Auditoría Superior de la Federación también encuentra diferencia de precios de equipo antimotín; pide a Secretaría de la Contraloría investigar a implicados.
Durante la compra de “300 chalecos balísticos” y “600 placas de polietileno balístico” para seguridad policías estatales, efectuada por el Gobierno del Estado de Nayarit a la empresa Protective Materials Technology (PMT) durante el año 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que los precios fueron inflados y se produjo un desvío de cuando menos tres millones 269 mil pesos.
La ASF reveló que lo anterior pudo confirmarlo de la siguiente forma: y es que mientras el gobierno informó que por cada chaleco con su respectivo par de placas pagó 25 mil 900 pesos, los auditores federales solicitaron a la empresa PMT una cotización de los mismos bienes, a lo que se contestó por escrito que tenían un precio unitario de 16 mil 500 pesos.
Así, mientras el gobierno anunció un gasto de siete millones 755 mil pesos por esa compra, la ASF reveló que debieron pagarse únicamente cuatro millones 936 mil 500. El presunto daño al erario público, al que se incluyó el IVA, fue de tres millones 269 mil 500 pesos.
Se cree que el desvío de recursos en esa compra habría sido mayor por la cantidad del equipo adquirido, que debió generar una disminución de costos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el mismo tipo de maniobras se utilizó durante la compra de equipo antimotín, para no variar a la empresa PMT, consistentes en 100 chamarras blindadas, esposas para manos y pies, tonfas –macanas-, escudo antimotín, coderas y rodilleras.
La ASF ejemplificó que mientras el gobierno presentó un precio de 12 mil pesos por cada chamarra blindada, la cotización de los auditores ante la empresa fue de siete mil. O si por unas coderas se indicó un precio de 600 pesos, la ASF las cotizó a 200.
El “daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por la compra de equipo antimotín fue estimado en 847 mil pesos.
Esas dos compras, cuyo daño en conjunto suman cuatro millones 116 mil 500 pesos, motivó una solicitud de la ASF a la Secretaría de la Contraloría estatal para que realice una investigación contra quienes hayan participado en ese asunto, puesto que “no fundamentaron ni motivaron la adjudicación directa, tampoco acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez”.
Se ha solicitado que el recurso, desde su disposición más los intereses generados, sean regresados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
LÍO POR CÁMARAS DE SEGURIDAD
La Auditoría Superior de la Federación también estima un daño o perjuicio por tres millones 256 mil 545 pesos puesto que de ocho cámaras de seguridad instaladas por la empresa Consea S.A. de C.V., dos presentaron deficiencias sin que se haya aplicado una fianza de garantía “ni realizado la reclamación correspondiente al proveedor respectivo”.
Otros 321 mil 914 pesos del FASP fueron indebidamente utilizados para el pago de personal, por lo que también se exige su devolución, lo mismo que una suma mayor a los 18 millones de pesos “por la diferencia determinada en la conciliación entre los recursos ministrados e intereses, menos lo reportado como ejercido el Avance Físico y Financiero, contra el saldo el bancos”.
En resumen, la ASF concluyó que “en términos generales y respecto de la muestra auditada, el estado de Nayarit no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”...
La ASF destaca entre ellos el “pago en exceso al proveedor Protective Materials Technology”, por más de cuatro millones de pesos.
Por cierto, desde el año pasado la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una averiguación previa relacionada con –supuestas- compras efectuadas durante 2011 en temas de seguridad, pero de productos que se presume no existen; es decir, se efectuaron pagos por unos ocho millones de pesos para equipo antimotín, uniformes de policías, sustancias para laboratorio de Servicios Periciales, entre otros, pero no se recibieron los artículos.