* Hay evidencias de que no sólo asesores jurídicos de Roberto Sandoval conocieron la ahora criticada iniciativa de reformas al Código Penal, sino altos funcionarios de los tres poderes.
La explicación del gobernador Roberto Sandoval Castañeda de que presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de reformas penales sin saber realmente de qué se trataba -“sí leo, pero no tanto”-, hecho por lo que ha responsabilizado a asesores jurídicos, parece desvanecerse o, cuando menos, habría otros implicados en el asunto y que, calladitos, han pasado desapercibidos.
El martes 15 durante una conferencia de prensa, el fiscal General de Justicia Édgar Veytia no se anduvo por las ramas y para nada expresó algún error o engaño. Por el contrario, en el apartado ya popularmente conocido como “ley mordaza”, defendió que la propuesta es para llevar a juicio y tener penas más fuertes contra quienes utilizan medios de comunicación para lastimar a otros, por ejemplo jovencitas que en algún video íntimo son exhibidas después a través del Internet por algún ex novio.
Veytia se refirió a la existencia de 55 denuncias de ese tipo. Incluso cuestionó, enérgico y dirigiéndose a reporteros, qué harían como padres de familia si una situación así ocurriera a una hija.
Sin embargo, los críticos de la iniciativa consideran que ante un supuesto así se estaría dando un poder enorme al Gobierno del Estado para arremeter contra quienes difieren de sus acciones y ventilan críticas a través de diversos medios, especialmente redes sociales.
Además del apunte del fiscal, que pareciera dejar constancia de que la iniciativa partió de esa dependencia y que no se trató de un engaño al gobernador, existe otra evidencia para deducir lo anterior: la fecha en que Sandoval Castañeda firmó la iniciativa, el 20 de julio del 2015.
Unos días después, el 22 y 23 de julio la propuesta de reforma fue recibida –según se hace constar con los respectivos sellos- tanto en la Secretaría General del Congreso del Estado como en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, a cargo del diputado priísta Jorge Humberto Segura López.
En esas fechas el secretario General del Congreso era Francisco Javier Rivera Casillas, mientras que la titularidad de la dirección jurídica de la Fiscalía General recaía en Alfredo Becerra Anzaldo, los dos recientemente designados magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a propuesta del gobernador.
A ellos se tendría que añadir, tratándose de una reforma penal, que sería difícil de creer que no hubiera pasado por el conocimiento de algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Es decir, existe constancia de que no sólo asesores jurídicos del gobernador tuvieron a su alcance el documento, sino que pasó por altos funcionarios
entre los que figura el secretario General de Gobierno José Trinidad –Pepe- Espinoza Vargas.
¿Ninguno de ellos advirtió al gobernador de la reacción que despertaría la iniciativa?, ¿realmente fue un engaño de los asesores?.
Si bien la opinión pública se ha centrado en la llamada “ley mordaza”, la pretendida adición al artículo 169 podría representar una alerta. Dice:
“Cuando la concurrencia de personas impida dolosamente el funcionamiento de alguna vía de comunicación de tránsito de vehículos, se impondrán de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientos días de salario”.
Y es que lo anterior tendría dedicación especial a líderes sociales, sindicales –la “ley Águeda Galicia”, dirigente del sindicato SUTSEM-, maestros o productores del campo, que realizan bloqueos de calles en sus demandas.
Además, la penalidad merece otra atención, puesto que el rango supera los cinco años, y condena que pasa ese número, aunque sea por un día, ya no es posible la conmutación. Es decir, se tendrían elementos para mantenerlos en prisión un buen rato.
¿Pero igual se podría enjuiciar a familias que bloquean calles para romper piñatas en un cumpleaños, o a quienes colocan carpas para velar un difunto?.
Un dato más: durante más de mes y medio la iniciativa se mantuvo oculta a la opinión pública y se pretendió cuajarla días antes del aniversario de Independencia.
El lunes 14 durante la acalorada discusión de diputados en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Ramón Cambero, del PAN, mencionó un dato que nadie le contradijo: la solicitud de diputados de oposición para que el asunto fuera atendido hasta el lunes 21, y así tener un margen para el estudio y discusión. La petición fue rechazada, según dijo.
Se trata, cuando menos, de indicios que permiten vislumbrar que no hubo engaño al gobernador sobre la intención de la reforma. Se sabía de qué se trataba pero no se midió la reacción que despertaría.
La fecha de la iniciativa, principalmente la fecha delata a varios.
(En la foto, los sellos)