* La historia en torno a Luis González motiva una investigación del Consejo de la Judicatura, que ha removido a un empleado judicial.
El pasado nueve de junio, en la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla, policías estatales detuvieron a una persona identificada como Luis González en posesión de seis pequeños envoltorios, cuatro de los cuales contenían la droga “cristal” y los otros dos, mariguana, según el respectivo informe policial.
Parecía tratarse de un asunto sin trascendencia, pero unas semanas después generó un fuerte impacto en el Poder Judicial del Estado.
González fue puesto a disposición del Juzgado Cuarto Penal en Tepic por delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta de droga –aspecto aceptado en su declaración ministerial aunque no se identificó al supuesto comprador-, y posteriormente le fue dictado auto de formal prisión. La droga con fines de comercio impidió la libertad bajo fianza.
En su declaración preparatoria, González negó cualquier relación con los citados envoltorios y, en cambio, denunció que fue torturado: “…me dijeron que si no la firmaba, me iban a dar un tiro, así mismo sacó una chicharra y la prendieron y me dieron cachetadas, por eso firme esa declaración”…
Contra la formal prisión, Luis interpuso el recurso de apelación, que fue admitido el 10 de julio por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia, y una semana después dictó resolución reclasificando el delito. Es decir, ya no existía la supuesta comercialización de la droga, sino únicamente posesión.
Con el cambio de situación jurídica, el Juzgado Cuarto Penal fijó una fianza al procesado y recuperó la libertad.
POSESIÓN SIMPLE
Pero una familiar del detenido levantó polvo: contactó a la dirigente del Sindicato Auténtico del Poder Judicial del Estado (SIAPJUNA), Gloria Bertha García, para denunciar que se le hizo una propuesta de pagar una suma de dinero a cambio de la libertad de su pariente. La denuncia apuntaba a funcionarios judiciales.
Las dos mujeres se entrevistaron con el magistrado Román González Momita, titular de la Segunda Sala Unitaria, para ponerlo al tanto de la situación, según explicó a este reportero.
En ese momento, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial inició una investigación, que aún no concluye.
Con el asunto encima, González Momita decidió estudiarlo de inmediato y emitir resolución.
“Aquí no se acredita la posesión de droga con fines de venta, sino que es posesión simple. ¡No hay comprador!, sino el sólo dicho de los policías”.
Reflexiona: “pude haber ‘tapado el ojo al macho’ y, para evitar comentarios, confirmar la resolución y que el procesado se defienda en un amparo; pude hacer como que me vale madre, pero no. Yo hice valer la justicia y por eso se reclasificó el delito, ¿para qué dejar a una persona tres o cuatro meses en la cárcel cuando sabes que no hay delito?.
“Aquí no se da la posesión con fines de venta, es un criterio uniforme de las salas y que también deberían estar aplicando los juzgados”.
El fallo oficial del magistrado precisa:
“..aun cuando los agentes aprehensores señalan que el procesado les manifestó que dicha droga la poseía para comercializarla, esta parte de su informe carece de valor indiciario para sostener tal afirmación en virtud de que los agentes aprehensores no están facultados para recabar confesiones de los imputados”…
Según se conoce, el Consejo de la Judicatura –integrado por sus 17 magistrados y dos jueces- removió de sus funciones al secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto, José Talavera, pero no aún no habría procedido contra algún otro funcionario judicial.