Se veía venir zarpazo de la Corte a Congreso del Estado por Tribunal Administrativo

* La Cámara de Diputados local se puso en la mira del máximo órgano judicial del país al pretender un juicio político en paquete contra cuatro magistrados, pero sin quedar claro cuál fue la falta cometida.

 

Hace un mes, una nota de este reportero advertía que el Congreso del Estado se ponía en la mira de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al insistir en un procedimiento de juicio político en paquete, en contra de los cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En la información de entonces fue citado que era inminente que de alguna forma la SCJN conocería el asunto, ya discutido en reuniones de magistrados administrativos de todo el país, que alertaban un riesgo en la independencia de impartición de justicia.

Incluso, se reveló que los magistrados administrativos Jesús Ramírez de la Torre, Raymundo García Chávez, Catalina Ruiz Ruiz y Agustín Flores Díaz se entrevistaron con la ministra Margarita Luna Ramos para plantear la situación.

Hoy la pregunta vuelve a cobrar fuerza: ¿con base en qué la Cámara de Diputados pretende la destitución, de un jalón, de los cuatro magistrados?, ¿cuál fue la falta cometida?, ¿cuál es la razón legal?.

Efectivamente, se conoce que en la conformación del TJA influyó por completo el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, pero esa cuestión de manoseo de Sandoval no basta, sino que debe haber una causa grave cometida por los magistrados para proceder en su contra.

Es de sobra conocido que Raymundo García Chávez ‘Mundito’, ex secretario de Roberto Sandoval, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y han sido asegurados numerosos bienes a nombre de su mamá con un valor que podría sumar decenas de millones de pesos, lo que obliga a cuestionar, a insistir, por qué el afán de un juicio político contra todos los magistrados y no, en todo caso, concentrarse en el caso García Chávez.

LA CORTE CONCEDE SUSPENSIÓN A MAGISTRADOS

El reciente 28 de mayo, el ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión para que las cosas se mantengan en el estado de guardan, a propósito de la controversia constitucional 104/2018 presentada por el TJA contra el Congreso del Estado.

Es decir, el asunto ya está en terrenos del máximo órgano judicial del país.

Así se explica en el respectivo acuerdo:

“…procede conceder la suspensión solicitada, para el efecto de que no se ejecuten las resoluciones finales que puedan dictarse en los procedimientos de las denuncias de juicio político JP/CE/03/2017 y JP/CE/05/2017, contra los Magistrados que actualmente integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto, por lo que el órgano legislativo estatal deberá abstenerse de ejecutar lo resuelto en los procedimientos instruidos, pues de llevarse a cabo se dejaría sin materia el fondo del asunto.

“Esta medida cautelar concedida deberá hacerse efectiva por parte del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y a través de sus órganos subordinados.

“Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que únicamente se pretende salvaguardar la integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, su autonomía constitucional, la independencia judicial, así como las garantías inherentes a la función jurisdiccional que tiene a su cargo, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país, además que no se causa un daño a la sociedad (…).

“ACUERDA

“I.- Se concede la suspensión solicitada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, para que no se ejecuten las resoluciones finales que puedan dictarse en los procedimientos de las denuncias de juicio político JP/CE/03/2017 y JP/CE/05/2017, conforme a lo señalado en este proveído, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”.

Un dato que debe plasmarse es que la controversia constitucional no es sólo contra el Congreso del Estado, sino que también incluye al Senado y a la Cámara de Diputados Federal, y es que los magistrados advierten que existe una imposibilidad jurídica para defender la autonomía e independencia del TJA, y que ello puede afectar a otros entes similares en el país.

(La Suprema Corte)