Leti, Luz y Oyuki: así es la vida de una agente del Ministerio Público

* Las tres abogadas detallan algunas de sus dramáticas vivencias: desde quedar atrapada en una balacera, o permanecer oculta dos semanas por miedo a una aprehensión, o ser despedida junto a otras compañeras por estar embarazada.

 

Transcurría el año 1994. 

Ana Leticia Rojas Olivo tenía unos meses como agente del Ministerio Público cuando fue llamada para presentarse a la oficina del subprocurador General de Justicia, Juan Ramón Sánchez Leal.

En la oficina de Palacio de Gobierno coincidió con otras tres compañeras, las cuatro en la misma situación: estaban embarazadas.

Sánchez Leal les comunicó que se les había despedido por indicaciones del procurador Sigfrido de la Torre Miramontes, precisamente a causa del embarazo. 

Palabras más, palabras menos, Rojas Olivo recuerda lo que dijo el alto funcionario:

“Ya no van a rendir igual, mejor váyanse a atender a sus hijos, a sus maridos”.

Ninguna reclamó y abandonaron la oficina; tampoco denunciaron el atropello a sus derechos humanos, laborales, a la salud. El impacto en la economía fue inmediato, recuerda Ana Leticia.

Unos meses después, nacidos sus hijos, las abogadas buscaron al procurador. Querían recuperar su trabajo. “No va ser posible, espérense un tiempo”, les dijo Sigfrido.

Pero unos meses más adelante, una a una regresó a sus puestos, en el caso de Ana Leticia como agente ministerial con oficinas en Tránsito del Estado. 

Un año antes había sacado muebles con un crédito de FONACOT y el pago se le descontaba de su cheque. Para su sorpresa, aunque estuvo un año fuera de la institución se dio cuenta que no tenía deudas con FONACOT, aunque 23 años después supo que aquel año perdido no le contó al obtener su pensión, lo que la hace deducir que su cheque sí fue cobrado cuando ella estuvo cesada. Y bromea: quien se quedaba con su dinero, “al menos sí pagaba mi crédito en FONACOT”.

Pero el miedo de las mujeres a ser despedidas por embarazo pronto cundió en la entonces Procuraduría General de Justicia. Trataban de evitar ser vistas por el procurador o el subprocurador, que tenían oficina en Palacio de Gobierno. Ni por casualidad pasaban por ahí.

Con ese antecedente, un día de enero de 1995 Luz María Luna Miramontes trabajaba en la guardia de Detenidos, por calle Victoria entre San Luis y Ures, cuando se le reventó la fuente. Pronto nacería su hija.

Apurado, un agente ministerial quería llamar a una ambulancia pero Luz María lo frenó: “¡no, no, no le hable a nadie!”. Ella se comunicó con su familia, le llevaron ropa limpia, se cambió y cumplió con el horario de trabajo. “Terminé de declarar a un detenido como a las ocho de la noche y después me fui a mi casa”.

Su hija nació en la madrugada siguiente, en un parto por cesárea. 

Pero tres días después un compañero la localizó por teléfono, preocupado: “¿Luz, puedes venir?”. Y es que en un rato estarían en la oficina los altos mandos de la Procuraduría General. Así sucedió: se puso una faja, se trasladó a la oficina, se sentó a un escritorio y escribía en una máquina cuando Sigfrido de la Torre, Sánchez Leal y el subprocurador técnico Jorge Arturo Chávez pasaron por ahí.

“¿Todo bien por aquí?, ¿Luz, cómo estás?”, la saludaron. Ella respondió con una sonrisa.

Como podía, la abogada cumplía con el trabajo. Pero el 31 de enero su cheque fue retenido. “Tú no estás trabajando”, le indicó un jefe administrativo.

Luna Miramontes se entrevistó con Sánchez Leal y se comprometió a no llevar a su bebé a su trabajo; él, le dijo, hablaría con Sigfrido para que no fuera despedida. Finalmente le pagaron y la dejaron en paz, pero tres semanas después le llegó el cambio a la agencia ministerial de Rosamorada. Y se fue. Su mamá se quedó al cuidado de la niña.

ARRAIGADA

Era el año 2009. 

De manera circunstancial, la misma Ana Leticia Rojas se enteró que contra su compañera Diana Oyuki Rivera Murillo se había girado una orden de aprehensión, solicitada por la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Y de inmediato puso en alerta a Diana Oyuki y a los mandos de la Procuraduría. Era de noche cuando a la agente ministerial le avisaron que no saliera de su casa, y minutos después se montó un operativo de protección entre sus compañeros. Fue recogida y llevada a otro domicilio de un familiar, apenas llevándose lo indispensable para ella y para su pequeño hijo, que entonces asistía a preescolar.

La propia Diana Oyuki recuerda que el dramático episodio ocurrió al mismo tiempo que estaba de moda la influenza, puesto que fue el pretexto que comunicó en el kínder para no llevar al niño durante dos semanas.

“Salí huyendo con mi hijo, con mucho miedo, y cuando regresé a mi casa todo estaba echado a perder, la comida que había dejado. Cuando salí otra vez a la calle tenía psicosis, mucho miedo. Recuerdo que venimos a comprar unas cosas a Soriana y a la entrada vi a unos policías federales y yo creí que iban a detenerme”.

De acuerdo con su explicación, un asunto menor de un sujeto detenido con un arma de fuego y liberado mediante una caución –previa consulta con sus superiores-, fue el pretexto de un funcionario de la PGR para consignarla, aunque un Juzgado de Distrito negó la orden de aprehensión.

Añade que tiempo después un agente ministerial federal le confió haber sido él quien la consignó, pero presionado por un superior, que así pretendía ajustar cuentas con un alto mando de la Procuraduría.

Curiosamente, Diana Oyuki también fue despedida, pero años antes y por el mismo Sánchez Leal, que la culpó de un lío que se armó en torno a una denuncia de robo. Precisa que aún guarda el periódico donde este reportero plasmó que, como suele pasar, el hilo se reventó por lo más delgado.

Pero igual que Ana Leticia, Diana Oyuki estuvo de regreso a la vuelta de unos dos años, tiempo que aprovechó para terminar su tesis, titularse y atender otros pendientes.

Y si de despidos se trata, Luz María también tuvo el suyo: una mañana terminaba una guardia cuando le notificaron de una persona hospitalizada por ingerir raticida, la cual, al declarar contó que en su casa estaba un familiar en similares condiciones. 

Según Luz María, lo tocante a la segunda persona se lo dejó a la guardia entrante, de lo que estuvo enterado su superior inmediato, pero dos días después que se presentó a trabajar –cumplía guardias de 24 horas por 48 de descanso- fue citada por el subprocurador técnico Chávez. Fue despedida junto a otros tres funcionarios. Un medio año después, recuperó su trabajo.

En el caso de Luz María habría que añadir que en una ocasión, de laborar en Tepic en un dos por tres  la mandaron adscrita a un municipio lejano, culpándola de una información publicada por este reportero.

ESCLAVAS DEL TELÉFONO 

El pasado 14 de mayo fue el último día de trabajo de las tres abogadas. No lo pensaron dos veces y se pensionaron.

En ellas hay como una mezcla de sentimientos encontrados: lo mismo es la entrega a lo que significa la función ministerial, pero también el pobre reconocimiento oficial.

Coinciden:

“Nunca nos agradecen, hagas lo que hagas y las ganas que le pongas. Pero si haces algo mal, entonces si van contra uno. Al agente del Ministerio Público falta que se le reconozca, que lo tomen en cuenta, que tenga un mejor salario, que sea autónomo y que no lo vean como alguien que nada más debe cumplir órdenes. Que lo dejen trabajar como marca la ley”.

Ana Leticia y Diana Oyuki empiezan a padecer problemas de artritis en las manos, a tanto escribir en máquinas. “Y también me fui de la Fiscalía por miedo a perder la vista”, agrega la primera.

Entregadas a un trabajo desgastante que atrapa, de quedarse horas extras sin mayor estímulo económico, vieron crecer a sus hijos junto a sus mamás o de plano, en muchas noches, llevándoselos a sus oficinas.

“No hay vida, no hay estímulo, no hay reconocimiento. Es un trabajo bonito al que nos entregamos pero deja uno de tener vida propia, te conviertes en esclava del teléfono, eso es lo que nos obligó a irnos. Muchos nos critican pero ya los quisiéramos ver ahí, trabajando hasta dos días seguidos para terminar un asunto, o atendiendo al mismo tiempo el viejo sistema penal y el nuevo. No nos arrepentimos de habernos pensionado, no. Ahora ya podemos estar en la casa noches completas. Ya comemos con nuestros hijos”.

Y vaya que ha pasado el tiempo porque el hijo de Ana Leticia, por el que fue despedida en 1994, ahora es un joven abogado. Él decidirá su rumbo, pero si por ella fuera ojalá que no trabaje en la Fiscalía General.

Y aquella hija de Luz María que nació en 1995 ya la hizo abuela. Y el nieto algún día sabrá de aquel día en que la abogada quedó en medio de una balacera en el año 2011: había ido a dar fe de un suceso violento cuando escuchó detonaciones y la oportuna sugerencia que le hizo un chofer de grúa: “¡licenciada, cúbrase detrás de las llantas!”.

Por su parte, ya se asoma a la adolescencia el hijo de Diana Oyuki que, sin saberlo, compartió con ella aquellos difíciles días del 2009, de estar escondida por miedo a una detención injusta. 

Pero así como pasaron al retiro en una edad productiva, se proponen más adelante reincorporarse a alguna actividad profesional. 

Y si bien consideran que, en lo general, no hay un reconocimiento por la función que realiza el agente del Ministerio Público, esperan que un día ello cambie para mejorar la institución, pero también porque ahí entre los agentes ministeriales están sus mejores amigas y amigos.

(Oyuki de blusa blanca; Leti al centro, y Luz. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)