Tribunal Colegiado rechaza reinstalar a Pedro Antonio Enríquez como magistrado

* Magistrados federales se pronuncian para que el  quejoso reciba el 30% del salario; Enríquez considera que debe preservarse el principio de presunción de inocencia.

 

El Segundo Tribunal Colegiado con oficinas en Tepic rechazó restituir a Pedro Antonio Enríquez Soto como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cargo del que fue suspendido el 13 de febrero por resolución mayoritaria del Pleno de Magistrados.

De acuerdo con una resolución dentro del número de queja 112/2019, presentada por Enríquez Soto en contra del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo, ante el cual tramita el amparo 217/2019, sólo se le concedió la suspensión provisional para que “se le otorgue el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia o ‘mínimo vital’, equivalente al treinta por ciento de su ingreso real…”, aunque ello había sido dispuesto por el Pleno cuando se resolvió la suspensión temporal.

Por unanimidad de votos de los magistrados del Poder Judicial de la Federación Carlos Alberto Martínez Hernández, Rodolfo Munguía Rojas y Fernando Rochín García, el fallo conocido este miércoles precisa:

“Cabe enfatizar que el alcance de la suspensión provisional que se otorga no es para que se restituya al quejoso en el cargo de magistrado, sino para que se cumpla la determinación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quien ordenará que se gire oficio al jefe de departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para el efecto de que se otorgue al quejoso el citado mínimo vital…”

Según la información recabada, Enríquez solicitó la restitución como magistrado, considerando que con ello “se estaría preservando el principio de presunción de inocencia y la apariencia del buen derecho”, además de pretender frenar la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra.

Como es conocido, Pedro Antonio es uno de numerosos funcionarios judiciales presuntamente implicados en el caso INFONAVIT-Poder Judicial que generó decenas de miles de demandas ficticias en los juzgados de Xalisco, Compostela y dos más de Bahía de Banderas.

En el fallo, se detalla que en el informe que rindió el magistrado presidente Ismael González Parra al Juzgado de Distrito, se hace referencia a una denuncia de hechos que cita acciones presuntamente indebidas por parte del hoy suspendido, como el haber firmado, el 10 de octubre del 2013, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, un convenio de colaboración institucional con el INFONAVIT, por lo que “comprometió al Poder Judicial del Estado para brindar ‘economía procesal’ en las demandas que eventualmente se presentaran por parte del INFONAVIT. Convenio que sirvió de justificación para tramitar los juicios hipotecarios en contravención a las disposiciones legales aplicables.”

Igualmente, en el documento se indica que en abril del 2017 el entonces magistrado presidente fue enterado de irregularidades que se cometían en el Juzgado de Compostela, sin que ordenara una investigación por parte de los órganos internos ni diera vista al agente del Ministerio Público.

El resolutivo de la queja explica que “…no procede la reinstalación temporal, pues además se desconocen las consecuencias tanto del sentido en que se dictará la resolución de responsabilidad administrativa y en su caso si la posible conducta infractora se calificará grave o no; de tal manera que si no existe la certeza de que el servidor público podría seguir en el cargo, aún después de la resolución terminal del procedimiento, tampoco es procedente conceder la suspensión provisional…”

Cabe precisar que la presente no es una sentencia definitiva puesto que en el amparo principal, del Juzgado Segundo de Distrito, aún no se efectúa la audiencia constitucional; la misma podría tenerse en la segunda quincena de abril.

Enríquez y otros funcionarios judiciales suspendidos libran una batalla no sólo contra instancias del Poder Judicial, sino contra el Congreso del Estado que pretende retirarles el fuero y contra la Fiscalía General del Estado (FGE) que busca llevarlos a juicio por diversos delitos.

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