* “…a partir del año 2008 el entonces presidente municipal Roberto Sandoval Castañeda, actual gobernador de Nayarit e iniciador de la reforma cuya invalidez se demanda, dejó de pagar el impuesto recaudado destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit”…
La controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de Tepic contra un decreto que lo obliga a cubrir 50 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a más tardar el 31 de diciembre del 2016 y producto de desvíos de administraciones anteriores, podría motivar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aborden aspectos que incomodarían a varios: la corrupción y la impunidad.
Y es que esos 50 millones de deuda, producto de la recaudación del impuesto especial del 12 por ciento a favor de la UAN, fueron desviados en los gobiernos municipales de Roberto Sandoval Castañeda –alrededor de 10 millones-, actual gobernador del estado, y Héctor González Curiel “El Toro” –los otros 40 millones-, ahora director en Nayarit de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), según lo revelan observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El viernes 12 en conferencia de prensa, el presidente municipal Leopoldo Domínguez González advirtió que el decreto impulsado por Sandoval Castañeda y aprobado por el Congreso del Estado guarda una intención: impedir su posible participación política en la elección del 2017 puesto que aplicarían sanciones si el ayuntamiento incumple con la entrega de los 50 millones.
Polo Domínguez reclamó que esa misma urgencia no se refleja en la denuncia interpuesta en febrero del 2015 en la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de Héctor González Curiel y su tesorera Marcia Bernal Mendoza, por el probable delito de peculado por el mal uso del recurso que debió recibir la UAN, o bien, indicó, sería igual que si al gobernador se le pretendiera obligar –y se le castigara si no lo hiciera- a pagar toda la deuda que le heredó su antecesor Ney González.
Esos 50 millones, dijo, “se los robaron”.
Insistió que no existe un problema entre su administración y la UAN, añadiendo que su gobierno sí ha entregado a la casa universitaria lo recaudado mes a mes por el impuesto del 12 por ciento.
DIRECTO CONTRA ROBERTO
Los argumentos planteados a la Suprema Corte son insistentes:
¿Sería válido el decreto, de fecha 22 de diciembre del 2015, que impide presupuestar esa deuda de 50 millones?. ¿Sería legal desintegrar la composición de un ayuntamiento por el desfalco que otros hicieron?. ¿Por qué no se castiga a los responsables?.
La presunta implicación del gobernador se deja en claro en la controversia:
Es una “deuda que la actual administración municipal no originó, ello en virtud de que a partir del año 2008 el entonces presidente municipal Roberto Sandoval Castañeda, actual gobernador de de Nayarit e iniciador de la reforma cuya invalidez se demanda, dejó de pagar el impuesto recaudado destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit”…
En otra parte del documento, se continúa machacando a Sandoval:
“…de ahí que es la actual administración municipal quien debe responder por las deudas de sus antecesores, aunada a la obligación irracional, arbitraria y desproporcionada de imponer la obligación de tener cubierta la totalidad del adeudo del impuesto destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit a más tardar en diciembre de 2016, que a partir del año 2008 época en que funcionaba el XXXVIII Ayuntamiento (2008-2011, presidido por el C. Roberto Sandoval Castañeda actual gobernador e iniciador de la norma) y el XXXIX Ayuntamiento (2011-2014, presidido por el C. Héctor González Curiel), quienes nunca enteraron al Patronato de la Universidad el impuesto referido, arrojando actualmente una deuda de $50’096,094.09”…
La demanda ante el máximo organismo judicial del país reclama la inconstitucionalidad del decreto combatido puesto que, precisa, “constriñe a cubrir una ‘deuda’ no contemplada en el presupuesto y no permite que los recursos que integran la hacienda municipal sean ejercidos directamente por el ayuntamiento en las necesidades prioritarias”, además de que, reclama en otra parte, existen violaciones a los derechos humanos porque “se pretende sancionar a actuales funcionarios municipales por conductas llevadas a cabo por personas que ocuparon las anteriores administraciones municipales, con el peligro inminente de que actuales funcionarios municipales como el Presidente, Síndico y Tesorero sean sancionados e inhabilitados por actos, hechos o abstenciones que no cometieron”…
De igual forma, se explica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tan pronto fue documentado el desvío por 50 millones que correspondían a la Universidad Autónoma de Nayarit, se presentó denuncia en la Fiscalía General del Estado, “sin que a la fecha se haya sancionado a los responsables”…
Además de la citada controversia interpuesta contra el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado, han sido presentados dos amparos ante juzgados de Distrito en Tepic, a nombre de Polo Domínguez y el tesorero David Guerrero.
Como fue anotado al principio, el asunto podría dar material para que la Suprema Corte se pronuncie en aspectos de corrupción e impunidad.
(La UAN, en el centro del pleito. Foto: Oscar Verdín/relatosnayarit)
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