* El fallo de un Juzgado de Distrito podría conocerse a principios del 2016, puesto que la audiencia constitucional fue programada para el cuatro de enero.
La lucha que el Ayuntamiento de Tepic ha emprendido en un intento por recuperar más de 21 millones de pesos retirados de Banorte y entregados a trabajadores por decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) está, ahora, bajo el escrutinio del Poder Judicial Federal, a través del juicio 2007/2015 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo.
La demanda fue interpuesta por la síndico municipal María Florentina Ocegueda Silva.
El tres de diciembre, el juez federal Alfredo Barrera Flores negó, en un primer punto, la suspensión definitiva argumentando que se trata de actos consumados; es decir, el dinero ya no está en el banco sino en manos de trabajadores municipales.
Pero en un segundo aspecto, el Juzgado de Distrito sí concedió la suspensión definitiva, aunque con un alcance aparentemente menor, puesto que ordena que no se embargue la cuenta de Banorte número 0402245379, ni los recursos con que cuenta sean puestos a disposición de los trabajadores, hasta en tanto no se conozca la sentencia definitiva.
Por otra parte, el citado juez concedió una suspensión definitiva, en el número de juicio 2050/2015, para que el Tribunal de Conciliación se abstenga de embargar otras cuentas del ayuntamiento y entregue el dinero a los trabajadores involucrados en el expediente laboral 67/2006, el mismo de los más de 21 millones de pesos.
Y es que aún les faltarían por pagar alrededor de 25 millones.
ENFRENTAN POSICIONES
Tal y como lo hicieron de manera pública, no variará la posición de las partes enfrentadas. Hace dos semanas el alcalde Leopoldo Domínguez González resumió que el TCA sabía que los más de 21 millones eran recursos federales y, por lo tanto, no embargables, mientras que el presidente del Tribunal de Conciliación César Miguel Fragoso Amézcua aseguró que el ayuntamiento supo con tiempo que la cuenta estaba embargada y no promovió recurso alguno, ni lo enteró del origen del dinero.
Según lo asentado en el amparo 2007/2015, el nueve de noviembre el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas estatal, Víctor Manuel Lozano Proa informó del bloqueo en la cuenta de Banorte, puesto que no le fue posible efectuar una transferencia de recursos federales.
Lo anterior motivó que el tesorero municipal David Guerrero Castellón solicitara al banco un informe y cuya respuesta, fechada el 14 de noviembre, no sólo confirmó el embargo -“le informo que actualmente tiene registrada retención por la cantidad de $21’713,186.40 (veintiún millones setecientos trece mil ciento ochenta y seis 48/100 m.n.)”-, sino que el documento abundó:
“Así también se cuenta con oficio 1885/2015 del mismo expediente solicitando remitir cheques a favor de beneficiarios varios. Se recomienda que el municipio lleve a cabo acercamiento con la autoridad Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer los detalles de los oficios en mención”.
La síndico agregó que el 24 de noviembre, al realizarse una consulta electrónica en la cuenta de Banorte, se observó la operación de retiro de los casi 21.5 millones de pesos, que son materia de la controversia.
La narración en el juicio de amparo obliga a una interrogante: si el 14 de noviembre es la fecha en que, según el ayuntamiento, fue enterado del bloqueo en la cuenta, ¿por qué no hubo una inmediata reacción, un amparo para detener la operación, si incluso se sabía de la intención para expedir los cheques a los trabajadores?.
Por otra parte, en la petición de amparo, la síndico externó que hubo una violación constitucional en el embargo de la cuenta puesto que hay un recurso de revisión que no ha concluido.
El Juzgado de Distrito ha fijado la audiencia constitucional del amparo para el cuatro de enero del 2016.
Seguramente y como es del dominio público, el TCA rebatirá los datos ventilados en el citado juicio, principalmente en lo tocante a la fecha en que se conoció el embargo.
Hace dos semanas, Fragoso Amézcua hizo público que el 22 de octubre Banorte reveló al tesorero municipal el bloqueo de la mencionada cuenta. El documento, explicó, fue anexado con motivo de otro amparo, pero aseguró que no se le hizo llegar documentación probatoria de que se trataba de recursos federales, para obra pública.
Así, ahora el asunto está en manos de la justicia federal y el fallo podría conocerse a principios del 2016, aunque se tratará de una sentencia no definitiva y podrá ser combatida mediante el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.
Cabe añadir que más de 60 trabajadores sindicalizados, involucrados en el expediente 67/2006, aparecen como terceros interesados en el amparo.