* Debió utilizarse una estructura para monitorear todos los días a periódicos, noticieros de radio, la televisión, el Internet, y documentar agravios a quienes laboran en el Instituto Electoral, cuyos integrantes se han deslindado de la denuncia.
Más que a reporteros o directores de medios de información citados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), si alguien debe tener máximo interés en que al asunto se le dé carpetazo, que no se haga una diligencia más, es algunos de los siete consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE).
Y es que, cuanto más se ahonde en diligencias ministeriales, con mayor facilidad se identificaría a quienes fraguaron la denuncia y que la misma no es tan “anónima”, como lo ha citado la FEPADE.
Y entre los sospechosos están gentes del IEE que, sin embargo, ha remarcado en comunicados de prensa su respeto a los medios de información: “…los consejeros y consejeras insistieron en señalar que no existe denuncia alguna de su parte contra ningún periodista. Lo anterior fue manifestado por las consejeras y consejeros electorales Irma Carmina Cortés Sánchez, Álvaro Vidal Gutiérrez, Ana Georgina Guillén Solís, Sergio Flores Cánovas, Claudia Garnica Pineda, Sergio López Zúñiga, y el consejero presidente Celso Valderrama Delgado”…
El deslinde de los siete ha provocado un riesgo latente para el Instituto Electoral: y es que parece quedar en segundo plano el derecho que en todo caso tendrían especialmente las tres consejeras para reclamar una violencia política y de género, por ofensas hacia ellas en algunos medios de comunicación, mientras que ahora el asunto se ha centrado en saber quién lo llevó a la FEPADE, quién, sin dar la cara y su nombre, generó esa “denuncia anónima” que, se insiste, no lo parece tanto.
Diversos medios han apuntado a las tres consejeras porque, se conoce, a la FEPADE se hizo llegar el contenido de notas periodísticas con calificativos hacia ellas, relacionadas a propósito de la intención de acceder a un sueldo que podría oscilar en 90 mil pesos mensuales, lo que no lograron.
Otro aspecto bajo sospecha es el de la propia Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales: su pronta reacción para atender una “denuncia anónima” y avanzar en una carpeta de investigación, dista de los reclamos que se le hacen porque investiga lentamente delitos electorales documentados.
Aquí, aumenta la creencia de que hubo un plan para denunciar, pero se decidió por aparentar el anonimato, a sabiendas de que el caso avanzaría rápidamente.
Incluso, la FEPADE se llevó en la revuelta a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), ante quien este jueves periodistas locales entregaron una carta abierta para protestar por lo sucedido.
¿QUIÉN MONITOREA ASÍ?
La versión de que la denuncia surgió de alguna o varias consejeras ha tomado fuerza porque en la carpeta de investigación, se conoce extraoficialmente, estarían notas relacionadas especialmente de ellas, y si bien, se insiste, estarían en derecho de reclamar que las llamen “inútiles”, por citar un ejemplo, ahora, al deslindarse todos los consejeros, el IEE no la pasaría bien si se conoce la identidad de quien llevó el caso a la FEPADE, si por ahí se sabe de qué correo electrónico fue enviado el documento o cosas por el estilo.
Y es que resulta improbable que una persona sin relación con el Instituto Electoral estuviera monitoreando todos los días a periódicos, los noticieros de radio, la televisión, el Internet, para documentar puntualmente los agravios a las consejeras durante un tiempo considerable. Debió existir una estructura para tal fin.
Con todo ello, si la FEPADE continúa con la investigación, pronto se sabrá la identidad de quien generó la denuncia. O de quien posteriormente la habría alimentado.
Será cuestión de tiempo.
(Periodistas esta mañana. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)