Una magistrada es coimputada por tráfico de plazas en SEPEN

* El nombre de Sairí Lizbeth Serrano, hija del ex secretario General de Gobierno, fue mencionado en audiencia de vinculación a ex director General de SEPEN.

* (Se  pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Este miércoles por la tarde, un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Francisco Contreras Robles, quien fuera director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) en la última parte del gobierno anterior, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Ello, en relación con la adjudicación de cuatro plazas de base durante 2021 que no fueron concursadas.

Contreras fue aprehendido el viernes uno y al día siguiente la agencia del Ministerio Público le formuló imputación, además de que el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que seguirá recluido en la penal de Tepic.

La defensa particular intentó acreditar que se trata de un asunto administrativo que, en todo caso, tocaría sancionar a una autoridad diversa a la penal.

Además del ex director General de los SEPEN, la causa penal 1081/2022 involucra al menos a otros tres “coimputados”, así mencionados durante la audiencia de vinculación: Pedro Aurelio Sánchez Chávez, Sergio Miguel Sánchez Hernández y Sairí Lizbeth Serrano Morán, esta última hija del ex secretario General de Gobierno Antonio Serrano Guzmán y actual magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El viernes pasado, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) incluyó el delito cometido en la custodia de documentos que, se deduce, sería imputado a algún otro de los mencionados, aunque aún no son presentados ante el juez.

De acuerdo con lo vertido en la audiencia que concluyó a las 5:24 de la tarde, el asunto es que se emitieron formatos de plazas de tiempo completo que no fueron concursadas. El ex director de los SEPEN habría firmado su propia plaza, lo mismo que Pedro Aurelio.

Por este caso se estima un daño al erario público de dos millones 85 mil 394.29 pesos, según la cifra revelada por la Fiscalía; de José Francisco corresponderían más de 800 mil pesos.

En la parte final de la audiencia se acordaron tres meses de investigación complementaria, plazo en que el imputado permanecerá en prisión preventiva.

La defensa de Contreras solicitó permiso al juez para que pudiera entrevistarse unos minutos con una familiar que asistió a la audiencia, lo que fue concedido al concluir la misma.