* Habrá que esperar para conocer si quien durante años ha sido el personaje más cercano al gobernador, es incluido en una de las ternas para una magistratura y designado como tal.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
Entre las páginas 136 y 139 del libro “Germán Rodríguez: Así lo Viví”, escrito por este reportero, el maestro y abogado Javier Germán Rodríguez Jiménez -un referente como rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)-, reconstruye que en el 2001 el magistrado presidente Adán Meza Barajas violó la Constitución al haber aceptado, en un dos por tres, el nombramiento que hizo el gobernador Antonio Echevarría Domínguez como secretario General de Gobierno.
Fallecido en febrero del 2019, Rodríguez Jiménez recordó en la entrevista convertida en libro:
- La reacción que tuvo el Tribunal, viendo la gravedad del asunto, lo destituimos. A los meses terminamos destituyéndolo. Pero esa situación sí nos golpeó porque siempre estaba el señalamiento de “ustedes consintieron”.
- Porque en todo caso lo hubieran destituido como magistrado…
- ¡Al momento! Te vas para allá, quedaste fuera; eso sí nos pegó (…)
- ¿Pasó mucho tiempo para que lo destituyeran?
- Sí, y a regañadientes, pero finalmente se hizo, pero fuera de tiempo y caemos a lo mismo: la influencia del gobernador, la falta de independencia.
Rodríguez Jiménez fue magistrado en diferentes épocas: una parte en el gobierno de Rogelio Flores Curiel, otra con Celso Humberto Delgado, y una más con Echevarría Domínguez y Ney González Sánchez, coincidiendo que con estos últimos fue presidente del TSJ, entre 2003 y 2007.
El tema de la falta de independencia del Poder Judicial fue narrado en diversos capítulos del libro.
Por ejemplo, anotó:
“No, no hay independencia, a pesar inclusive de que yo hice muchos esfuerzos para eso, no lo logramos totalmente
“En la primera vez que estuve de magistrado, las decisiones importantes las consultaba don Pedro Ponce con el gobernador. Y en la segunda ocasión con Celso, realmente no había una independencia tal porque Ramón Torís prácticamente andaba de acompañante permanente del gobernador.”
Se recuerda lo sucedido en el 2001 por una similitud de hechos, dado que este jueves 22 el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero nombró como secretaria General de Gobierno a Rocío Esther González García, el mismo día que el Pleno de Magistrados le concedió licencia por 90 días como magistrada del Tribunal Superior, donde era presidenta.
Junto a los magistrados Miguel Ahumada Valenzuela y Alfredo Becerra Anzaldo, Rocío Esther González termina su periodo de 10 años en septiembre próximo, lo que coincide con los 90 días de licencia a la magistratura.
La designación confirma nuevamente la falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, una situación que, de hecho, se advertía en los últimos tiempos: la constante presencia de González García en eventos del Poder Ejecutivo, tales como conferencias de prensa. Llamaba la atención que Rocío Esther no efectuara conferencias por su cuenta, pero sí acudiera a las del Gobierno del Estado.
Por cierto, Rocío fue una cercana colaboradora del maestro Germán Rodríguez cuando fue magistrado presidente.
Pero esta situación, que muestra a un Poder Judicial del Estado en debilidad frente al Poder Ejecutivo, contrasta, por ejemplo, con lo que está sucediendo en el ámbito federal, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, está soportando constantes descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios del Gobierno Federal, sin que haya hecho mella para que se resuelvan asuntos en contra a como quiere el presidente.
Precisamente esa lucha por mantener la autonomía del Poder Judicial Federal debería derramar a los poderes judiciales de los estados.
Aquí conviene precisar que no se critica o pone en duda la capacidad de González García, o la confianza que le guarda el gobernador, sino simplemente que ella viene en un pase directo del Poder Judicial al Ejecutivo y esto daña a la separación de poderes de que se goza en México.
No es sano.
Pero ahora, según parece, el asunto no quedará ahí puesto que una reciente reforma del Congreso del Estado a la Constitución Política del Estado abre la posibilidad para que los titulares de secretarías del Ejecutivo puedan ser nombrados magistrados sin que haya transcurrido al menos un año de su separación del cargo, como se precisaba, sino tan sólo 90 días.
La reforma podría tener como beneficiario a Juan Antonio Echeagaray Becerra, ahora ex secretario General de Gobierno, salvo por un aspecto que varios abogados han advertido: que la Constitución local no puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sí exige al menos un año de separación del cargo para acceder a una magistratura.
Por lo anterior, habrá que esperar a próximas semanas, quizás entre agosto o septiembre, para conocer si quien durante muchos años ha sido el personaje más cercano al gobernador es incluido en una de las ternas para una magistratura y designado como tal, o si reaparece en la escena pública con nuevo cargo o esperando el próximo escenario electoral.
Tras la designación de González García, el Pleno de Magistrados designó a Norma Alicia Haro Cruz como magistrada presidenta durante 90 días.
(El gobernador y la secretaria General. Foto: Gobierno del Estado)
22 años después, la historia se repite
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