* El fallo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia podría motivar un amparo ante un Tribunal Colegiado, pero también sería la oportunidad para el oficio político entre las partes.
Si el Gobierno del Estado que encabeza Roberto Sandoval Castañeda, y la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) que lidera Águeda Galicia Jiménez, necesitaban un pretexto para cuando menos intentar solucionar sus diferencias en cuanto a la negada toma de nota de la citada organización sindical, ése parece presentarse en estos momentos.
Y es que, se conoce, la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha resuelto el sobreseimiento del juicio de protección de derechos fundamentales bajo número de expediente SC-E-JPDF 201/2014, iniciado el ocho de diciembre del 2014 mediante la demanda de Obed Hernández Medina y Mario Alonso Alcántar Quiroz, dos de los trabajadores críticos a la gestión de Águeda Galicia Jiménez.
El segundo de ellos, por cierto, posteriormente se convirtió en líder del sindicato conocido como SUTSEN, que intenta quitar fuerza al mayoritario SUTSEM.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, el Pleno de la Sala Constitucional –integrada por los magistrados Pedro Antonio Enríquez, Miguel Madero, Miguel Ahumada, Raúl Gutiérrez e Ismael González- consideró que, una vez analizada la documentación del caso, especialmente la aportada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), no existía en ese momento la supuesta toma de nota reclamada por Hernández Medina y Alcántar Quiroz.
Es decir, consideró la Sala Constitucional, al no encontrarse materia entre el reclamo de los quejosos y los documentos, se sobreseyó el asunto.
Pero la sentencia aún no está firme y podrá ser combatida mediante un amparo directo ante un Tribunal Colegiado.
Cabe recordar que en diciembre del 2014, a raíz de la demanda ante la Sala Constitucional, se ofreció a Hernández y a Alcántar una suspensión para que el TCA no inscribiera la toma de nota a la dirigencia del SUTSEM. Esa suspensión continuará vigente mientras no quede firme la sentencia dictada por la Sala Constitucional.
Y es ahí donde, según parece, se presenta la oportunidad para dar cabida al oficio político entre las partes. Sin embargo, de entrada brota una pregunta: ¿puede el Gobierno del Estado influenciar para que no se interponga el amparo?. La respuesta podría ser afirmativa.
Y es que de lo contrario, una resolución de amparo del Tribunal Colegiado podría conocerse ya avanzado el 2016.
EN EL TCA, TODO DETENIDO
Cabe indicar que aún cuando esa parte fuera superada políticamente, faltaría conocer la postura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
El miércoles 4, aún sin conocerse el fallo de la Sala Constitucional, César Fragoso, presidente del TCA, explicó a este reportero que la suspensión dictada por la Sala impedía resolver la demanda planteada ante el tribunal, cuya parte central se refiere a presuntas violaciones cometidas durante el proceso de elección de la dirigencia del SUTSEM, a finales de noviembre del 2014, por ejemplo respecto a la convocatoria o la jornada electoral misma.
Fragoso insistió que primero deberá quedar firme la sentencia de la Sala Constitucional, para que el TCA resuelva su parte, y es que, insistió, la referida suspensión de principios de diciembre del 2014 sigue vigente.
En resumen, mientras el plantón de trabajadores del SUTSEM continúa frente a Palacio de Gobierno exigiendo al titular del Ejecutivo Roberto Sandoval que permita la toma de nota, el fallo de la Sala Constitucional podría permitir un acercamiento político.
Pero está por verse.
(El plantón del SUTSEM. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)