La Fiscalía aprieta al ex magistrado Pedro Antonio Enríquez, y después –aparentemente- afloja

* Se solicitó prisión preventiva contra el ex magistrado, pero la petición fue retirada después de una plática sin público; el juez Mario Cervera es recluido en el penal federal El Rincón.

 

Cinco agentes del Ministerio Público, dos agentes auxiliares y una asesora de víctima parecían un número importante para una simple audiencia de prórroga de investigación complementaria, relacionada con la causa 809/2019 que se sigue al ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pedro Antonio Enríquez Soto, por el caso INFONAVIT de miles de juicios simulados.

Y así era.

La representación ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) propuso otros tres meses de investigación, a lo que la defensa particular de Enríquez Soto no se opuso, y que concedió el juez de control Filiberto Rojas García.

Como ya lo ha informado este reportero, el ex magistrado, vinculado a proceso por diversos delitos, enfrenta el juicio en libertad, cumpliendo  con medidas cautelares de presentarse a firma periódica, una garantía de 15 millones de pesos y la prohibición de salir del estado.

Desarrollada en la sala 5 de juicios orales, siguió entonces un apretón mayor: la agencia ministerial pidió la revisión y modificación de las medidas cautelares, considerando que han variado las condiciones, por lo que, añadió, debía dictarse la prisión preventiva contra el ex magistrado.

Durante unos 15 minutos, la agencia ministerial hizo alusión a diversos datos ya anunciados en anteriores audiencias, o referencias a declaraciones de funcionarios judiciales igualmente vinculados, algunas de ellas privadas, o de un abogado particular involucrado, para insistir que con aquel convenio que Enríquez Soto firmó en octubre del 2013, con un representante del INFONAVIT, se le dio “legalidad a la ilegalidad”.

Se indicó que, producto de los juicios ficticios, las 11 mil 716 escrituras aceptadas por el INFONAVIT hasta el momento, habrían dejado ganancias por arriba de los dos mil millones de pesos.

Hay, dijo entonces la agencia ministerial, “un peligro de fuga”.

 

Por el contrario, uno de los tres abogados particulares que acompañó al ex magistrado, destacó el cumplimiento que éste ha tenido de las medidas cautelares. También hizo referencia a la suspensión de actividades académicas que antes tenía, en aparente referencia a que se desarrollaban fuera del estado.

Consideró también que de los más de 11 mil asuntos concluidos –por casas de derechohabientes-, no se ha señalado que todos vayan a ser regresados.

La defensa insistió que Enríquez Soto en ningún momento ha pretendido obstaculizar la investigación, o influir en otros imputados, o en testigos, sino al contrario puesto que, recordó, decidió separarse como magistrado para contribuir a la indagatoria.

Por tanto, insistió que no había necesidad de imponer una mayor cautela, en este caso la prisión preventiva.

 

De pie, un policía estatal permanecía a espaldas del imputado, mientras que una mujer policía vigilaba desde la puerta de entrada a la sala.

Tres minutos antes de las 11 de la mañana, el juez Rojas García regresó el uso de la voz a la agencia ministerial para réplica, pero entonces la representación de la Fiscalía pidió cinco minutos para dialogar con la defensa, y seguramente con el ex magistrado.

Con excepción del público, nadie más salió al pasillo.

De regreso a la sala a las 11:04 –según el pequeñísimo reloj en una pantalla-, la agencia del Ministerio Público anunció que retiraba la solicitud de cambio de medida cautelar para continuar con pláticas con la defensa con miras a encontrar recursos de aceleración, como podría ser el procedimiento abreviado.

Enríquez Soto no hizo mayores comentarios cuando el juez le cedió la palabra.

 

El caso INFONAVIT de miles de juicios ficticios podría haber entrado a una etapa crucial.

Enríquez Soto se ha reservado el derecho de rendir declaración, lo mismo que Jorge Ramón Marmolejo Coronado, el magistrado suspendido y vinculado a proceso, recluido en el penal federal El Rincón, mismo lugar donde este martes fue trasladado el juez Mario Alberto Cervera López, también vinculado por la citada causa penal.

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