* El recurso de apelación de Cárdenas cayó para su estudio en un magistrado de sus confianzas: Pedro Álvarez Hormaeche, ex titular del FIBBA.
* Se trata de un escándalo al interior del Poder Judicial y que ha causado fuerte molestia en el Poder Ejecutivo; ¿quiénes están maniobrando?.
Durante la presente semana, el juicio que se sigue al empresario Héctor Cárdenas Curiel, originario del estado de Jalisco, cimbró en altas esferas del poder político de Nayarit.
Y es que Cárdenas, quien se encuentra recluido en la penal de Tepic desde la primera quincena de agosto, acusado por un fraude de algo más de 515 millones de pesos, ya dio muestras de contar con inmensos hilos de poder:
Tras presentar un recurso de apelación contra el auto de formal prisión que le fue dictado, el expediente cayó para su estudio en la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuyo titular es más que un conocido de Cárdenas: el magistrado Pedro Álvarez Hormaeche, quien fue titular del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) en los primeros años del gobierno de Ney González Sánchez.
Que el juicio contra Cárdenas cayera en manos del magistrado Álvarez Hormaeche generó inmediata suspicacia, e incluso enojo entre altos funcionarios del Gobierno del Estado y del mismo Poder Judicial. El titular del Poder Ejecutivo Roberto Sandoval habría sido informado de ello.
“¡Esto no es casualidad, aquí hubo mano negra!”, exclamó un funcionario estatal que confirmó el dato.
CONFLICTO DE INTERÉS
Tal y como se informó en Relatos Nayarit el 20 de agosto, en el auto de formal prisión contra Cárdenas Curiel que dictó el Juzgado Tercero Penal de Tepic por el delito de fraude específico, aparecen como agraviados Carlos Brockman de Anda y la empresa SNR Diseño y Desarrollo S.A de C.V., representada por René Daniel Damy Novoa. Se trata de quienes fueron socios de Cárdenas, empresarios de Jalisco.
El presunto fraude ascendería a algo más de 515 millones de pesos, valor que ahora tendrían los cerca de tres millones de metros cuadrados que forman los desarrollos turísticos Punta Raza 1 y Punta Raza 2, ubicados cerca de Monteón, municipio de Compostela.
La suspicacia porque la apelación de Cárdenas Curiel cayó con el magistrado Álvarez Hormaeche se entiende puesto que está documentado el vínculo entre ambos.
Basta citar que el siete de diciembre del 2006 –a poco más de un año del inicio del gobierno de Ney González-, el ahora magistrado compareció ante el notario público número 12, en Guadalajara, Jalisco, Jorge Robles Farías, en su carácter de “Delegado Fiduciario Especial” del FIBBA, en tanto que Héctor Cárdenas lo hizo como “Administrador General Único” de “Punta Raza Desarrollos, Sociedad Anónima de Capital Variable”, en “su carácter de
Fideicomisario en Segundo Lugar”, para tramitar mediante escritura pública precisamente la venta al empresario de Punta Raza 1, con extensión de un millón 230 mil 162.06 metros cuadrados, y Punta Raza 2, con una superficie de un millón 708 mil 461.29 metros cuadrados.
Por cierto, Punta Raza 1 tendría entonces un costo de 180 millones 500 mil pesos, mientras que Punta Raza 2, de 165 millones 500 mil pesos. Las sumas serían cubiertas en distintas entregas.
Álvarez Hormaeche fue un funcionario cercano a Ney González, en tanto que Héctor Cárdenas uno de los más favorecidos empresarios del ex gobernador en zonas turísticas de Compostela y Bahía de Banderas.
Hasta este miércoles, en el listado de acceso público de la Tercera Sala Unitaria aún no se hacía referencia a la apelación de Cárdenas. Pero el caso ya es de escándalo. ¿Quiénes maniobraron?.
Ahora resta esperar la decisión que tome el magistrado Álvarez Hormaeche: continuar el estudio de apelación o negarse a ello, excusándose por el conflicto de interés.
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