Niegan amparo a Roy Rubio por delito de amenazas agravadas; sigue en prisión

* Se trata de hechos en que un terreno de más de tres mil metros llegó a manos del chofer de Roy, y en el mismo día lo transfirió a éste.

 

El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal negó la protección de la Justicia Federal a Roy Rubio Salazar respecto al auto de vinculación a proceso que en junio reciente dictó un juez de control por el delito de amenazas agravadas, una de las tres causas penales que se le siguen.

En su momento detallado por este reportero, se trata de un hecho acontecido en septiembre del 2012, cuando Francisco Pérez Orta –compadre del propio Roy- padeció amenazas de sujetos que portaban armas de fuego, motivando que cumpliera la indicación de firmar el traslado de dominio de un terreno de más de tres mil metros cuadrados, ubicado en la colonia Colinas del Rey, a un joven identificado como César “N” “N” –también imputado- que en ese tiempo era chofer de Rubio Salazar, entonces secretario de la Contraloría estatal.

Se ha indicado que aquel 11 de septiembre, César no sólo recibió el terreno por el que supuestamente pagó un millón 10 mil pesos -el denunciante asegura que no recibió el dinero-, sino que el mismo día lo transfirió a favor de su jefe.

Para la Fiscalía General del Estado (FGE), César habría sido utilizado como prestanombres del que posteriormente sería titular de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), actualmente suspendido del cargo y recluido en la penal de Tepic.

 

En la resolución del amparo 665/2019, el Juzgado de Distrito presenta un análisis en que describe el camino que cumple el citado César: firma la escritura 37 mil 506 para recibir el terreno y, el mismo día, “otorgó poder especial para actos de dominio a favor de Roy Rubio Salazar, el cual quedó registrado bajo el instrumento notarial 37, 507”, ambos de la notaría 8.

Explica la autoridad del Poder Judicial Federal:

“…en cuanto a la probabilidad de que el imputado haya cometido los hechos que la ley señala como el delito de amenazas agravadas, el suscrito comulga con la autoridad responsable, en el sentido de encontrarse justificada con los datos y pruebas expuestos en audiencia, lo que constata que el quejoso pudo haber cometido o participado junto con otras personas, en el hecho de amenazar al ofendido con el propósito de obtener el bien inmueble propiedad de éste último.”

Agrega:

“En el caso particular, se considera ajustada a derecho la actuación de la responsable, al considerar que los datos de prueba reseñados por la representación social, eran suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley marca como delito, así como la probabilidad de que el acusado lo cometió o participó en su comisión”.

Y también:

“Además, dichas amenazas se pueden establecer válidamente, ya que en ese mismo día, en la misma notaría, César (…) otorgó poder especial para actos de dominio en favor de su entonces superior jerárquico Roy Rubio Salazar, el cual quedó registrado bajo el instrumento notarial 37,507 (…), esto es, el consecutivo del diverso traslativo de dominio que se realizó por las amenazas que se estudian; afectándose con ello el patrimonio de Francisco Pérez Orta, quien aún adeuda al propietario original parte del precio de dicho terreno, hechos que se califican como delito de amenazas agravadas”.

Concluye:

“En razón de lo anterior, al resultar infundados los preceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y dado que este órgano de control constitucional, al analizar de modo oficioso y general el acto reclamado, no advierte deficiencia en la queja que sea necesario suplir (…), ni tampoco se advierte transgresión alguna al orden constitucional ni a derechos fundamentales, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa…”

 

Cabe añadir que el juicio de amparo no está firme, por lo que Roy Rubio podrá interponer un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

Además de la causa penal 762/2019 por amenazas agravadas, el auditor suspendido enfrenta otras dos, una por peculado y otra por falsificación de documentos, esta última relacionada con la primera.

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