Suspenden al notario público Antonio Humberto Herrera y le fijan garantía de 5 millones

* Revelan fotografías de documentación de notaría 3, de Herrera, que fue encontrada en inmuebles cateados en diciembre, por caso INFONAVIT-Poder Judicial.

 

El notario público número 3 con oficinas en San Blas, Antonio Humberto Herrera López, fue suspendido temporalmente de sus funciones, se le ha prohibido salir del estado, deberá garantizar cinco millones de pesos, además de presentarse a firmar cada 15 días.

Las anteriores medidas cautelares fueron dictadas minutos antes de las 10 de la noche de este miércoles por el juez de control José Manuel González Zepeda, en la parte final de una audiencia de formulación de imputación, a la que Herrera López asistió previo citatorio, y en la que la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) le imputó su probable participación en delitos como asociación delictuosa, abuso de autoridad, administración de justicia, falsificación de documentos en general, falsificación de certificaciones, usurpación de funciones, tráfico de influencias, fraude específico, entre otros, relacionados con el caso INFONAVIT-Poder Judicial, de miles de juicios simulados efectuados en los juzgados de Xalisco, Compostela y dos de Bahía de Banderas.

La próxima semana se realizará otra audiencia para decidirse si Herrera López es vinculado a proceso.

La agencia del Ministerio Público que formuló imputación señaló reiteradamente que Herrera López consintió que el despacho de Hugo Rosales Badillo creara un laboratorio de escrituras, por lo que firmó actuaciones que no le constaban, dado que se realizaban fuera de su oficina de San Blas.

Al igual que Antonio Humberto, a la audiencia judicial comparecieron tres mujeres: Luz “N” “N”, Miriam “N” “N” y Adriana “N” “N”, imputadas por los mismos delitos. Se les señala de haber participado directamente en la maquinación de las escrituras, de acuerdo con la versión de testigos.

Se dijo que el INFONAVIT ha reconocido 11 mil 716 escrituras por parte del citado notario, producto –según la imputación- de demandas ficticias de los juzgados de Xalisco y Compostela.

“A sabiendas de la ilicitud, elaboraron las escrituras”, se repitió.

Un individuo identificado como Jonathan, igualmente citado, no se presentó a la audiencia, por lo que podría girarse orden de aprehensión.

Los cuatro imputados acudieron en compañía de defensores particulares.

Muchos de los datos de prueba anunciados ya son del conocimiento público, como el hecho de que miles de personas con crédito del INFONAVIT eran notificados en un mismo domicilio, como si todos vivieran ahí, aunque la mayoría radica en otros estados.

Mediante resoluciones de amparo, jueces de Distrito han anulado actuaciones ilícitas.

A través de una pantalla en la sala 5 de juicios orales, se proyectaron decenas de fotografías obtenidas en el interior de dos inmuebles cateados en diciembre del 2018, uno de ellos en calle Juárez casi esquina con Ures, y en otro en San Luis y Juárez, en los que se encontraron numerosos documentos de la notaría 3 e, igualmente, de los juicios amañados. Es decir, se trataba de dos fábricas para elaborar demandas y escrituras.

 

Un aspecto que llamó la atención es que, de acuerdo con nuevos datos que ha arrojado la investigación complementaria, el ex juez de Xalisco Braulio Meza Ahumada, actualmente prófugo, ya rebasó, en la aceptación de sobornos, al magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, hoy recluido en el penal federal El Rincón.

Según las agendas encontradas en el cateo y donde el despacho Rosales Badillo llevaba el control de gastos, Braulio Meza sumaría 26 millones 700 mil pesos, mientras que Jorge Ramón Marmolejo 24 millones 409 mil pesos.

Mientras tanto, los jueces suspendidos Baldomero Zamora Rodríguez y Justino Rodríguez Barajas, que estuvieron adscritos a Bahía de Banderas, habrían recibido 800 mil pesos, en tanto que Mario Alberto Cervera López, ex juez de Compostela, aceptó en una declaración ministerial que recibió 750 mil pesos de manos de Marmolejo.

Durante la audiencia judicial de este miércoles, se ventiló parte de una declaración ministerial de Justino Rodríguez, en la que narra que el 12 de diciembre del 2018 fue citado por Marmolejo, que buscaba una salida a la problemática. Para entonces ya se habían efectuado los cateos.

 

La imputación relacionada con las miles de escrituras, se suma a la efectuada respecto a funcionarios del Poder Judicial del Estado, por lo que faltaría llevar a juicio a integrantes del citado despacho, la mayoría de los cuales no radican en Nayarit.

Mientras tanto, decenas de trabajadores de ambas fábricas eran jóvenes que recibían entre mil 200 a dos mil pesos semanales, y ahora fungen como testigos.

Los imputados que comparecieron este miércoles se reservaron el derecho de declarar. El juez les dio un plazo de 15 días hábiles para que garanticen los cinco millones, en el caso de Herrera López, y 100 mil pesos respecto a cada una de las otras tres.

El juez de control González Zepeda anunció que, respecto a la suspensión notarial de Antonio Humberto Herrera, se remitirían oficios a la dirección del Notariado del Gobierno del Estado, así como al Colegio de Notarios.

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