Ex rector Juan López asegura que no desvió recursos de la UAN; Tribunal Colegiado le niega amparo

* Insiste que su patrimonio no se incrementó, y que transferencias investigadas corresponden a pago de préstamos que recibió la Universidad Autónoma de Nayarit.

 

El Primer Tribunal Colegiado con oficinas en esta ciudad ha negado amparo al ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Juan López Salazar, contra quien pesa una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y enriquecimiento ilícito.

La resolución fue dictada en el amparo en revisión 499/2019, relacionada con el juicio 1555/2018 del Juzgado Tercero de Distrito que el año pasado le negó la protección de la justicia federal.

De acuerdo con datos recogidos, López Salazar insiste que no desvió recursos de la casa de estudios y que, por el contrario, se obtuvieron créditos para hacer frente a la crisis financiera.

Por ejemplo, se explicó uno de sus argumentos:

“…el juez de Distrito debió extraer que en sus funciones de rector tenía facultades para obtener créditos y así enfrentar el problema financiero de la Universidad, por ello celebró diversos actos para obtener créditos con los que enfrentó pagos urgentes ante la ausencia de ingresos oficiales, por lo que, una vez que se obtuvieron los recursos federales se procedió al pago de los préstamos, que estuvieron previamente autorizados por el Consejo General Universitario…”

Cabe añadir que lo anterior ha sido uno de los argumentos planteados en audiencias judiciales, a las que ha asistido este reportero, respecto a otros imputados ya vinculados a proceso; es decir, que no existió mal uso de recursos, sino que la Universidad recibió préstamos de particulares y posteriormente realizó pagos por ello, sumado a los intereses.

El fallo del Colegiado precisa uno más de los argumentos de López Salazar:  

“Aduce que no se encuentra demostrado con dato de prueba alguno que él desvió la cantidad reprochada, pues se debió demostrar quién se quedó sin sueldo, qué acreedor no recibió su recurso por haberse empleado en diverso proyecto o que fue aprovechado para su persona, además de que no se demuestra que hubiere incrementado su patrimonio en forma diferente a como es su haber legítimo.”

 

Sin embargo, el amparo en revisión apoya lo planteado por el Juzgado de Distrito sobre el papel del ex rector: 

“…particularmente, la instrucción a dos de sus subordinadas a efecto de obtener fondos públicos para aplicarlos de forma distinta a la que estaban destinados, asimismo, se detectaron transferencias hacia proveedores, sin justificar o comprobar la institucionalización de los recursos, al no obrar datos de que los beneficiarios hubieran proporcionado los servicios que referían las pólizas…”

Se abundó más adelante:

“…precisó el juez responsable que los datos de prueba existentes en el sumario evidencian que el investigado (…) utilizó a su favor ser trabajador de la institución, específicamente rector de dicha entidad pública, y tener control de la contabilidad y manejo de los recursos financieros y adjudicarse los recursos para su beneficio y no para sustentar la inversión a la institución.”

 

Al negar la petición de amparo, el Tribunal Colegiado precisa que será en juicio donde se decidirá la probable responsabilidad del quejoso:

“Se insiste, hasta la fase procesal en que se encuentra el juicio, la probable participación que se atribuye al recurrente deriva de que en su calidad de rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el periodo comprendido del nueve de junio de dos mil diez al ocho de junio de dos mil dieciséis, instruyó a dos de sus subordinadas a efecto de obtener fondos públicos para aplicarlos de forma distinta a la que estaban destinados, es decir, realizar transferencias a las cuentas de (…), por lo que en su caso, será en las distintas etapas del proceso penal, donde habrá de decidirse si le resulta o no responsabilidad en la comisión de los delitos señalados…”

 

El estudio del Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal fue votado de manera unánime por los magistrados Enrique Zayas Roldán y Ramón Medina de la Torre, así como Jaime Rodríguez Castro, secretario de Tribunal en funciones de magistrado.

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