* Los agentes aseguran que lesiones de sujeto se produjeron al rodar por una escalera de un segundo piso, pero él asegura que no sucedió así: “…estoy operado de la columna, es mentira que yo rodé por la escalera, hubiera quedado inválido”.
Cuando al mediodía del viernes seis el juez César Octavio García Torres vio por primera vez a Jorge Eduardo en una sala de justicia oral, su primera expresión fue de sorpresa, en referencia a las visibles lesiones en la cara, moretes alrededor de los ojos.
Le preguntó por ello y contestó: fue “a la hora de mi detención” a manos de policías estatales de la Guardia Civil.
García Torres le explicó de su derecho a la atención médica y a salvo también sus derechos para, en su caso, presentar denuncia penal. Incluso añadió: si quisiera interponer denuncia y ésta le fuera rechazada, podría solicitar el auxilio judicial para su admisión.
Así y pronto, el caso de Jorge Eduardo tomó dos rumbos: si la audiencia en el expediente 5/2017 era sobre vinculación a proceso por los delitos de tentativa de robo calificado, lesiones en agravio de un policía, el cometido a servidores públicos y la variación u ocultación del nombre, también despertó interrogantes sobre si existió exceso en el actuar de agentes de la Guardia Civil el pasado 31 de diciembre.
Cabe indicar que la detención de Jorge Eduardo ya había sido calificada de legal por otro juez en una audiencia anterior, por lo que su declaración –que días antes reveló- fue reproducida en la sala a través de una grabación para conocimiento de García Torres.
De acuerdo con las versiones emitidas en la audiencia, al mediodía de ese sábado 31y tras retirar el vitral de una puerta, Jorge Eduardo entró a una casa de la colonia Santa Teresita, cuyos dueños estaban fuera de Tepic pero la dejaron encargada a una familia, que al ser avisada por una testigo procedieron al llamado de la policía y se le permitió el acceso.
El sujeto –fue narrado por la representación ministerial con base en el informe policial- permanecía en el segundo piso y, al ser descubierto, lesionó con una navaja a uno de los policías y forcejeó con otros. Rodaron por una escalera y así se le produjeron las lesiones.
Por el contrario, la defensa pública consideró que las pruebas aportadas debían ser consideradas nulas porque, dijo, fueron obtenidas con violación a los derechos humanos. Expresó que era ilógico que entre varios policías supuestamente no hubieran podido detener a Jorge Eduardo. “Él no rodó por la escalera”, insistió la defensa, señalando al juez que si ese viernes eran visibles las lesiones, habría que imaginar como tenía la cara días antes.
El propio Jorge Eduardo agregó: “…estoy operado de la columna, es mentira que yo rodé por la escalera, hubiera quedado inválido”.
Al resolver la vinculación a proceso solicitada, el juez insistió: si al imputado no se le permite el acceso a la salud, “nos avisa”, pero también especificó que, tal y como el propio sujeto lo acepta, sí estaba dentro de la casa cuando llegaron los policías, además de que hay señalamientos de que hirió a uno de los agentes, con lo que se probó su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de robo y lesiones.
Más adelante y contrario a la petición ministerial, el juez García Torres no concedió la vinculación por el delito cometido a servidores públicos, considerando que quedó establecido en el de lesiones; es decir, no era un delito autónomo. Y en cuanto a la variación u ocultación del nombre, ello sí fue aceptado al acreditarse que Jorge Eduardo se identificó varias veces con el nombre de uno de sus hermanos, incluso ante la autoridad judicial, lo que tuvo que aclarar su papá.
Atendiendo a los argumentos de la defensora pública, César Octavio García explicó que, suponiendo sin conceder que hubiera existido un exceso de los policías, el tema de las lesiones en Jorge Eduardo fueron posteriores y debía separarse de los delitos que se le atribuyen. Es decir, Jorge Eduardo sí ingresó a una casa sin autorización de sus propietarios y después llegaron los agentes.
La familia de Jorge Eduardo recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo personal se entrevistó con el hoy detenido.
PRISIÓN POR VIOLENCIA FAMILIAR
En otro expediente judicial, una joven pareja protagonizó los siguientes hechos: según la narración –leída por la agencia ministerial- de una mujer de algunos 30 años, su esposo le produjo diversas lesiones en el cuerpo y llegó a amenazarla con una pistola, delante de sus dos menores hijos, la tarde del miércoles cuatro. El sujeto fue detenido con cargos de violencia familiar.
Antes de iniciar la audiencia, Javier parecía tener curiosidad por su desarrollo: volteaba a ver a su esposa con insistencia, ella acompañada por agentes ministeriales y un asesor de víctima. Pero después, conforme fue avanzando la audiencia y entendido su significado, el rostro de Javier se tornó serio, en especial cuando se abrió debate respecto a si debía recuperar la libertad o tener prisión preventiva, es decir, quedar recluido en la penal de Tepic.
Al final, el juez Rodrigo Benítez Pérez le dio la razón a las autoridades que representan a la mujer agraviada: existía un riesgo para ella, máxime que, apuntó, se mencionó la amenaza con un arma de fuego.
Un movimiento negativo de cabeza anunciaba la sorpresa de Javier, que minutos antes posiblemente creyó más simple el asunto. Se talló la cara de arriba-abajo con las dos manos cuando escuchó que, mientras dure el juicio, permanecerá en prisión. Y se lo llevaron.