Un empresario, cuate de Ney y Roberto, se hace sentir otra vez

* La Sala Constitucional concede la protección local a Héctor Cárdenas, a propósito de un millonario cobro por impuesto predial en Punta Raza, municipio de Compostela. 

 

El empresario Héctor Cárdenas Curiel ha vuelto a dejar huella en terrenos que le gustan, donde se siente cómodo.

Envuelto en una estela que no pocas veces ha generado suspicacia, ahora lo hace con un litigio a propósito del cobro por el impuesto predial que le hace el Ayuntamiento de Compostela en numerosos terrenos de Punta Raza, un proyecto turístico ubicado cerca de Monteón.

Cárdenas, identificado como un sujeto que hizo negocios con el ex gobernador Ney González Sánchez en zonas turísticas, recurrió a la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) -donde el ex gobernador mantiene influencia- en su carácter de administrador general de Punta Raza Desarrollos S.A. de C.V., primero para levantar un embargo de los terrenos y luego para reclamar el cobro de decenas de millones de pesos por el impuesto predial que le realiza el ayuntamiento que preside la alcaldesa Alicia Monroy Lizola, según se conoce extraoficialmente.

El jalisciense se dolería del alto monto, el cual habría sido calculado con base en el avalúo que en su momento se hizo para acceder a un millonario préstamo bancario.

A principios de año, Héctor Cárdenas presentó ante la Sala Constitucional el juicio de protección de derechos fundamentales SC-E-JPDF 16/2017 y, tal y como era el pronóstico, la resolución salió a su favor.

Una fuente que solicitó el anonimato explicó que el año pasado se creía que el empresario buscaría un descuento por parte del Cabildo de Compostela, pero optó por la demanda en el TSJ, lo que, se insiste, generó suspicacias.

“¿Por qué Héctor Cárdenas no presentó un amparo ante un Juzgado de Distrito?, porque ahí a lo mejor ni le aceptan la demanda. Él sabe que, a través de Ney, puede tener influencia entre algunos magistrados del Tribunal Superior y por eso opta por el juicio de protección. Él no se sale de la justicia local”.

Hace unas semanas, la Sala, con unanimidad de votos de los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto –presidente-, Miguel Ahumada Valenzuela, Ismael González Parra, Raúl Gutiérrez Agüero –ponente- y José Miguel Madero Estrada, resolvió que “lo procedente es conceder la protección de la justicia local instada”, toda vez que “se violentaron derechos fundamentales de la persona moral denominada Punta Raza Desarrollos, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en este acto por Héctor Cárdenas Curiel, en su carácter de Administrador General Único”…

La sentencia no sorprendió a muchos, precisamente por el peso que se conoce del empresario. Se dio un plazo de 48 horas para acatar el fallo pero, según trascendió, la administración de Alicia Monroy estudiaba presentar un amparo, en el que se reclamaría que la Sala Constitucional no tendría atribuciones para estudiar ese tipo de asuntos. 

La Sala concluyó que existió un incremento no justificado en el precio del inmueble, y por lo tanto del citado impuesto. 

CERCANO A GOBERNADORES

Cárdenas Curiel significó una sacudida para la justicia local luego de que fue aprehendido en agosto del 2014 como probable responsable de un fraude por 515 millones de pesos y se le recluyó en la penal de Tepic; sin embargo, pronto encontró cobijo: se sabía que lo mismo era trasladado al hospital Puerta de Hierro sin estar enfermo o que, incluso, se le llevaba por días a  una casa y bajo la seguridad de custodios de la propia prisión.

El mismo Ney se comunicó con algunos magistrados locales y les pidió que, en la medida de sus posibilidades, ayudaran a Cárdenas. Lo anterior se ventiló porque se produjo un escándalo bien conocido al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE): fuertes reclamos, una llamada del ex fiscal Édgar Veytia a gritos contra un alto funcionario del Poder Judicial.

Pero el empresario no se salió de lo suyo: el ámbito local.

En noviembre del mismo 2014, en el “puente” del aniversario de la Revolución, Cárdenas fue liberado por el Juzgado Segundo Mixto de Las Varas, a través de un incidente por desvanecimiento de datos. 

Para marzo del 2016, Cárdenas reapareció públicamente junto a un personaje de lujo: el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, a pesar de que entonces el juicio por fraude no concluía, lo que alcanzó al gobernador una sospecha de probable complicidad.

La fotografía de ambos, sonrientes, fue divulgada por el gobierno estatal y a propósito del corte del listón por la inauguración de la carretera La Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, el 17 de marzo.

La citada vía de tránsito, supuestamente con una inversión de 300 millones de pesos, es producto de uno de los cuestionados préstamos autorizados por el Congreso del Estado a Ney González en la parte final de su gobierno, y adjudicada precisamente a una empresa de Cárdenas Curiel.

Ese asunto, al que este reportero le dio seguimiento, describe las prisas del gobierno de Ney para que Cárdenas se quedara con la obra, pero preocupado entonces por un amparo del ejido La Cruz de Huanacaxtle.

Los anteriores ejemplos pruebas que si, Cárdenas Curiel prefiere la justicia local, que la justicia federal. Ahí le va bien.

De acuerdo con los datos recogidos, el Cabildo de Compostela hubiera estado dispuesto a conceder un descuento por impuesto predial en Punta Raza, pero no cayó de buena manera la demanda del empresario, pues el dinero hubiera sido destinado a diversa obra pública.

(Foto: Tribunal Superior de Justicia)