* Advierten que alcalde de San Blas ha incumplido con pago de más de 20 millones de pesos para sentencias laborales, y que no fueron presupuestados en 2017 como se comprometió.
El presidente municipal de San Blas Hilario Ramírez Villanueva ha vuelto a desafiar al Poder Judicial Federal.
“Layín”, quien lo mismo regala dinero en las calles, o encabeza festejos con reconocidos artistas y gastos millonarios, retando a autoridades electorales o a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda por el origen dudoso de los recursos, ha abierto un nuevo desafío: ahora contra el Poder Judicial Federal.
A lo largo de su gestión en la alcaldía de San Blas, se ha agudizado el incumplimiento de sentencias laborales, varias de ellas de trabajadores que, irónicamente, fueron despedidos durante su primera etapa como presidente municipal en la década pasada.
Ese reiterado incumplimiento lo ha llevado, por ejemplo, a enfrentar varios incidentes por inejecución de sentencia en los que se ha advertido al Ayuntamiento de San Blas su intención por alargar los asuntos.
Y esa situación está enfrentando Layín –el sujeto que “robó poquito” o levantó el vestido de una muchacha en uno de sus festejos-, con riesgo a ser sancionado por el Poder Judicial de la Federación, aunque, en un aparente cálculo político, le apuesta a salir librado y heredar los problemas laborales una vez que solicite licencia para contender por un nuevo cargo público.
El caso es que, acorralado para que cumpla con el pago en por lo menos 14 expedientes laborales que incluyen a decenas de trabajadores cesados en administraciones pasadas, incluida la primera de él, la administración de Ramírez Villanueva medio calmó la presión de juzgados federales y tribunales colegiados, así como del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), argumentando que en el Presupuesto de Egresos 2017 existiría una partida con los recursos suficientes para hacer frente a la situación.
Pero no fue así.
Concluido el mes de enero, se conoce extraoficialmente, aún no ha sido cumplido ninguno de esos laudos y existe la creencia de que, como ya fue apuntado, hay una estudiada intención por prolongar los asuntos.
Según datos recogidos, el Presupuesto de Egresos de San Blas sí contempla algún monto para el cumplimiento de esas sentencias, pero muy lejos de los más de 20 millones de pesos a que ascendería el total.
Y, por ello, se advierte que volverán a presentarse incidentes de inejecución de sentencias ante juzgados federales, en contra del alcalde que quiere ser gobernador, la síndico municipal, el tesorero y el cuerpo de regidores.
Pero esta situación no habría ya de sorprender, incluso a las instancias judiciales federales.
En el 2015, Ramírez Villanueva enfrentó un incidente por inejecución de sentencia en el que prácticamente fue perdonado de perder el cargo.
Y es que el 19 de noviembre del 2014 se aprobó la elaboración de un proyecto presupuestario para el pago de asuntos laborales en el que se pretendió incluir un laudo que, tres meses antes –aún en la gestión del priísta Porfirio López Lugo, a quien se achacó culpa-, se comunicó a un juzgado federal que ese asunto sería presupuestado en 2015. Es decir, igual que sucede ahora.
Un acuerdo del Primer Tribunal Colegiado, hecho público por este reportero, citaba la molestia contra Layín y otros funcionarios:
“La situación detallada no debe tolerarse, pues denota la forma contumaz en la cual se conducen los miembros del XL Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, quienes habiendo informado que el pago de lo debido a la quejosa fue incluido deuda pública en el presupuesto anual de egresos municipales para el ejercicio fiscal dos mil quince, y ya solo esperaban su liberación para cubrir dicho adeudo, posteriormente pretendieron confundir al juez de Distrito alegando lo referente a un ‘proyecto para el pago de laudos’ y su intención de llegar a un convenio con la quejosa”.
Dictados en su contra numerosos oficios con multas por incumplir sentencias laborales, Layín y otros funcionarios han interpuesto igual número de amparos para frenarlas. Y de similar forma lo han hecho cuando han sido embargadas cuentas bancarias municipales.
La advertencia de que hay una mentira en el monto presupuestado para cumplir sentencias por más de 20 millones de pesos, seguramente no caerá del todo bien en el Poder Judicial Federal, por lo que es inminente la apertura de más incidentes de inejecución, aunque, como ya fue citado, Layín le apostaría a una pronta licencia en el cargo para evitar sanciones.