* La falta a la suspensión definitiva se habría dado porque policías impidieron que abogados del notario sacaran de la oficina tomos relacionados con una causa penal.
* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza)
El Juzgado Primero de Distrito en Tepic solicitó a un agente del Ministerio Público Federal, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), el inicio de una investigación por la violación a una suspensión definitiva en el juicio de amparo 880/2022 que en diciembre del año pasado presentó el notario público número 7, Arturo Díaz González, luego de la ejecución de una orden de cateo, aseguramiento, inmovilización registral y catastral autorizada por un juez de Control en el inmueble donde tiene su oficina, en calle Abasolo 47, a escasos 100 metros de Palacio de Gobierno.
A mediados del mes de mayo, el Juzgado de Distrito pidió a una agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) que tomara inmediatas acciones para que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y otros policías estatales, especialmente los que participan en la investigación contra Arturo Díaz o realizan guardia afuera de la notaría, tuvieran conocimiento de la suspensión definitiva.
Sin embargo, dado que no se tuvo evidencia de haberse cumplido el requerimiento, se dio vista al Ministerio Público Federal para que investigue y realice las diligencias que considere necesarias para constatar la probable comisión de un delito.
Se deduce que esta semana finalmente se habría acatado la orden judicial de cumplir con la suspensión definitiva dictada el 27 de diciembre, fecha en que el notario aún gozaba de libertad, dado que fue aprehendido el cinco de marzo de este año y ha sido imputado en cuatro causas penales por probables delitos relacionados con la función notarial, mismos que, de acuerdo con la FGE, tendrían relación con ilícitos cometidos en la época del gobierno de Ney González Sánchez, sobre quien pesan varias órdenes de aprehensión.
El asunto es que, según lo reclamado ante el Juzgado de Distrito, en la última semana de abril varios policías estatales impidieron que abogados de Arturo Díaz sacaran de la notaría varios tomos relacionados con uno de los expedientes que se le siguen y que necesitaban para consulta durante una próxima audiencia.
Incluso se les habría indicado que si insistían en llevarse los documentos podrían ser detenidos y presentados ante un Ministerio Público.
La suspensión definitiva fue dictada el 27 de diciembre y, según recordó el Juzgado de Distrito, fue concedida en los siguientes términos:
“…al haber quedado demostrado el interés suspensional del peticionario de amparo respecto del bien inmueble asegurado y, en concordancia con lo resuelto en la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de queja 946/2022, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia.
“Es de precisar que el efecto de la presente medida cautelar, es para que el bien inmueble asegurado continúe a disposición de las autoridades responsables, con la precisión de que no podrán rematar o transmitir la propiedad en favor de terceros o transferirlo a alguna otra autoridad, o bien, transmitir la posesión en favor de un tercero, hasta en tanto se les notifique el acuerdo en el que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente (…)
“La medida cautelar tiene el efecto de tracto sucesivo que se genera con la ejecución del aseguramiento reclamado, de que no se impida al quejoso Arturo Díaz González el libre acceso al inmueble y, por ende, su uso y disfrute, ni se entorpezca mayormente el ejercicio de los derechos que legalmente le asisten, en tanto propietario del mismo, y, tampoco se le limite el ejercicio de la función notarial…”
A partir de la suspensión definitiva se pidió retirar los sellos alusivos al aseguramiento, colocados en la parte exterior de la notaría.
Y se agregó lo siguiente:
“En el entendido que la suspensión no impide que la autoridad competente continúe desarrollando la indagatoria en los términos que legalmente corresponda; esto es, la concesión de la medida cautelar no demerita el ejercicio de las facultades constitucionales de investigación encomendadas al agente del Ministerio Público, en cuanto a la investigación y persecución de los delitos, como tampoco el que, de ser el caso, se dé al interesado que lo solicite, cuando sea legalmente procedente, la respectiva información acerca del estado legal del inmueble asegurado, a través de las vías o medios conducentes.”
El fallo del Juzgado de Distrito sobre la violación a la suspensión definitiva también hace referencia a un video que muestra a tres policías, así como a un hombre y una mujer cargando y descargando tomos de un automóvil, en el exterior de la notaría 7.
El Juzgado de Distrito consideró que la agencia del Ministerio Público debió tomar medidas para que los policías que cumplían funciones de vigilancia al exterior de la notaría tuvieran conocimiento de los términos en que fue concedida la suspensión definitiva y la acataran.
Finalmente, esta semana se habría cumplido con lo anterior, aunque la investigación en la FGR ya está en curso.
Díaz González, ha sido informado en este espacio, se encuentra recluido en la penal de Tepic, con la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el cuarto expediente, mientras que en los tres primeros hace unos días ya estaba por cumplirse con la garantía económica que le fue fijada.
Proceso de notario Arturo Díaz se recrudece; dan vista a FGR por violación a suspensión definitiva
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