Chocan abogados por Roberto Sandoval; buscan 6 años de cárcel por falsificación

* El ex gobernador ofrecería disculpa pública a víctimas, aunque pedía la suspensión condicional del proceso, que no prosperó.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)

 

Este lunes, en un nuevo intento por llegar a una suspensión condicional en el expediente que se sigue al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda por el probable delito de falsificación de documentos en la modalidad de uso, ésta no se concretó, por lo que se pasó a realizar la audiencia intermedia en la causa penal 850/2020, con miras a lo que parece un inminente juicio oral.

La defensa particular del ex gobernador de Nayarit anunció que el señor Rubén Castillo, parte agraviada, ya tiene la depositaría de 58 hectáreas ubicadas en Aután, municipio de San Blas, por lo que propuso la suspensión del proceso, comprometiéndose a entregar en los siguientes 15 días la documentación que prueba lo anterior.

Según explicó, con la depositaría se cumple la reparación del daño, además de que Sandoval añadiría una disculpa pública.

En caso de proceder, la suspensión del proceso sería por seis meses en que el acusado residiría en Tepic, dejaría de frecuentar las 58 hectáreas y tampoco buscaría a las víctimas, el señor Castillo y su esposa Ramona Márquez.

Una vez transcurrido el plazo, se deduce, el asunto terminaría por sobreseimiento, sin condena.

Sin embargo, la agencia del Ministerio Público y la asesoría de víctimas se opusieron porque aunque la depositaría la tenga Castillo –aparentemente desde finales de la semana pasada-, lo cierto es que esas tierras donde está el rancho El Sueño continúan aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones que se siguen al ex titular del Poder Ejecutivo.

Es decir, las víctimas aún están imposibilitadas al pleno goce de las parcelas.

Durante las intervenciones, por momentos tachándose la defensa y la agencia ministerial de faltar a la verdad, se conoció un recurso de apelación, a propósito de una audiencia anterior, a través de la cual los defensores pedirían a una Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que valide la suspensión condicional del proceso.

Para el juez de Control que dirigió la audiencia, una cosa es la depositaría de las tierras y otra es que ya puedan tener posesión de las mismas, por lo que consideró que los argumentos no eran suficientes para garantizar la reparación del daño.

La audiencia inició pasadas las nueve de la mañana y contó con varios recesos hasta su conclusión poco antes de las seis de la tarde. El imputado inicialmente traía puesto un saco azul y más adelante se le vio en camisa blanca, siempre con cubrebocas, como todos los presentes en la sala 3 del Centro Regional de Justicia Penal.

 

Puesto que la búsqueda de la suspensión del proceso bajo condiciones se efectuó en anteriores audiencias y no fue concretada, se pasó entonces a realizar la audiencia intermedia, etapa en que las partes anuncian los testigos y demás pruebas a desahogar en juicio oral ante un Tribunal de Enjuiciamiento.

Con base en el anuncio ministerial, el caso presenta varias fechas de relevancia:

El 22 de enero del 2019, a través de su apoderado Aldo Becerra Cruz, se dio contestación a la demanda interpuesta por Rubén Castillo ante el Juzgado Mixto de San Blas con el número de expediente 395/2018, y cuyo fallo, a favor de Castillo, ya está firme; es decir, es el dueño de las tierras.

La contestación ante el Juzgado Mixto incluyó el contrato de fecha seis de mayo del 2012 en que supuestamente Castillo y su esposa venden a Roberto las 58 hectáreas por cuatro millones 700 mil pesos, suma que iría pagando, lo que generó la denuncia por falsificación de firmas.

Tal documento también fue utilizado cuando el ex gobernador presentó el juicio 304/2018 del Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal, a partir del aseguramiento de las tierras.

Cabe añadir que la defensa hizo la observación de que su cliente fue vinculado a proceso únicamente por el uso del contrato en el Juzgado de San Blas, no respecto al amparo puesto que, en su momento, un juez de Control consideró que esa parte es materia federal.

Y así fue. Lo referente al amparo no se incluyó.

Siguió entonces el anuncio de testigos, peritajes y demás pruebas a desahogar en juicio.

Por ejemplo, la representación ministerial solicitó el testimonio del notario público Antonio Humberto Herrera López –actualmente suspendido por una sentencia del caso INFONAVIT de juicios ficticios-, ante quien habría sido ratificado el cuestionado contrato.

Igualmente se anexarán copias del citado expediente 395/2018, o bien el escrito del testigo Aldo Becerra ante el Juzgado Mixto y el poder general que le otorgó el ex gobernador en la notaría de Juan Antonio Echeagaray Becerra, actual secretario General de Gobierno.

La agencia de la Fiscalía General del Estado precisó que se ha solicitado condena de seis años de prisión.

Por su parte, la defensa anunció como sus testigos a los citados Herrera López y Becerra Cruz, además de una transferencia electrónica por 700 mil pesos de Sandoval con la que se pretende acreditar el pago total de las tierras.

Y muchas pruebas de peritos de una y otra de las partes.

En el cúmulo de datos se planteó la prescripción del asunto porque, según los defensores, la fecha que involucra a Sandoval es la del seis de mayo del 2012, no el 22 de enero del 2019 en que actuó su apoderado.

La solicitud fue rechazada de inmediato por la agencia ministerial y el asesor de víctimas. El juez tampoco la consideró procedente, explicando que el hecho central es la utilización que se dio al contrato hace más de tres años.

El asunto podría ser turnado a juicio oral en caso de que no prospere la apelación a que se hace mención en este trabajo.

El imputado no realizó manifestaciones, limitándose al acompañamiento con sus defensores.

Como se conoce, sigue en prisión preventiva, recluido en la cárcel federal El Rincón, con cuatro causas penales abiertas.