* La toma de nota por la dirigencia del SUTSEM no tiene para cuando; a Galicia Jiménez le acaban de desechar un amparo.
* En un documento, la líder sindical consideró que hay falta grave a los trabajadores nayaritas, “no sólo particular, sino en las familias que dependen de ellos”.
A nueve meses de la elección de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), la respectiva toma de nota que debe ser inscrita en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) no tiene para cuando.
Pero si la estrategia del Gobierno del Estado es evitar la toma de nota durante el mandato de Roberto Sandoval Castañeda a favor del comité que encabeza Águeda Galicia Jiménez, irónicamente un aparente error jurídico del SUTSEM estaría, también, influyendo en ello.
Como ya es conocido, el magistrado de la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Miguel Ahumada Valenzuela, a principios de diciembre del 2014 concedió una suspensión a favor de los trabajadores
Obed Hernández Medina y Mario Alonso Alcántar Quiroz, para que el Tribunal de Conciliación se abstuviera de dictar la toma de nota respecto a la elección del 29 de noviembre.
Contra la resolución de Ahumada, el SUTSEM presentó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo, pero los contrarios interpusieron un recurso de queja contra esa admisión.
Según fue explicado, el Primer Tribunal Colegiado con oficinas en Tepic validó la queja y echó por tierra el amparo del SUTSEM, bajo el argumento de que antes de promover el juicio de garantías debió agotar un recurso ante el Pleno de la propia Sala Constitucional-Electoral, para inconformarse con el magistrado Ahumada Valenzuela.
Ahora, pues, el asunto está en manos de Ahumada y deberá resolver si son válidos los argumentos de los dos trabajadores –o ya sólo uno- por los denunciados vicios que se presentaron durante el proceso de la citada elección.
ÁGUEDA: “ES UNO CONTRA 9 MIL 500”
En el recurso de reclamación administrativa 5/2015 interpuesto por Águeda Galicia –por el sentido favorable que se dio a la queja de sus rivales-, la ex diputada local por el PRI reclamó al Primer Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal que el dicho de un solo trabajador, Obed Hernández Medina, esté por encima del beneficio de los más de nueve mil 500 trabajadores que integran la organización sindical.
Y es que, recordó que Mario Alonso Alcántar Quiroz ya no es parte del SUTSEM, sino que formó un sindicato conocido como SUTSEN, del que es secretario general.
Águeda Galicia puntualizó:
“Me causa agravio el proyecto de resolución, notificado con fecha ocho de junio del año 2015, emitido por este Tribunal Colegiado, toda vez que para su dictado no fue considerada la falta grave que se causa a más de 9,500 trabajadores sindicalizados, que se encuentran afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), pues al no entregar la toma de nota por orden de la autoridad señalada como responsable, Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, implica un desconocimiento a la determinación de su asamblea general y elección de sus dirigentes, con lo cual se priva a la organización sindical a realizar la revisión de las condiciones generales de trabajo, los incrementos salariales y el total cumplimiento del contrato colectivo vigente, signado por la organización sindical y la parte patronal, Ejecutivo del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo y descentralizadas de carácter estatal, con lo cual se causa un grave perjuicio, tanto en sus derechos laborales contractuales como en su economía, no sólo particular, sino en las familias que dependen de ellos”.
Más adelante, Águeda Galicia se preguntó si el dicho de una persona puede estar por encima del “interés del grueso de los trabajadores que conforman el sindicato, que como se estableció lo constituyen más de 9, 500 trabajadores sindicalizados, mismos que votaron a favor de la dirigencia que hoy se conoce, generando un grave perjuicio irreparable en su contra.
“Es por ello que debe de establecerse la supremacía del daño grave e irreparable ocasionado por la autoridad responsable Sala Constitucional Electoral, a la reclamación de una supuesta afectación de una persona, que en lo general no establece el daño grave que le causa el proceso electoral del cual no fue parte”…
Así, el litigio por la toma de nota por el momento está en el terreno del magistrado Ahumada Valenzuela, identificado como cercano al gobernador Roberto Sandoval.
(Águeda Galicia. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)