* Ante la cada vez mayor carga laboral, reclaman mejores prestaciones económicas; varias audiencias fueron suspendidas por falta de defensores.
El viernes cuatro, unos 15 defensores públicos cimbraron al nuevo sistema de justicia penal, los llamados juicios orales, lo que motivó la suspensión de varias audiencias.
Los abogados, que atienden un gran porcentaje de audiencias orales, buscaron un encuentro con su superior inmediato, Gabriel González Momita, y con el fiscal General de Justicia Édgar Veytia para narrar la difícil situación que enfrentan, especialmente por bajos salarios y con una carga laboral cada vez más fuerte.
El impacto fue inmediato: aunque se creía que los defensores regresarían en cuestión de minutos a los juzgados orales –ubicados por salida a Guadalajara, antes de llegar a avenida Aguamilpa-, pasadas las 12 del mediodía empleados administrativos tuvieron que avisar a diversas personas que sus audiencias serían programadas en otra fecha. Y se retiraron.
Esa mañana, las únicas audiencias que se llevaron a cabo era con abogado particular.
Extraoficialmente surgían dos versiones: que se trataba de una reunión de defensores, o que era un paro laboral. Los defensores regresaron a sus funciones alrededor de las dos de la tarde.
Según se conoce, efectivamente existió una reunión con Édgar Veytia y González Momita en la sala de juntas de la Fiscalía General del Estado (FGE), y en la que varios defensores públicos externaron la situación por la que atraviesan.
Se les comentó un compromiso para encontrar solución a la problemática.
Ha trascendido que no hubo jaloneos ni regaños, sino que privó la cortesía y el entendimiento. Si bien hay defensores públicos sindicalizados, otros no. Si unos reciben unos ocho mil pesos mensuales de sueldo, otros oscilan en cinco mil. Y cada vez la responsabilidad aumenta.
En este espacio ya había sido advertido que el nuevo sistema lo están sosteniendo pocos funcionarios, lo que produce una sobrecarga de trabajo para jueces, agentes del Ministerio Público, defensores, asesores de víctimas y personal administrativo.
Llama la atención que son pocos los defensores particulares que están participando en los juicios orales.
Un dato para señalar es que la defensoría pública no depende de la Fiscalía General, sino de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular Jorge Armando Gómez Arias no participó en la grave situación ocurrida el viernes. Es decir, habría un problema mayor si la Fiscalía, de la que depende el Ministerio Público, también aumenta su influencia sobre la defensoría pública.