* Los dos defensores de Francisco, acusado del homicidio de su esposa, no objetaron ninguna de las decenas de preguntas ministeriales, ni tampoco sentaron “las bases” para pretender acreditar una contradicción de un testigo, por lo que el tribunal de enjuiciamiento resolvió que ambos litigantes no cuentan con las técnicas que exige el nuevo sistema de justicia.
Si, el primer juicio oral en Nayarit –cuya parte inicial se presentó ayer aquí-, bajo el escrutinio de un tribunal de enjuiciamiento integrado por tres jueces y con la asistencia de testigos, pasará a la historia…porque colapsó.
Y es que, más allá de si Francisco cometió o no el delito de homicidio calificado en agravio de su esposa Virginia -ambos muy jóvenes-, la mañana del 11 de marzo en Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, el asunto fue frenado este martes:
Por decisión unánime de los jueces César Octavio García Torres, Guillermo Romero Ríos y Armando Elías Martínez, presidente, relator y juez de juicio oral, se decidió suspender la audiencia al determinarse que los dos defensores de Francisco no cuentan con la técnica necesaria para enfrentar el delicado asunto.
La decisión fue tomada alrededor de las 12:30 del mediodía y después de un receso, puesto que la primera parte de la audiencia durante unas dos horas, contó con el testigo de nombre Jesús, perito en criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE) que aquella mañana arribó a Sayulita, tomó fotografías del lugar de los hechos y fijó diversos indicios, como el cuchillo con el cual fue atacada Virginia.
La agente del Ministerio Público Cecilia Dávalos, cabeza del equipo de la Fiscalía, efectuó decenas de preguntas a Jesús para que hablara de su trabajo en el caso particular, llevándolo a detallar las características del cuchillo y luego generó una situación para que el arma fuera mostrada en la sala por el mismo perito, explicada a detalle, sustraída de un sobre y utilizando guantes negros que fueron pasados por una persona del público a la agente ministerial.
Esa parte posteriormente resultó determinante en el proceso penal 164/2016.
También fueron mostradas en una pantalla las fotografías que tomó el perito, tanto en Sayulita como en el hospital de San Pancho, o de las heridas cortantes que presentó el cadáver de Virginia, así como en prendas que llevaba puesta y que tuvieron aberturas por el arma.
Por cierto, en ese momento se notó visiblemente conmovido a Francisco, por lo que el juez le recordó que podía seguir la audiencia en otra sala, a través de una pantalla. Prefirió quedarse.
Cuando tocó a la defensa interrogar al perito, se pretendió mostrar una contradicción entre el dictamen y su versión en la audiencia, citando que era distinto el número de heridas citadas.
- ¡Objeción!, que primero siente las bases para poder evidenciar la contradicción –replicó Cecilia Dávalos-.
Y ese “siente las bases” no fue posible para la defensa, que lo intentó una y dos veces, pero no logró ofrecer los elementos para que el propio dictamen del perito le fuera mostrado en la audiencia y acreditar una posible contradicción.
El juez César Octavio García comentó al defensor:
- Yo no le puedo decir cómo hacer el ejercicio, usted lo debe saber.
El ambiente resultaba incómodo para los defensores, en una sala a la que asistieron unas 30 personas.
Entonces la agente ministerial solicitó autorización para que ella y el defensor se acercaran al juez; hablaron en voz baja. Luego se anunció el receso, que duró unos 20 minutos.
Ya de regreso, Cecilia Dávalos mostró tener estatura: alertó al tribunal que era evidente la falta de conocimientos de los defensores en el nuevo sistema de justicia. Indicó que tanto el lunes como este martes realizó numerosas preguntas a testigos, algunas de ellas subjetivas, “¡y ninguna de ellas me las han objetado!”, “hay técnicas que los defensores desconocen”, por lo que consideró un riesgo que continuará el asunto en esas condiciones.
Siguió diciendo:
“Queremos que se haga justicia, pero no estando en desventaja el acusado. No puede continuar con esta defensa”. Incluso, alertó que se corría el riesgo de que en su momento se cayera una resolución sobre el caso.
Solicitó, pues, la apertura de un incidente para que el tribunal se pronunciara.
Ante ello, uno de los defensores señaló que “por un error involuntario” se había confundido el número de heridas en el dictamen con la versión del perito, por lo que retirarían la interrogante. Agregó que sí se cuentan con los conocimientos para llevar el caso.
Por su parte, el segundo defensor agregó que no objetaron ninguna pregunta de la Fiscalía para dar fluidez a la audiencia.
Cuestionado por el juez, Francisco, previa consulta con uno de sus abogados, pronunció que seguiría con ellos.
Los tres jueces se tomaron unos dos minutos para deliberar. García Torres pidió a una asistente de sala que la grabación no fuera suspendida. Y después anunció que con votación unánime de los jueces –tuvo que corregir, porque varias veces indicó que era votación por mayoría- se decidió retirar a los dos defensores.
El juez César Octavio García hizo referencia a lo marcado por la Constitución Política del país, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y coincidió con la fiscal en el sentido de que, si el asunto seguía en esas condiciones, en un futuro podría generarse la reposición del proceso por falta de una adecuada defensa.
“No basta –dijo- tener una cédula profesional” de abogado, porque el nuevo sistema de justicia obliga a conocer y poner en práctica diversas técnicas de litigación.
Añadió que en los dos días de diligencias judiciales, no hubo una sola objeción de la defensa, mientras que la Fiscalía presentó muchas, y la mayoría le prosperaron.
Se refirió a esa notable ausencia de “bases” para justificar que el dictamen le fuera mostrado al perito y acreditar una contradicción. No pudieron.
Así, declarado procedente el incidente ministerial, los dos defensores fueron retirados del asunto.
Explicado a detalle lo anterior, en especial a Francisco, García Torres le indicó que legalmente cuenta con tres días para nombrar un defensor particular y, si no lo hace en tiempo, el tribunal le designará un defensor público.
Después se reanudará el juicio.