* Funcionarios del Gobierno del Estado se dicen imposibilitados por una cláusula que falta a la transparencia, puesto que la dirigencia sindical elige dónde comprar.
Durante 2014 y cuando ya era evidente el distanciamiento de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) que encabeza Águeda Galicia Jiménez, con el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, se produjo una revisión a gastos millonarios en uniformes para el personal sindicalizado –seguramente entre muchos más- que muestran beneficios de que el SUTSEM ha gozado, sometiendo al Poder Ejecutivo, incluso, para que no emita licitaciones.
Lo anterior se advierte en dos observaciones realizadas al Poder Ejecutivo por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que ha iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de quienes durante 2014 fungieron como directores de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, y coordinadores de Administración de la Secretaría de Obras Públicas.
EL MISMO PROVEEDOR
En uno de los casos, el OFS cuestiona que se hayan realizado “compras sin llevar a cabo el procedimiento de licitación pública”, por un millón 425 mil 266.32 pesos, a través de la partida “Productos Textiles Adquiridos como Vestuario y Uniformes” de la Secretaría de Finanzas, violando lo marcado en la Ley de Adquisiciones, la Ley de Responsabilidades y el Presupuesto de Egresos del 2014.
Y la misma irregularidad se advirtió en Obras Publicas, con la compra de uniformes por 772 mil 839.65 pesos, pero sin la invitación a cuando menos tres empresas del ramo.
La respuesta de las secretarías de Administración y Finanzas y la de Obras Públicas no deja dudas del poder del SUTSEM. Justificaron que el antepenúltimo párrafo de la vigésima octava cláusula del convenio colectivo laboral vigente, permite que “previa cotización con proveedores establecidos y buscando siempre el mejor precio, calidad y servicio, el Ejecutivo entregará al proveedor electo por el SUTSEM el 50% (cincuenta por ciento) del costo total al momento de la adjudicación y el otro 50% al entregar el total de implementos previa entrega por el proveedor de la factura correspondiente”.
Se insistió, pues, que el proveedor fue seleccionado por el SUTSEM y los funcionarios no podían evitarlo.
Llama la atención que, coincidentemente, los casi dos millones 200 mil pesos fueron pagados al mismo proveedor, identificado con el Registro Federal de Contribuyentes GOGM540906E93, que presumiblemente correspondería al de Martha -o Martina- González González, cuyo nombre fue ventilado hace unos meses en medios de comunicación por una supuesta relación de negocios con Águeda Galicia.
En el caso de Obras Públicas, el Registro Federal fue anotado como GOCM540906E93.
Como es del conocimiento público, el SUTSEM lleva más de dos meses con un plantón frente a Palacio de Gobierno, demandando la entrega de la toma de nota tras la elección realizada hace un año. El asunto está entrampado por demandas en los tribunales, pero principalmente por el ya escaso –o nulo- diálogo entre Águeda Galicia y Roberto Sandoval.
Y hay muchos a favor o en contra de uno y otro.
Los citados ejemplos de compra de uniformes para el personal sindicalizado en 2014, obligan a cuestionar la vigencia de una cláusula en el convenio que no permite la licitación y, por lo tanto, falta a la transparencia en el gasto, situación cada vez más demandada.
Para los críticos de Galicia Jiménez, el asunto da para sospechar de importantes negocios con el proveedor de uniformes.
Y EN ALIMENTO PARA REOS
Por otra parte, el Órgano de Fiscalización encontró irregularidades en el pago por 21 millones 659 mil 810 pesos respecto a los alimentos para reos de la penal de Tepic, así como en el centro de menores infractores.
El OFS cuestionó la falta de un contrato con el respectivo proveedor, y frente a la respuesta ofrecida, anotó:
“…se determina que la observación se ratifica, toda vez que los argumentos no desvirtúan lo observado, derivado de que existen diferencias y fiabilidad en la información, ya que en el oficio OFS/AG/OA-75/2015 de fecha 17 de marzo de 2015, en el numeral 17 y 19 se solicitó la relación de los contratos de adquisiciones y el listado de los procedimientos de adjudicación en materia de adjudicación de bienes y servicios celebrados en el ejercicio 2014 por adjudicación directa, invitación a cuando menos tres oferentes y licitación pública, respectivamente, misma que fue proporcionada con el oficio 0672/2015 de fecha 8 de abril del 2014 (sic), detectándose que en dicha información no existía relación contractual con el proveedor PSA010130BG3, ya que no se encontró en ninguna de las listas presentadas”.
(Trabajadores sindicalizados. Foto: archivo Oscar Verdín/relatosnayarit)

* Funcionarios del Gobierno del Estado se dicen imposibilitados por una cláusula que falta a la transparencia, puesto que la dirigencia sindical elige dónde comprar.