Veytia facilitó carros y gasolina para tareas del Poder Judicial

* Por lo menos seis vehículos de la Fiscalía General ya fueron recuperados; eran utilizados por funcionarios judiciales para diversas tareas, como notificaciones.  

 

Por lo menos seis vehículos de modelo reciente de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encontraban en comodato y eran utilizados para funciones del Poder Judicial del Estado, desde la época del fiscal Édgar Veytia, una situación que se antoja poco sana por la separación que debería existir entre ambas instituciones.

Según se conoce, los vehículos ya fueron recuperados por la Fiscalía General, lo cual ha tenido impacto, por ejemplo, en el área de notificadores de los juzgadores orales. Tan sólo ahí estaban en comodato tres automóviles.

En las últimas semanas, muchas de las notificaciones propias de los juicios se han tenido que realizar en carros particulares, incluso fuera de Tepic, puesto que el Poder Judicial no ha encontrado una solución a la problemática. 

De acuerdo con fuentes consultadas, hoy se reafirma el riesgo en que estuvieron los juicios orales puesto que diversos vehículos de la Fiscalía también habrían sido utilizados por altos funcionarios del Poder Judicial, con la misma figura de comodato, pero también aceptando la entrega de vales de gasolina.

El peso que Veytia tuvo llegó a situaciones nada saludables puesto que prácticamente resolvía todo; por ejemplo, en una ocasión fue él quien atendió y dio respuesta frente a un paro de defensores públicos que exigían mejores prestaciones económicas. Es decir, no sólo era fiscal, sino que también se metía a resolver situaciones del Poder Judicial y de los defensores. ¿Por qué se dejó que fueran utilizados carros de la Fiscalía en tareas del Poder Judicial?, ¿por qué lo permitió el Consejo de la Judicatura?.

La decisión de recuperar esos vehículos se decidió tras el cambio de gobierno el mes pasado, pero también se tomó otra medida, ahora extrema y que buscaría dejar constancia, ahora si, de la separación de funciones: en el inmueble de juzgados orales –por avenida Tecnológico, salida a Guadalajara, pasando el río Mololoa-, los agentes del Ministerio Público y los defensores públicos ya no pueden ingresar a las oficinas centrales del inmueble, sino que, prácticamente hacinados y sin privacidad, se les destinó una oficina en el acceso. Es lo que llaman “sala de preparación de audiencias”, un área incómoda por tantas personas que ahí coinciden.

Una nueva problemática tiene que ver con el número de jueces que cumple tareas en juicios orales, puesto que quien era el coordinador, Rodrigo Benítez Pérez, ahora es funcionario en la Fiscalía General. Así, César Octavio García Torres, Sandra Sánchez Covarrubias y Guillermo Romero Ríos atienden los juicios en el citado centro, pero no hay un juez de base en el juzgado de la avenida Rey Nayar –antes lo era Sandra-, donde se ventilan expedientes con temas familiares. Frente a ello, se explicó, se turnan algunos jueces foráneos para sacar adelante las audiencias.