“Ficha roja” evidencia vacío de credibilidad del Gobierno de Nayarit

* La revelación de que no se solicitó la ficha roja para la búsqueda internacional del ex rector de la UAN, confirma una mentira institucional.

 

La revelación al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal de que la Fiscalía General del Estado (FGE) no solicitó la emisión de una ficha roja para la búsqueda internacional del ex rector Juan López Salazar, como probable responsable de los delitos de ejercicio indebido de funciones y de peculado, confirmó no sólo la mentira a la sociedad, sino que profundizó el vacío de credibilidad institucional que enfrenta el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, a poco más de dos meses de concluir su encargo.

En una nota de este reportero del lunes 10, a propósito de la negativa de amparo a López Salazar, se transcribieron partes del fallo. En lo tocante a la ficha roja, se explica en la resolución del juicio de garantías 592/2017:

“El director General de Procedimientos Internacionales y el director de Amparo en suplencia por ausencia del director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, ambos con sede en la Ciudad de México, manifestaron que no era cierto el acto reclamado.

“Además, el primero citado agregó que no se le había solicitado la emisión de una ficha roja”.

Se trata de informes oficiales a una autoridad federal que echan abajo las tantas declaraciones tanto del gobernador como el del ex fiscal Édgar Veytia, que aseguraban a la opinión pública la búsqueda del ex rector.

Cabe precisar que el Juzgado de Distrito hizo una primera referencia al informe en un acuerdo de finales del mes de abril, aproximadamente un mes después de la detención de Veytia en Estados Unidos, lo que no deja duda: era falso lo de la supuesta ficha.

Dada la importancia del documento, se transcribe otra parte, que explica el peso de la autoridad de la PGR que emitió el informe al Juzgado de Distrito:

“…en el caso se estima que no es procedente la presunción del acto reclamado, en virtud de que el director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, con sede en la Ciudad de México, manifestó que no era cierto el acto reclamado, siendo que dicha autoridad, con fundamento en el artículo 82, fracciones I, II, VI y XIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es la encargada de establecer con la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, canales de comunicación para el ejercicio de sus atribuciones en la búsqueda y localización de fugitivos, además que proponer al Titular de la Policía para su localización, los procedimientos de intercambio de información policial, entre la policía y las agencias policiales extranjeras, con base en los instrumentos internacionales cuya materia sea competencia de la Procuraduría.

“También, entre sus facultades, se encuentra la de fungir como enlace con agencias policiales extranjeras a fin de intercambiar información policial tendiente a la localización de fugitivos de la justicia mexicana fuera de territorio nacional, con la participación de la Agregaduría correspondiente, así como la de asumir las funciones de la Oficina Central Nacional INTERPOL-México y representar a la misma ante la Organización Internacional de Policía Criminal y las Oficinas Centrales Nacionales de otros países”.

Como ya fue indicado en este espacio, López Salazar presentó en el amparo copias de las notas periodísticas que hacen referencia a la ficha roja, pero las mismas, apuntó el juez federal Luis Armando Pérez Topete, “podrían acreditar que efectivamente se llevaron a cabo las propias publicaciones, pero en modo alguno, demuestran la veracidad de los hechos que se refieren en éstas, además que ni siquiera se tratan de los ejemplares del periódico donde se emitieron”.

Esa fue la razón por lo que fue sobreseído el amparo contra las autoridades que supuestamente sabían de la ficha roja. 

Y si se mintió de esa manera, la credibilidad queda por los suelos. Y eso repercute. Así, si en los últimos meses el gobernador ha enfrentado dos situaciones graves: ha dicho que no sabía de los probables malos pasos de Veytia y, de igual forma, que no se ha enriquecido ilícitamente –“tengo lo que he trabajado los últimos 18 años”-, pero ahora, frente a las evidencias, ¿cómo creerle, cómo?.