* Aumenta capacitación para jueces, ministerios públicos, policías y hasta periodistas; dentro de tres meses iniciará el nuevo sistema de justicia en Tepic, Xalisco y Santa María del Oro.
El próximo 15 de diciembre, en los municipios de Tepic, Xalisco y Santa María del Oro empezará a aplicarse el nuevo sistema de justicia penal, popularmente conocido como juicios orales. Iniciará con algunos delitos de bajo impacto como daño en propiedad ajena.
Los demás delitos irán incluyéndose gradualmente e igual sucederá con el resto de los municipios, hasta que en junio del 2016 no haya un solo delito ni parte alguna de la entidad donde no aplique el nuevo sistema de justicia. Nayarit, por cierto, es uno de los estados más rezagados en iniciar.
Con motivo del nuevo sistema de justicia, en los últimos tiempos ha aumentado la capacitación a jueces, ministerios públicos, peritos y policías estatales y municipales, considerando que son estos últimos los primeros en llegar al lugar donde ocurrió un delito.
En la última semana también inició un curso para periodistas locales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de Iker Ibarreche, que ha explicado, por ejemplo, que las tardías puestas a disposición de un detenido por parte de la policía es uno de los principales problemas que afrontaron otros estados, y por lo que se ordenó la inmediata libertad.
El nuevo sistema obligará a puestas a disposición sin demora ante el Ministerio Público, y es que habrá un juez de control que revisará la legalidad de la detención.
A Ibarreche se le cuestionó si un juicio podría caerse si la Fiscalía General del Estado continúa divulgando a la opinión pública videos de confesión, donde una persona acepta su participación en un delito, generalmente de alto impacto como homicidio y secuestro, pero el material no forma parte de la acusación formal.
En consideración del especialista, el juicio no caería, pero estaría en riesgo si un testigo se refiere al video de confesión como su fuente para identificar al imputado.
Ibarreche añadió que las repercusiones por tales videos serán responsabilidad del funcionario que los filtró y, también, del medio de comunicación que los divulgó públicamente.