* El 60 por ciento de los consignados cuenta con ingresos por debajo de los cuatro mil 500 pesos mensuales, revela estudio del Poder Judicial.
* Pero, ¿acaso los adinerados no cometen delitos…o pagan por la impunidad?
Si el comentario popular indica que la cárcel es para los pobres, el estudio “Indicadores sobre el derecho a un juicio justo”, elaborado por el Poder Judicial del Estado, lo confirma.
Un dato: en Nayarit, de las “personas detenidas por consignación por nivel de ingreso”, el 60 por ciento corresponde a quienes ganan menos de cuatro mil 500 pesos mensuales; otro 22 por ciento gana entre cuatro mil 501 y 10 mil pesos; en tanto que apenas llega al uno por ciento de detenidos cuando la percepción mensual es entre 15 mil y 25 mil pesos mensuales.
La situación de pobreza, descrita en el documento, continúa agravándose respecto a las “personas procesadas”, es decir, a quienes ya se les dictó auto de formal prisión. Y es que aumenta a 69.20 por ciento cuando los niveles de ingreso son menores a cuatro mil 500 pesos. Por el contrario, el porcentaje de procesados es de sólo 0.15 de quienes ganan más de 25 mil pesos mensuales.
Así, para no variar “el número de personas sentenciadas en prisión” muestra similar comportamiento. Aquí los casos ascienden a 50.80 por ciento en ingresos menores a cuatro mil 500; 0.40 por ciento de 15 mil a 25 mil pesos; y 2.16 por ciento en percepciones mayores a 25 mil.
Aquí cabría cuestionarse si los adinerados acaso no cometen delitos, aunque la percepción de muchos es que tienen recursos para pagar buenos abogados…o compran impunidad.
Los “Indicadores sobre el derecho a un juicio justo” revelan los casos de 159 hombres y una mujer sentenciados pero con derecho a la libertad mediante la conmutación de la pena, sin embargo no cuentan con recursos económicos. Entre ellos se encuentran tres indígenas y 15 personas con alguna discapacidad.
En el mismo sentido se indicó que en el 69 por ciento de los juicios fue dictada sentencia dentro del término correspondiente, mientras que el 31 por ciento restante se hizo con exceso de tiempo.
PARA TOMAR MEDIDAS
El estudio, que también contempla otros rubros, fue dado a conocer el martes cinco en el Museo Interactivo de la llamada Ciudad del Conocimiento, ante la presencia de Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El magistrado presidente del Poder Judicial, Pedro Antonio Enríquez Soto consideró que la importancia de los indicadores es que deberían ser tomados en cuenta para el diseño de políticas públicas. Ejemplificó que en Estados Unidos hay firmas de abogados que decidieron tomar la defensa de las grandes masas de detenidos pobres, a cambio de beneficios fiscales que les ofrece el gobierno.
Por su parte, Javier Hernández coincidió que lo que ahora sigue es el diseño de políticas que afronten el problema de esa gran cantidad de detenidos pobres. Según su apunte, el documento también representa un avance en la transparencia.
Hernández Valencia consideró que las cárceles, especialmente en América Latina se han convertido en “grandes depósitos de olvido” donde existe una cruda realidad, como el autogobierno entre reos, la tortura o madres con hijos pequeños que ahí crecen.
El representante de Derechos Humanos de la ONU añadió que las prisiones en México no escapan a la cultura de la revancha, porque “mientras peor la pasen –los reos-, mejor nos sentimos”, y en cambio no hay una auditoria social para que los gobiernos inviertan en la dignidad de vida en las cárceles.
(Foto de jornada.unam.mx)