* Sorprende que muy pocos abogados particulares hayan acudido a las audiencias para aprender de su desarrollo.
Francisco Rodríguez Zambrano, el joven que mató a su esposa Virginia Norma Lili Heredia Pérez, en Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, fue condenado a 31 años más tres meses de prisión, además de la reparación del daño por 363 mil pesos a favor de familiares de la ahora occisa.
La resolución condenatoria, la primera en Nayarit en el nuevo sistema de justicia penal que llega propiamente a juicio, fue dictada la tarde del viernes 25 por unanimidad de votos de los jueces César Octavio García Torres, Guillermo Romero Ríos y Armando Elías Martínez, integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento.
Durante la audiencia se debatieron diversas características de Francisco, un joven de 26 años. Por ejemplo, la defensa público combatió documentos presentados por la representación de la Fiscalía General del Estado de diversos funcionarios del penal de Tepic, acerca de su perfil psicológico y comportamiento desde que fue ingresado en marzo pasado.
La defensa resumía que los dictámenes no tenían valor porque los firmantes no comparecieron a la audiencia. Por el contrario, la representación ministerial insistió que tales documentos fueron aceptados como prueba a través de la lectura, por defensores de Francisco –anteriores a los públicos-.
Al final, se les dio validez pero sin mayor impacto porque, según explicó el juez relator Romero Ríos, en caso de que Francisco haya mostrado mal comportamiento en la prisión, ésta debería acreditarse con las respectivas actas, no sólo con informes.
La audiencia fue seguida por unas 15 personas, la mayoría estudiantes llevados por una maestra, y lejos de los más de 30 que llegaron a estar en audiencias previas. A pesar de tratarse del primer juicio oral en Nayarit, que mereció la asistencia de testigos sometidos a interrogatorios, muy pocos abogados particulares acudieron para aprender del desarrollo.
Por cierto, uno de los estudiantes fue sacado de la sala al ser descubierto por el juez presidente García Torres mientras tomaba fotografías con su celular. Un policía estatal y una asistente de la sala verificaron que las fotografías fueran borradas. La actitud del joven sorprendió porque previo a ingresar a cualquier sala, el policía asignado solicita que todos los celulares estén apagados.