* Miguel Ángel González Rosales fue inhabilitado tres años para trabajar en el Poder Judicial; también se dio vista a la Fiscalía General para que sea investigado penalmente.
* Empleados judiciales critican que el Consejo de la Judicatura no mida a todos con la misma vara, porque la falta de ética también alcanza a algunos magistrados.
Cuando el pasado 29 de mayo el juez Miguel Ángel González Rosales presentó un juicio de amparo contra una posible orden de aprehensión, el temor a ser privado de la libertad por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) tenía sustento: días antes el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado dictó lo que, según parece, es una resolución sin precedente en Nayarit:
Destituyó a González Rosales como juez mixto en el municipio de Ahuacatlán, lo inhabilitó tres años para ocupar cualquier cargo en el Poder Judicial y le impuso una multa de 20 mil pesos.
Además, el Consejo de la Judicatura remitió copia del procedimiento administrativo contra González Rosales a la FGE, “para que proceda conforme a derecho corresponda”, es decir, penalmente en caso de que determine que incurrió en delitos, presuntamente actos de corrupción.
El fallo administrativo fue firmado unánimemente por los 17 magistrados que integran el Pleno del Consejo de la Judicatura: Pedro Antonio Enríquez Soto, Miguel Ahumada Valenzuela, Pedro Álvarez Hormaeche, Oscar Saúl Cortés Jáuregui, Jorge Armando Gómez Arias, Rocío Esther González García, Román Carlos Rafael González Momita e Ismael González Parra.
Otros magistrados son: Raúl Gutiérrez Agüero, Roberto Arturo Herrera López, Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, José Miguel Madero Estrada, Jorge Ramón Marmolejo Coronado, Rafael Pérez Cárdenas, Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, Manuel Salinas Solís y Ana Isabel Velasco García.
En el mismo sentido firmaron los jueces consejeros Nicolás Ballesteros Villagrana y Ana María Rosales Vázquez.
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De acuerdo con los datos recogidos, el Consejo de la Judicatura se pronunció contra González Rosales con base en la queja interpuesta por Jorge Hugo Arciniega Carrillo, en abril del 2013.
Arciniega habría presentado grabaciones en las que se asentaría que entregó 10 mil pesos al entonces juez mixto de Ahuacatlán, y a cambio recibió copias de dos resoluciones de negativas de órdenes de aprehensión solicitadas en su contra, además de mantenerlo informado sobre la existencia de otros procesos penales.
“…resulta incuestionable sancionar al infractor, por su conducta ejercida, pues es evidente que con ello vulneró los principios de legalidad, honradez e imparcialidad”, se explica en la resolución de la queja 8/2013.
Miguel Ángel González Rosales seguramente interpondrá un juicio de amparo contra la resolución del Consejo de la Judicatura, al cual, por cierto, ya ganó un amparo porque estuvo suspendido durante el tiempo que duró el procedimiento. En torno a ello, un Juzgado de Distrito decretó inconstitucional un apartado de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante el cual se basó la suspensión.
Por ello ya habrían sido pagadas a González de manera íntegra las percepciones que le fueron retiradas durante ese lapso.
Contra ese amparo el magistrado Enríquez Soto solicitó la revisión pero le fue rechazado por un Tribunal Colegiado.
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Hasta ahora, la destitución de González Rosales se conocía poco al interior del Poder Judicial.
Fue precisamente su amparo del 29 de mayo lo que obvió el fallo del Consejo de la Judicatura.
Un Juzgado de Distrito ofreció al quejoso una suspensión provisional para que no sea detenido, aunque, que se conozca, no existiría aún la orden de aprehensión.
A raíz de ello, empleados judiciales cuestionados consideraron que si la sanción contra González Rosales busca sentar un precedente por posibles actos de corrupción en la impartición de justicia, también debería medirse con la misma vara a magistrados y otros altos funcionarios del Poder Judicial.
A condición de no ser identificados, cuestionaron por ejemplo el gran número de empleados de confianza que han ingresado al Poder Judicial en los últimos años, entre los que habría familiares directos o con parentesco político de magistrados y altos funcionarios.
“Antes nos conocíamos todos pero ahora ya no. Hay gente en nómina que no sabemos qué hace o que no va a trabajar. A algunos los mandan unos meses a algún municipio y luego se los traen a Tepic justificando que ya trabajaban en el Poder Judicial; eso no es ético ni legal”, indicó un empleado para poner a tono el asunto con el programa Soy Legal que ha impulsado el Poder Judicial en los últimos años. “Eso no es ético ni legal”, insistió.
Citaron también que hay magistrados que con frecuencia llegan tarde a su trabajo o de plano no se presentan a laborar.
Hace unos días, el abogado Jorge Javier Vargas indicó por Facebook que divulgaría la identidad y el parentesco con magistrados de decenas de empleados judiciales. Vargas consiguió la documentación oficial a través de la Ley de Transparencia.
Por lo pronto, ya hizo referencia a Rodolfo Adrián Rodríguez Robles, adscrito a la oficina de Comunicación Social, hijo del magistrado Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar.
(Ingreso al Tribunal Superior de Justicia. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)
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