Corrupción de locura en Poder Judicial; daban información falsa a juzgados de Distrito

* En la mañosa estrategia para simular decenas de miles de demandas, se jugó con fuego: jueces federales recibieron informes falsos de juzgados locales, situación que investiga la PGR.

 

En noviembre del 2018, la preocupación alcanzó a altos funcionarios del Poder Judicial del Estado. Y no era para menos.

En los últimos tiempos, dentro de una maniobra corrupta que transcurrió durante varios años, se había jugado con fuego, remitiendo información falsa a juzgados de Distrito respecto a juicios de amparo que eran tramitados en distintos estados del país, por personas que reclamaban los ahora conocidos juicios ficticios de los juzgados de Xalisco, Compostela y dos de Bahía de Banderas, a nombre del INFONAVIT, para recuperar decenas de miles de casas de acreditados con adeudos.

Pero lo sucedido en noviembre provocó una advertencia mayor en varios personajes del Poder Judicial: uno de esos juzgados federales, advirtiendo una situación anómala, no sólo recibió el informe requerido, en este caso del Juzgado de Xalisco, sino que posteriormente solicitó copias de la totalidad del expediente 576/2014 y que constaría de más de 150 tomos y mediante el cual se simuló demandar a unas 10 mil personas…que sorprendentemente resultaron vivir en un mismo domicilio, en el fraccionamiento Puerta del Sol, en Xalisco.

El ejemplo anterior es prueba de la mañosa inclusión de miles de nombres en un solo expediente.

Ahora se conoce que hay otros amparos en que se remitió información falsa, una situación grave que investiga la Procuraduría General de la República (PGR). Y si bien no queda duda de la máquina para fabricar demandas ficticias contra acreditados del INFONAVIT que radican en Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, la interrogante es cuántos otros funcionarios judiciales consintieron esta grave situación, o si –además de funcionarios de la dependencia federal y de un despacho externo- el caso se centrará en los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, así como los jueces –ahora suspendidos administrativamente- Braulio Meza Ahumada (Xalisco), Mario Alberto Cervera López (Compostela), Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez (ambos de Bahía de Banderas).

Aunque la primera alerta habría llegado a Nayarit en el 2017, por una denuncia remitida desde Tamaulipas, donde una persona reclamó que su casa la hubiera recuperado el INFONAVIT por una demanda radicada en Xalisco, de la que jamás tuvo conocimiento, el cúmulo de información aumentó a partir del cambio de magistrado presidente: Ismael González Parra asumió el cargo el uno de octubre pasado en relevo de Enríquez Soto, a quien se atribuye la firma, en el 2013, de un cuestionado convenio con un representante del INFONAVIT, para la tramitación de juicios relacionados con casas abandonadas en distintos estados.

Sin embargo, se insiste, ni siquiera existieron las demandas, sino que fueron simuladas.

En estos momentos, por lo menos el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la PGR, cuentan con pormenores de que el proceso de miles de demandas ficticias hasta llegar a sentencia no se efectuaron en los cuatro juzgados, sino en oficinas del despacho externo que fueron cateadas el 10 de diciembre, una en la esquina de las calles Juárez y San Luis -a espaldas del Tribunal Superior de Justicia-, y la otra en Juárez casi esquina con Ures –frente a la Sección 20 de maestros-, donde laboraban decenas de personas, muchas de ellas jóvenes abogados que recibían pagos de entre mil 500 a dos mil pesos semanales.

Es decir, se está ante una de las historias más vergonzosas del Poder Judicial: jueces y secretarios de juzgados firmaban actuaciones no elaboradas por ellos, como las sentencias. Incluso, se sabe, personal externo era quien daba contestación a los amparos –con la firma de jueces-, lo que ahora representa un problema muy fuerte con la Procuraduría General de la República.

Que el asunto se haya desmoronado estrepitosamente a partir de noviembre no fue obra de la casualidad, sino que tuvo especial relación con el cambio de adscripción de jueces, entre ellos los cuatro que son investigados. Según datos recogidos en el Tribunal Superior, el nuevo personal advirtió la situación ilícita, enterados de lo que sucedía con esos voluminosos expedientes y de que personal extraño a los juzgados pudiera participar en la contestación de los amparos.

Más: los datos recogidos coinciden en describir que los secretarios recibían órdenes para firmar las mañosas actuaciones, supuestamente amparadas en un convenio con el INFONAVIT que nunca les fue mostrado.

“…se nos informó que esas demandas no iban a tener ningún problema ni alcance jurídico, que incluso existía ese convenio de colaboración institucional, el cual nos desligaba a nosotros de alguna responsabilidad y que simplemente era un acuerdo entre esas dos instituciones; es decir, era un acuerdo entre el INFONAVIT y el Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, incluso nos dijo que si teníamos alguna duda podíamos hablar o consultarlo en Presidencia del Tribunal con el licenciado Pedro Enríquez para que nos cercioráramos de la existencia de ese convenio…”

El anterior entrecomillado es una de las tantas versiones que han ofrecido empleados judiciales y que conocen la PGR, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y el Congreso del Estado.

Otra:

“…no recuerdo cuántas veces trajeron actuaciones, ya que traían montones, ya que cuando a mí me las pasaban me las hacían llegar en cajas de cartón (…), y como ya sabía por las indicaciones que me habían dado, cuando veía estas actuaciones las firmaba (…), sabía que estas actuaciones no eran legales, pero las firmaba por las indicaciones que nos habían dado…”

El pasado 20 de diciembre, el Congreso del Estado inició el trámite para retirar el fuero a los citados magistrados y a jueces, a petición del fiscal Petronilo Díaz Ponce. La Fiscalía pretende llevarlos a juicio por los probables delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraude específico, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, delito cometido en la administración de justicia por servidores públicos, falsificación de documentos, entre otros.

Y es que, por ejemplo, el despacho externo tenía acceso a papelería oficial del Poder Judicial.

A la par, según datos recogidos, la PGR prepararía un juicio por separado, partiendo de los informes falsos remitidos a juzgados de Distrito ubicados en diversos estados del país.

Si bien el centro de esta historia amañada se encuentra en el Poder Judicial, ha arrastrado a otros personajes y, se deduce, los nombres de más implicados aumentará conforme avance la investigación.

Por ejemplo, en la fábrica para armar las citadas demandas, también se armaron, tras los juicios oficialmente concluidos, decenas de miles de escrituras para que las casas regresaran al INFONAVIT, situación en la que está relacionado el notario público Antonio Humberto Herrera López, con oficinas en San Blas. Es decir, Herrera avaló -igual como ocurrió en los juzgados-, escrituras no elaboradas en su oficina.

Durante diciembre pasado, Herrera López presentó al menos tres juicios de amparo relacionados con el tema; en el último de ellos, número 2/2019 y que fue enlistado el dos de enero por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal, el notario reclama una posible orden de aprehensión, citación o presentación en su contra.

Según el portal del Colegio de Notarios, en el actual  periodo, 2018-2019 que preside Jesús Torís Lora, Herrera López forma parte de la Comisión de Honor y Justicia.

De acuerdo con información recogida en el citado Colegio, hace unos cuatro o cinco años hubo comentarios que advirtieron sobre el extraño crecimiento de escrituración en la notaría de Antonio Humberto Herrera, que llegó a adquirir decenas de tomos, cada uno de los cuales consta de dos mil folios.

Hoy la problemática es profunda con esas escrituras, puesto que fueron producto de juicios inexistentes, nunca notificados a los acreditados.

Como es del conocimiento público, el caso INFONAVIT fue referido en diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, citando que operó “toda una red” producto de la impunidad.

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