* Un asunto laboral en el INEA que parecía menor ha terminado en el escritorio del Ejecutivo del Estado, y podría chispearlo.
El gobernador Roberto Sandoval Castañeda fue apercibido y podría imponérsele una multa equivalente a 100 salarios mínimos, en caso de que en los próximos días no gestione la aprobación de recursos para el acatamiento de una sentencia laboral.
El apercibimiento fue realizado por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo, después de que el Primer Tribunal Colegiado dio luz verde al incidente de inejecución de sentencia número 35/2013, relacionado con el despido, en octubre del 2012, de Onofre Velázquez Oliveros, trabajador del Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA).
Así, lo que parecía un asunto que debía solucionarse en instancias medianas, terminó alcanzando al Ejecutivo del Estado y de paso con un apercibimiento. Si no cumple, lo multan.
El caso confirmaría la excesiva confianza de funcionarios estatales de diversas áreas que no previeron que un asunto menor llegaría al escritorio del gobernador.
Lo anterior se acredita puesto que, incluso, ningún funcionario del INEA compareció a la Junta Local 1 de Conciliación y Arbitraje “a ninguna etapa, por lo que se le tuvo por inconforme de todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo respecto de las reclamaciones formuladas por el actor Onofre Velázquez Oliveros, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas”, según fue plasmado dentro el expediente laboral número 412/2012.
Por otra parte, la resolución de la justicia federal muestra el enfado por las trabas que instancias estatales han hecho para dar cumplimiento a la sentencia laboral. Y es que el INEA pretende un pago por una cantidad menor a la documentada por las autoridades que conocen este caso.
El Juzgado Primero de Distrito también ha solicitado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado que gestionen los recursos que necesita el INEA para el pago de la indemnización.
De manera extraoficial fue explicado que la Cámara de Diputados ya se deslindó del asunto, en tanto que Finanzas insistió en que ya fue cubierta la suma, en referencia a la expedición de dos cheques por algo más de 100 mil pesos.
En concreto, es un caso que debe resolverse, y ya, pues de otra forma continuará acechando no sólo al INEA, sino al gobernador.
De acuerdo con datos recogidos, un representante legal del Gobierno del Estado ha solicitado una prórroga para dar respuesta al Juzgado Primero de Distrito, que a mediados de marzo se refirió así al asunto:
“Requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento al fallo protector denominada gobernador constitucional del estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, tenga a bien informar los actos que realizará para gestionar y aprobar los recursos económicos destinados a la demandada Instituto Nayarita de Educación para Adultos, a fin de que se realice el pago al quejoso a que se condenó en el laudo dictado dentro del juicio laboral 412/2012, por la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit”.
(Oficinas del INEA en Tepic. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)