* Al menos dos de ellos, mujeres, habrían ganado las demandas; una ya fue reinstalada y otra está en proceso.
Ex funcionarios de los Servicios de Salud estatal, beneficiados durante el gobierno de Ney González Sánchez y que fueron despedidos en la actual administración, han abierto férreas defensas y al menos dos de ellos, mujeres, ya habrían ganado los litigios.
En la demanda con número 180/2012 presentada el año pasado ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Elia Edith Cortez Bautista retrata a la perfección el apoyo de alto nivel que recibió para ingresar a trabajar. Así se lee:
“La suscrita acudí de manera personal con el ex gobernador constitucional del estado de Nayarit, Ney González Sánchez a solicitar su apoyo para poder desempeñarme laboralmente; tras lo anterior el gobernador le solicitó al director general de Servicios de Salud de Nayarit, me ubicara dentro de esa institución. El director mediante dos oficios, el primero sin número de fecha primero de enero de 2011, dirigido al director de administración de los Servicios de Salud de Nayarit, con una propuesta de mi persona para la plaza de apoyo administrativo en salud A-6, provisional con adscripción en oficina central en Tepic, y en el segundo oficio número 106717/000038, se trata de la presentación dirigida a la subdirectora de recursos humanos, conservación y mantenimiento, para que manifieste a la suscrita el horario y días a cubrir con la referida plaza y se elabore el formato único de movimiento de personal”.
Según el apunte de Cortez Bautista, el 20 de julio del 2011 se le otorgó la base en el puesto de apoyo administrativo, aunque el 11 de octubre, recién iniciado el gobierno de Roberto Sandoval, fue suspendida junto a otros funcionarios y luego despedida.
Sin embargo, las resoluciones en Salud para proceder contra funcionarios vinculados al ex gobernador han tenido un freno a su arribo al TJA, puesto que, al menos en dos de los cuatro casos demandados hubo sentencias a favor de los empleados cesados, uno de ellos Elia Edith, quien ya habría sido reinstalada, así como el de Marcela Heredia García, quien estaría en ese proceso.
Ambos casos han motivado cuestionamientos a magistrados del TJA, que ahora se conocen en el Congreso del Estado, principalmente porque en las resoluciones no se estudió el fondo del asunto –como la asignación ilegal de plazas- sino que se determinó que los funcionarios de Salud, en todo caso debieron ser sancionados con base en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, y no a través de la Ley de Responsabilidades como aconteció.
Y LOS QUE FALTAN
Por otra parte, en el caso del tercer demandante, Héctor Manuel Hernández García –expediente 173/2012-, el TJA se pronunció en su contra al determinar que resultaron “inoperantes los argumentos y conceptos de impugnación expresados por la parte actora”. El quejoso habría interpuesto un juicio de amparo ante un Tribunal Colegiado.
De igual forma, está pendiente la sentencia administrativa respecto a Karina Cuellar Aguilar, ex directora de Administración y a quien se le achaca la adjudicación indebida de una plaza como “jefe de servicios”.
Cuñada de Rosario González Mejía, hija del ex gobernador, Cuellar Aguilar actualmente es subsecretaria de Administración del Poder Judicial del Estado.
La investigación interna en los Servicios de Salud por asignación indebida de plazas arrojó sanciones económicas, despidos e inhabilitación contra 11 empleados, aunque sólo los cuatro mencionados interpusieron demandas.
Del grupo, dos de ellos habrían aceptado la renuncia voluntaria, mientras que en los restantes casos ya iría adelantado un procedimiento en la Secretaría de Finanzas para recuperar diversas sumas de dinero, cobrado indebidamente.
Además, es palpable el temor de algunos de los implicados en que se proceda penalmente en su contra, por lo que para evitar sorpresas interponen continuamente juicios de amparo, a fin de conocer si existe alguna orden de aprehensión.
Por ejemplo, este jueves 24 en un listado de acceso público del Juzgado Segundo de Distrito, se ventiló el número de amparo 663/2013 a nombre de Karina Cuellar Aguilar contra posibles acciones de juzgados penales. De esa forma, los juzgados tendrán que informar si cuentan con alguna orden de aprehensión.
(Foto: Óscar Verdín/relatosnayarit)
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