se sostenga el criterio ya anotado.

Así entonces el expediente será remitido a un Tribunal Colegiado.

 

Por otra parte y si bien se trata de hechos distintos, cabe advertir una situación que ha ocurrido en las últimas semanas a partir de un asunto de alto impacto: el del ex secretario de Movilidad del Gobierno del Estado Luis Alonso Tahuahua González, quien, como es del conocimiento público, está vinculado a proceso por diversos delitos e inicialmente una jueza de Control le concedió medidas cautelares que le permitían enfrentar la causa penal en libertad.

Semanas después, un magistrado de una Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia modificó las medidas, motivando la reaprehensión del ex funcionario, actualmente en prisión preventiva.

Lo que llama la atención es que el caso Tahuahua no sólo habría acelerado la caída del entonces magistrado presidente Ismael González Parra, sino que la jueza fue cambiada de adscripción, fuera de Tepic, poco después de atender el polémico asunto.

Un segundo hecho a advertirse es que a finales del mes de junio, citado en este espacio, otra jueza de Control resolvió dictar auto de no vinculación a proceso a favor de José Francisco Contreras Robles, ex director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), a quien se pretendía fincar probables delitos de ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias.

Aunque el conocido “Chico” Contreras a los pocos días sí fue vinculado en una causa diversa y aún estaría en prisión preventiva, resulta que la jueza que no lo vinculó fue cambiada inmediatamente a un Juzgado de Oralidad fuera de Tepic.

Si bien el cambio de adscripción de jueces es normal –aquí podría añadirse el relevo en la administración del Centro Regional de Justicia Penal en Tepic-, lo significativo es que acontecieron después de resoluciones que generaron reclamo.