* El diputado Jorge Segura escribe a un juzgado federal: “el programa de reemplacamiento contribuye a conservar los niveles de seguridad observados en el Estado de Nayarit durante los últimos años”…
El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo difirió para el uno de marzo la audiencia constitucional del número de amparo 40/2016, referente al juicio que interpuso una ciudadana en contra de las nuevas placas para vehículos.
Inicialmente, la audiencia por el amparo de Yasmín González García tenía fecha de tres de febrero, por lo que tanto el Gobierno del Estado como el Congreso del Estado han ganado al menos tiempo mientras continúa el pago por quienes poseen vehículos.
Contrario al anuncio oficial en el sentido de que el dinero recaudado será para útiles escolares, becas y uniformes de estudiantes de nivel básico, los informes remitidos al juez federal omitieron o citaron otros aspectos.
Por ejemplo, en representación del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el subsecretario de Asuntos Jurídicos Aldo Becerra Cruz únicamente indicó:
“Son ciertos los actos reclamados a esta autoridad, en lo que se refiere a la promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit vigente en el ejercicio fiscal 2016”.
El amparo de Yasmín González –con la asesoría de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic- reclama que hay una violación constitucional puesto que existe una tarifa diferente dependiendo del tipo de carro que se posea: particular, de servicio público, motocicleta, entre otros, a pesar de que se trata del mismo servicio por parte del Estado.
Por separado, Yesca Beatriz Cárdenas Briseño, directora jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas, informó al juzgado federal:
“…los derechos se encuentran inmersos dentro del ámbito de las contribuciones y que éstos se causan cuando se RECIBEN SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN SUS FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO.
“En virtud de lo antes expuesto, se advierte que el cobro que se realizó la quejosa de referencia, es totalmente constitucional ya que así se marca en el artículo 33, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal dos mil dieciséis, cuya obligación es realizar aportaciones por concepto de contribuciones para que sean aplicadas a la satisfacción de las necesidades sociales”.
DIPUTADO: “ES POR SEGURIDAD”
Jorge Humberto Segura López, diputado presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, explicó en el informe justificado que hizo llegar al juzgado federal:
“El reemplacamiento previsto para este 2016 tiene como finalidad actualizar el padrón de vehículos, de igual forma es una oportunidad para generar certeza jurídica y ejercer un mayor control de seguridad del parque vehicular, por lo que con ello habrá de contribuir en la disminución de la incidencia delictiva”.
En otra parte del documento, el diputado priísta insistió:
“El programa de reemplacamiento contribuye a conservar los niveles de seguridad observados en el Estado de Nayarit durante los últimos años, un aspecto sin duda muy valorado por todos los nayaritas, ya que ayuda a contar un mejor padrón actualizado y de mayor confiabilidad para las autoridades encargadas de la seguridad pública estatal y federal, que permite identificar de manera inmediata el estatus de los vehículos que transitan con placas estatales.
“Derivado de la implementación de dicho programa, se recaudarán mayores ingresos propios por conceptos de derechos de Tránsito y Transporte y por el Impuesto Adicional para la Universidad Autónoma de Nayarit, que como se sabe lo recaudado por este último rubro se destina al Patronato de dicha Universidad, en beneficio y fortalecimiento de nuestra máxima casa de estudios”.
Segura López defendió el cobro que ahora se reclama:
“…es preciso destacar que la ley impugnada en ningún momento pretende realizar un cobro indebido, ni limitar al particular con alguna acción ilegal, ni marcar diferencia alguna por solo capricho, sino más bien trata de dar un trato igual a los que se encuentran en situaciones iguales”.
Si Yasmín González obtuviera la protección de la justicia federal, se le tendrían que regresar 630.75 pesos que pagó por concepto de placas. Cabe añadir que se le hizo un descuento del 25 por ciento por pagar antes del 31 de marzo.
El amparo contra las placas sólo puede tramitarse tras efectuar el respectivo pago.
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