Válidas denuncias de Comisión de la Verdad; falta equilibrar la información

* “Todo mecanismo de participación democrática y de transparencia hacia las autoridades es bueno, ahora hay que complementarlo”, explica el juez del nuevo sistema de justicia penal, Rodrigo Benítez Pérez.

* Mencionado su nombre en el Congreso del Estado con crudeza, Benítez reta para que cualquier persona revise su actuar en el asunto reclamado por un compañero del Poder Judicial: que se analice el expediente, las audiencias en video, todo.

 

Cuando el miércoles 23 se escuchó en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado el testimonio de diversas personas agraviadas: despojadas de bienes, torturadas, humilladas, fue como un latigazo para todos lados: parecía que cualquier nombre podía salir implicado, pero también parecía que se ocupaba un escenario así, grande, para dar cabida a quienes sufrieron graves atropellos a manos de funcionarios públicos.

Rodrigo Benítez Pérez, coordinador de jueces en el nuevo sistema de justicia penal, los llamados juicios orales, habla de ello y comparte esa apertura, aunque advierte la importancia de equilibrar la información, oír a las otras partes. 

Temprano este lunes, fue entrevistado en su oficina antes de iniciar las audiencias. Estos son sus apuntes: 

- ¿Qué riesgo puede haber con lo sucedido el miércoles en el Congreso del Estado, con esta Comisión de la Verdad, con los testimonios de personas agraviadas desde el Estado?.

- Primero, por una convicción académica, personal y profesional, estoy a favor de cualquier medio de participación democrática y de cualquier mecanismo institucional que le genere transparencia, sobre todo en lo que es la actuación de las instituciones. Creo que debe haber un complemento institucional para que se investiguen y se esclarezcan todos y cada uno de los hechos. Las instituciones y las leyes tienen previstos esos esquemas. Y en particular lo digo por lo que representa el nuevo sistema de justicia penal, la mecánica de las audiencias y del proceso que está basado precisamente en las audiencias, sería la respuesta para complementar la información. Las audiencias generan información de calidad, con base en qué: en la contradicción de la información y en la publicidad máxima.

- Que aquí no se dio contradicción, obviamente.

- Es un complemento. Insisto: soy una persona convencida de que también el sistema de procuración y de impartición de justicia puede ser un mecanismo de democracia participativa; de hecho, mi investigación en curso en el doctorado es lo que está planteando: la participación incluso en los juicios penales de jueces ciudadanos o jurados populares. 

“Creo que una vez del conocimiento de los hechos de los que se han dolido las personas, habrá que pedirles a las autoridades los informes correspondientes, las constancias, como se hace en los amparos o en las comisiones de derechos humanos. Y cuando intervienen otros particulares con intereses contrarios, hay que darles la oportunidad de que también den su versión”.

- ¿Podría criticarse la forma en que se dieron las versiones?.

- La forma, no pudiera yo decir criticar en el sentido de que es un mecanismo nuevo y es un mecanismo que abona. Todo mecanismo de participación democrática y de transparencia hacia las autoridades es bueno. Ahora hay que complementarlo. Siempre va ser un reto cuando se genera transparencia y publicidad, y también lo es en el nuevo sistema penal, siempre el reto va ser producir opiniones informadas, el que no se den juicios a priori, el que no se anticipen y que se generen violaciones al principio de presunción de inocencia.

- Si alguno de estos asuntos que fue mencionado en una sala del Congreso del Estado, si en un futuro llegara a un juicio, ¿podría haberse violado ese principio?.

- Yo considero que no, en cuanto a que la información cuando proviene de particulares, ellos tienen el derecho de hacer sus declaraciones y denuncias de manera pública y abierta. Las autoridades somos quienes tenemos un deber de discrecionalidad y de resguardo de la información para proteger precisamente el principio de presunción de inocencia. Y también los medios de información, bajo reglas éticas. 

“Pero los particulares desde luego que tienen el derecho de hacer las manifestaciones que consideren pertinentes cuando consideren que hubo violaciones a sus derechos.

“Los particulares, en sus actos de vida privada, en sus negocios, otras personas tienen que respetarles de manera más amplia su derecho a la privacidad y a esa información que se da de manera pública. Los servidores públicos no. De hecho, todo lo que tiene que ver con los actos que nosotros ejercemos como servidores públicos, no hay una ley ni tampoco un derecho constitucional para que las personas no se manifiesten, incluso con críticas respecto a lo que hacemos. 

“Decía un secretario de la Corte de Chile, en una capacitación a la que asistí: ‘hay un derecho humano a pensar mal de los actos de las autoridades’”.

- Previo a la entrevista me comentabas que pareció que el miércoles estuviéramos en la época de la inquisición.

- Nosotros venimos de un sistema que así era calificado: de inquisitivo. De hecho, la justificación de la reforma penal del 2008 fue pasar de un sistema inquisitivo a un sistema oral acusatorio, en el cual la autoridad –judicial- no tiene ningún deber de investigación, sino que la información y la obligación de presentar información, pruebas, alegatos y demás es de las partes en el caso. Los jueces no investigamos, únicamente conocemos de los asuntos que nos ponen a consideración las partes, en este caso primeramente la Fiscalía, que nos da a conocer hechos que solicita se judicialicen, y la información que nos hacen llegar las defensas. Esto es parte del nuevo sistema penal.

De acuerdo con la explicación de Benítez Pérez, la actuación de los jueces en el nuevo sistema tiene un escrutinio mayor porque todo está grabado con audio y video.

“Independientemente del actuar de los jueces, que podemos ser sujetos de escrutinio, nos podemos equivocar. Lo vemos en las resoluciones de la Suprema Corte, cómo los más altos jueces de este país votan de diferente manera: seis contra cinco, o ocho a tres, y tienen opiniones totalmente diferentes sobre cuestiones trascendentes. 

“Pero el sistema funciona. Este nuevo sistema está creado para que los hechos se esclarezcan, que las partes opinen, que la sociedad genere un control con la publicidad de las audiencias. De los más de tres mil asuntos que hemos llevado hasta este momento, todos están documentados en videos y todos están sujetos a escrutinio y valoración, y por eso pongo a consideración el análisis jurídico de todos los asuntos que hemos llevado en el nuevo sistema”.

- ¿El ex fiscal quiso meter mano en asuntos determinados, cosas como que a fuerzas tenía que librarse una orden de aprehensión, o a fuerza dictarse una vinculación a proceso?.

- Históricamente, el gran pendiente de los jueces, ahora si que lo que define el carácter del Poder Judicial y sobre todo de los jueces del fuero común, ha sido una búsqueda de la autonomía y de la independencia. Eso no es de ahorita ni de nuestro país, es el gran pendiente a través de la historia. A veces estas invasiones a la autonomía o a la independencia pueden provenir, por ejemplo, de grupos fácticos, delictivos, grupos de poder, o factores internos cuando los superiores jerárquicos quieren incidir en nuestro trabajo. Pero siempre hemos buscado nuestro camino y las formas y cada juez es responsable de eso, de mantener su autonomía y su independencia en todas las decisiones que tomamos. 

“Yo insisto: en el nuevo sistema penal se ha fortalecido mucho la autonomía de los jueces. Hablo por mi y por mis compañeros, porque el sistema de audiencia es lo que tiene, la parte fuerte de la impartición de justicia queda en la primera instancia; nos hemos fortalecido mucho con respecto, por ejemplo, a lo que es el trabajo de los magistrados. “Creo que crece mucho la función y la figura del juez con la toga, con la audiencia, con la primera instancia que es donde se desahogan las pruebas y se da el juicio en si.

“Eso ha fortalecido mucho la autonomía, pero hay que reconocer que esto es una lucha constante, día a día y nunca se dan victorias completas. Hay que pelearla siempre, palmo a palmo”.

- Finalmente son audiencias públicas, cualquier persona que tenga suspicacia, puede venir a verlas.

- Así es, o las puede revisar. Claro, nosotros no podemos dar una copia de las audiencias, pero las tienen las partes y cualquiera puede, sobre todo los particulares, hacerlo público. Todo queda ahí grabado y puede revisarse la actuación de jueces, ministerios públicos, defensores. 

- Cuando las víctimas denuncian, te ha pasado que te pregunten qué puedes hacer para cuidarlos. El miércoles en el Congreso hubo señalamientos graves.

- De entrada hay que tomar en cuenta, por ejemplo en los amparos, que siempre se manifiestan violaciones a los derechos fundamentales. Aquí cuando se han hecho manifestaciones de actos de tortura, se ha ordenado abrir las investigaciones. Ha sucedido más de 20 ocasiones en el nuevo sistema y hemos ordenado abrir carpetas de investigación; en principio las mandábamos a la Procuraduría General de la República y posteriormente nos decían que no eran competencia, entonces los mandamos a la Fiscalía.

“En el nuevo sistema, solamente en el 36 por ciento de los asuntos hemos impuesto la prisión preventiva como medida cautelar a los imputados; el otro porcentaje alto de medidas cautelares ha sido para la protección a las víctimas, como por ejemplo separación de domicilio de los agresores, restricción de acercarse a la víctima o a su domicilio”. 

EL CASO RICARDO GARCÍA

La tarde del miércoles, el nombre de Rodrigo Benítez fue mencionado con crudeza por Ricardo García Contreras, uno de los 10 casos presentados por la Comisión de la Verdad en el Congreso del Estado: “un juez de consigna”, expresó.

García es secretario de acuerdos de un juzgado del Poder Judicial, en Acaponeta.

Al respecto, Benítez Pérez pone a consideración de cualquier persona que revise su actuar como juez en los dos procesos abiertos por la Fiscalía en contra de su compañero del Poder Judicial.

“Los pongo a consideración porque él tiene los expedientes, lo que fueron los dos procesos, las dos carpetas. Y también el Ministerio Público los tiene, igual que los videos de las audiencias. Ahí se llevó el debido proceso. Fueron dos asuntos complicados y no hubo ninguna llamada de nadie, ni de ningún magistrado ni por parte de la Fiscalía. 

“Fue un asunto como todos los demás, donde el Ministerio Público viene y sostiene su imputación, la formula y solicita medidas cautelares, y tan es así que no hubo indicación, que el Ministerio Público en el primero de los procesos, por un delito de cohecho, en el cual una persona se manifestaba agraviada en un hecho contra el servidor público judicial, y que venía sostenida con algunos otros datos de prueba, entonces el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva –contra Ricardo- y yo en particular no la concedí.

“Se concedieron medidas cautelares diferentes: se le dejó en inmediata libertad, nada más se decidió la separación provisional del cargo, y con esto queda evidencia de que se actuó conforme a la ley. Estos asuntos son difíciles porque se trata de un compañero, pero actué en estricto apego a la ley y aplicando mi criterio”.

- ¿Qué pasó con él, se va libre y luego regresa por otro asunto?. 

- Si, las personas que están sujetas a medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, están siendo supervisadas por una institución especializada para ello. Están sujetas a ciertas medidas a cumplir, es decir, saben que se tienen que portarse bien.

“El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público pedirá la prisión preventiva cuando una persona tiene una medida cautelar por delito doloso y luego tiene un segundo proceso. Entonces con la existencia de dos procesos, es suficiente para que en el segundo se imponga la prisión preventiva, que fue lo que en este caso pasó.

- ¿Él tuvo un segundo proceso?.

- Así es, y me toca otra vez a mi. Y con base en el artículo 167 el Ministerio Público solicita la prisión preventiva y entonces sí se concedió. Este sistema es benévolo cuando tienes un solo proceso, para la primera vez, pero ya en la segunda el sistema es duro. 

“En este sistema, el 40 por ciento de los asuntos se resuelven en lo que se llama procedimiento abreviado, que es una decisión informada y nosotros tratamos de corroborar si la persona imputada está tomando una decisión informada, voluntaria, sin presiones y para eso está la audiencia y por supuesto el defensor. Y el compañero aceptó el procedimiento abreviado en los dos asuntos”.

- ¿Cuando menciona tu nombre en el Congreso del Estado, qué pasó por tu mente?.

- Yo concuerdo en la lucha que ha tenido el compañero Ricardo, pero no en las formas. Insisto, hemos tratado de dar la pelea, los jueces del fueron común en el Estado hemos tenido momentos en los cuales hemos sentido que quizás no hemos sido valorados en nuestro trabajo, tenemos muchos años con condiciones laborales estancadas.

“Desde luego que hemos levantado la mano del por qué los jueces en activo no hemos sido considerados, por ejemplo, para los cargos de magistrado, pero también muchos de nosotros hemos elegido capacitarnos, subir nuestro nivel profesional, trabajar día con día, participar en foros, dar nuestras opiniones y de esta manera ganarnos el derecho a ser considerados para responsabilidades con base en nuestro perfil”.

- Pareciera que nada más llegan a magistrados los amigos del gobernador en turno.

- El sistema de elección de los magistrados en todas partes del mundo tiene un factor político y un factor jurídico. No hay ningún sistema de elección en el mundo que no contemple una participación de los otros poderes. Ha habido y es deseable que gente también de la sociedad civil, académicos, se incorporen al Poder Judicial como magistrados y es benéfico, pero lo que nosotros hemos pedido es que tendría que ser equilibrado, que también se voltee a ver a los jueces, a quienes hemos hecho carrera judicial y sobre todo, insisto, levantamos la mano mediante la preparación académica, profesional”.

ALGO GRAVE SUCEDIÓ 

Lo acontecido el miércoles en el Congreso del Estado podría, efectivamente, criticarse en la forma, pero para nada deben ignorarse las violaciones a los derechos humanos ocurridas a manos de funcionarios estatales de manera crónica, sistemática.

Algo sumamente grave sucedió, o sigue sucediendo, como para olvidarlas de un plumazo. 

No es cualquier cosa que el ex fiscal Édgar Veytia esté detenido en Estados Unidos. Hizo de su oficina un lugar de agresión física a muchas personas que, ahora se sabe y varias lo dijeron en el Congreso del Estado, pusieron al tanto de la situación al gobernador Roberto Sandoval Castañeda y no intentó poner remedio.

¿De qué tamaño es la responsabilidad del gobernador?.

Y por si algo faltaba, esta racha de violencia sin límite que tan sólo el domingo dejó 11 muertos en Tepic y el vecino poblado de San Cayetano.

(Rodrigo Benítez. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)