El reto político de no ratificar a magistrados del Tribunal Superior de Justicia

* Anuncia Congreso del Estado inicio del proceso de evaluación de magistrados que en meses concluirán su encargo.

 

Este martes, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado sesionó para abordar un proceso de evaluación, en el marco de la posible ratificación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raúl Gutiérrez Agüero y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, este último suspendido, vinculado a proceso y en prisión preventiva.

Se trata de un procedimiento al que está obligado el Congreso del Estado, mediante el cual se cuestiona a los magistrados su derecho a ser evaluados.

Gutiérrez Agüero y Marmolejo Coronado concluyen en septiembre próximo el periodo de 10 años por el que fueron designados.

Este procedimiento de evaluación deberá repetirse más adelante respecto a otros ocho magistrados que terminarán funciones en el mes de diciembre: Ismael González Parra, Rafael Pérez Cárdenas, Ana Isabel Velasco García, Thoth Aldrín Lomelí Aguilar, Pedro Álvarez Hormaeche, Román Carlos González Momita, Miguel Madero Estrada y Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar. En cuanto a Pedro Antonio Enríquez Soto, que también finalizaría en diciembre, ya renunció al cargo.

 

Se trata de la generación de magistrados que fue impulsada por el entonces gobernador Ney González Sánchez.

Si bien la decisión oficial sobre alguna ratificación recae en el Congreso del Estado, la prueba política evidentemente alcanza al gobernador Antonio Echevarría García. De darse, se repetirían viejas prácticas de agravio al Poder Judicial del Estado, que en los últimos tiempos ha vivido el mayor escándalo de corrupción de su historia.

Durante la época de dominio del fiscal Édgar Veytia, el Poder Judicial fue sometido, sin que sus magistrados, a través del Consejo de la Judicatura, significaran un contrapeso para intentar frenarlo, por ejemplo con la rotación de jueces.

Uno de los constantes reclamos es que generalmente a las magistraturas no llegan quienes han hecho carrera judicial o abogados con carreras a base de esfuerzo, sino individuos que priorizan la relación política con quienes ostentan el poder, aunque obviamente hay excepciones, donde se puede dar, sí, un vínculo político, pero también el reconocimiento profesional.

La administración de Echevarría y el Congreso que lidera el diputado Polo Domínguez González tienen un reto en ese sentido.

Un primer paso sería que ninguno de los 10 magistrados próximos a evaluar fuera ratificado.

(Magistrados. Foto: Tribunal Superior)