* Se argumenta una violación al estatuto jurídico puesto que no fue integrada una comisión mixta de escalafón, además de una discriminación a sus agremiados.
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo dio entrada a un amparo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), que busca tumbar numerosas bases sindicales –cientos, dicen algunos- que recientemente otorgó el gobernador Roberto Sandoval Castañeda.
Con el número 596/2017, el juicio de garantías fue admitido la semana pasada, luego de que el juzgado federal solicitó a la dirigente del SUTSEM Águeda Galicia Jiménez que precisara los actos reclamados.
De acuerdo con información de consulta pública, el sindicato reclama una “violación al Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal”, debido al “otorgamiento de bases sindicales”.
El gobernador y el secretario de Finanzas fueron identificados como autoridades responsables.
La audiencia constitucional para estudiar el fondo del asunto fue programada para el próximo cuatro de mayo.
El juzgado negó la suspensión provisional por tratarse de actos consumados; es decir, porque en todo caso las bases ya fueron otorgadas.
A través del subsecretario de asuntos jurídicos Aldo Becerra, el Gobierno del Estado emitió un primer informe en el que asentó que no son ciertos los actos reclamados.
Por su parte, el abogado del SUTSEM Gustavo Higareda explicó que se están recabando evidencias para acreditar ante el juzgado federal el cúmulo de bases sindicales otorgadas por Sandoval Castañeda en las últimas semanas.
Básicamente, el SUTSEM reclama que no se integró una comisión mixta de escalafón –con un representante del gobierno y otro del sindicato- para analizar los perfiles de los trabajadores a basificar, vigilando que entre ellos no se cuelen jefes, mandos, coordinadores; es decir, nadie que haya tenido subordinados.
Otro aspecto asentado en el amparo es la “discriminación” que padecieron los agremiados del SUTSEM, en razón de que puede haber nuevos basificados que de inmediato fueron inscritos con un mayor nivel, lo que les redituaría mejores ingresos económicos, frente a otros que durante muchos años han permanecido en el mismo nivel.
Así se explicó en el documento firmado por Águeda Galicia:
“…se violan los derechos laborales y humanos de los trabajadores sindicalizados que se encuentran agremiados al sindicato que represento, haciendo un acto de discriminación que atañe a los derechos humanos de mis representados, y como acto de discriminación, debe ser atendido por esta autoridad federal en forma oficiosa”…
La líder sindical añadió que diversos trabajadores le informaron que al firmar la nómina de pago de la primera quincena de marzo, se percataron que directores y jefes ya aparecen como sindicalizados “y con niveles salariales altos como lo son nivel seis y siete, que se establecen en el convenio colectivo laboral vigente”…
Según Higareda, en los últimos años cientos de agremiados del SUTSEM pasaron a jubilación pero esas plazas no fueron cubiertas por otros sutsemistas debido al conflicto con Sandoval, por lo que ahora son reclamadas ya que, dice, habrían sido entregadas a otro sindicato.
Agrega que, además, el asunto debería merecer una profunda investigación en cuanto a si esas plazas, a pesar de las jubilaciones, continuaron siendo presupuestadas aunque no eran pagadas; es decir, si el recurso era desviado y existió corrupción.
Localizado este martes en el citado Juzgado de Distrito, Higareda explicó que si el gobierno insiste, en su informe justificado, que no son ciertos los actos reclamados, bastaría con mostrar una nueva base para reclamar que la autoridad se conduce con falsedad.
En distintas oficinas públicas, muchos trabajadores afirman que personajes con mando ahora son sindicalizados.
El Juzgado Segundo de Distrito es el mismo que el año pasado concedió amparo al SUTSEM para que se le otorgara la toma de nota.
(Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)